El límite al precio de los alimentos pierde fuerza frente a las ayudas a vulnerables

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hablado de «actuar, como en el caso de la energía, para que los precios se controlen». Incluso el ministro de Agricultura, Luis Planas, ahora ve «lógico» legislar, «igual que se ha hecho en otros sectores». Pero entre bambalinas no se está negociando un tope. No hay medidas inocuas, todas tienen un efecto colateral aparte de su posible eficacia en la limitación de los precios. Poner un tope al precio solo puede hacerse en precios regulados o mercados monopolísticos, resulta muy complicado hacerlo en economías abiertas; cuando Argentina lo hizo los productos desaparecían de las estanterías porque los productores dejaron de ofrecerlos, los vendían a otros países o por el fenómeno social del acaparamiento.

Una posibilidad que plantea Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, es publicar referencias de precios (el precio medio de un kilo de pasta, por ejemplo, para comparar), pero sería una medida orientativa, no obligatoria. Torres, como otros expertos consultados, ve «difícil el control directo de los precios» y aboga por las ayudas a los hogares más vulnerables mediante transferencias monetarias para que puedan afrontar la inflación.

También el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, defiende las políticas públicas «focalizadas» y considera preferible subir el Ingreso Mínimo Vital (IMV)o el salario mínimo (SMI) para mantener el poder adquisitivo en las rentas bajas, antes que medidas generalizadas para todas las rentas que es como «matar moscas a cañonazos». El problema de algunas de estas actuaciones es la complejidad burocrática que conllevan o bien el desconocimiento por parte de la población al solicitarlas o tramitarlas.

De hecho, parte de la subvención de 20 céntimos por litro de carburante ha ido a mantener los márgenes de las empresas y ha beneficiado más a las rentas altas porque las rentas bajas usan el transporte público y tienen coches pequeños. Por eso, el Gobierno ya estudia como focalizar estas ayudas a quienes realmente las necesiten, incluidos los transportistas: su coste representa un 10% del precio de la fruta o las hortalizas del supermercado.

La luz y los combustibles

La subida del precio de los alimentos está impulsada por el encarecimiento de los fertilizantes, del transporte y por la sequía que ha provocado malas cosechas. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha apuntado también como causa a la mejora de los márgenes empresariales. En este sentido, Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas)recuerda que son «uno de los sectores más perjudicados por el incremento de costes, especialmente de la energía eléctrica». Por ello, insiste en que una de las fórmulas para solucionar el problema de precios pasa por «bajar el coste de la energía y del transporte» desde el Gobierno.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, manifiesta su preocupación por que se «demonicen» algunos sectores y por las expectativas que se generan en la sociedad al decir que «se pueden controlar los precios». También Torres destaca el papel que podría desempeñar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia vigilando los márgenes que aplican las empresas y haciendo públicas estos registros para que los clientes puedan comparar.

Otra de las medidas barajadas es que los comercios ofrezcan una cesta de productos básicos a precio reducido. Es lo que ya está haciendo Carrefour y lo que se aplicó en Francia en 2011. Sin embargo, esta iniciativa acabó beneficiando a las grandes superficies en el país galo frente a los pequeños establecimientos, casi sin margen para adoptarla.

Sin rebaja del IVA a la vista

Entre todas las medidas que baraja el Gobierno para amortiguar el impacto de la subida de los alimentos, la de rebajar el IVA de estos productos está descartada. «No va de eso», ha indicado ya Yolanda Díaz, así como otros del Ejecutivo. Se respaldan en las posiciones de la Comisión Europea y otros organismos internacionales, que abogan por evitar este tipo de medidas indiscriminadas que benefician a cualquier tipo de renta.

No es lo que opinan en el sector de la distribución o entre las asociaciones de consumidores. Las grandes compañías alimentarias consideran que reducir el IVA (el 21% se aplica sobre bebidas refrescantes y zumos;el 10% sobre pescado, aceites, pasta, yogures o conservas; y el 4% sobre huevos, verduras, frutas, legumbres, pan o leche) tendría un efecto inmediato en los precios y que se notaría también rápidamente en la inflación. «Sería una medida temporal, eso sí», advierte Enrique García, presidente de la Organización de Consumidores y s (OCU).

Por el contrario, para Miguel Cardoso, economista jefe para España del BBVA Research, bajar el IVA de los alimentos para combatir la inflación «no es eficiente» y consumiría muchos recursos públicos al tratarse de una medida generalizada que no discrimina por nivel de renta.

Hacienda recuerda que el conjunto de medidas que se han puesto en marcha desde el primer plan anticrisis del mes de marzo ha supuesto un desembolso de 30.000 millones de euros para el erario público. Solo entre julio y diciembre, la rebaja del IVA -y del impuesto eléctrico- de la factura de la luz ha supuesto un drenaje de unos 3.600 millones para el Presupuesto del Estado.

Fuentes gubernamentales insisten en que una reducción de impuestos como el IVA no garantiza la bajada de precios del producto o servicio afectado. En el caso de la energía, la factura eléctrica de mayo de 2021(con el IVA al 21%) fue de unos 80 euros mientras que el recibo de agosto de este año (con el IVA al 5%) ha superado los 150 euros.