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José M. Camarero
Viernes, 22 de marzo 2019, 20:12
El desenlace del conflicto de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), estancado durante las últimas semanas por las posiciones divergentes de las tres compañías eléctricas que tienen parte de su propiedad, va a despejar el camino que esta energía recorrerá en el sistema energético español a medio plazo. Con la petición de prórroga de vida útil de la planta extremeña, tras el pacto entre Iberdrola, Endesa y Naturgy, también ha llegado el acuerdo para pedir esa ampliación en las de Vandellós II (Tarragona) y Ascó II (Tarragona), donde Endesa e Iberdrola comparten accionariado. De esta forma, se aclara el calendario que preveía el cierre de la última instalación nuclear vigente (la de Trillo, en Guadalajara), en 2035, como indicaba el protocolo negociado con Enresa, la compañía pública que gestiona los residuos nucleares.
Por ahora, las tres firmas que integran la propiedad de la central nuclear de Almaraz (Iberdrola tiene un 53%, Endesa un 36% y Naturgy un 11%) alcanzaron en la madrugada del jueves al viernes un acuerdo sobre el futuro de la planta para pedir al Gobierno una ampliación de su vida útil. El pacto fue refrendado por la asamblea de la sociedad pocas horas después.
Finalmente, la central de Almaraz seguirá operando, sí así lo autoriza el Ejecutivo, prácticamente durante casi una década más. El primero de sus reactores hasta el año 2027 y el segundo hasta el 2028, tal y como establecía el calendario programado. Se trata de una petición de extensión de la vida útil de 7,4 años y 8,2 años, respectivamente, a partir del momento en el que vence su licencia actual, en 2020 y 2021 en cada reactor.
Además, las tres empresas han confirmado el plan de negocio pactado hace dos semanas en el que se establecía que tendrían que realizar unas inversiones de unos 400 millones de euros en los próximos años en labores de mantenimiento y gestión de residuos, entre otras muchos aspectos característicos de esta actividad nuclear. Si cuando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se pronuncie sobre esas labores a realizar la cifra que ponga sobre la mesa no supera en un 50% esos 400 millones de euros, las eléctricas no se plantearán los plazos de cierre prorrogado. Y si por el contrario lo que exija el CSN supera aproximadamente los 600 millones en inversiones, Ibedrola, Endesa y Naturgy se plantearían esa fecha de cierre de 2028. Fuentes cercanas a la negociación sostienen que dadas las últimas inversiones realizadas en la central en materia de seguridad y mantenimiento, sería poco probable que las exigencias del CSN superaran esas cotas acordadas, aunque el organismo tiene la última palabra.
Con esta decisión, el Gobierno autorizará previsiblemente la prórroga de la vida de la central. Y con ello, toda su zona de influencia -fundamentalmente el norte de la provincia de Cáceres así como toda Extremadura- se garantizan actividad económica y laboral ligada a la nuclear durante los próximos 25 años: la década que seguirá en vigor Almaraz así como otros 15 años en labores de desmantelamiento, apuntan desde Iberdrola.
Con el futuro de esa planta encarrilado, las compañías discuten ya el plan de prórroga de las otras centrales en las que comparten accionariado: Vandellós II (Tarragona) y Ascó II (Tarragona), en los años 2030 y 2031, respectivamente, aunque pueden solicitar una nueva prórroga. En el caso de Ascó I es propiedad única de Endesa. Más tarde, le llegaría el turno a Cofrentes (Valencia), propiedad 100% de Iberdrola. Y finalmente a Trillo, formada por Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP.
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