Una tormenta de 750 millones de datos para despejar los 400 milisegundos del apagón

En 400 milisegundos, la Península Ibérica se apagó. Ese fue el tiempo -menos de medio segundo- en el que la energía se esfumó en parte de España, Portugal y el sur de Francia el 28 de abril, a las 12 horas, 33 minutos, 16 segundos y 442 milisegundos. El mismo margen que su cerebro ha necesitado para detectar que esta palabra («cosciencia») está mal escrita.

Para leer este párrafo se necesitan unos 20 segundos, o 20.000 milisegundos. En ese lapso, la corriente alterna ha cambiado de dirección 1.000 veces. Y en cada uno de esos ciclos ha dejado un rastro digital: potencia activa, reactiva, tensión en sus fases -A, B, C y neutro-, ángulo, frecuencia, corriente… «Todo esto multiplicado por dos», explica José Luis Domínguez García, responsable del Departamento de Sistemas Eléctricos de Potencia en el Instituto de Investigación en Energía de Catalunya (IREC).

Así se obtiene parte de la información registrada en ese instante preciso: las 12:33:16.442, que ha marcado un antes y un después en el sistema eléctrico ibérico. A esos datos hay que sumar los recopilados durante los 400 milisegundos fatídicos y multiplicarlos por los 70.000 puntos críticos del sistema: unas 60.000 plantas generadoras y 10.000 puntos de llegada en subestaciones repartidas por todo el país.

Un segundo 'eléctrico' -a 50 hercios- deja 50 huellas por cada sensor. En un sistema con decenas de miles de ellos, 400 milisegundos bastan para generar una tormenta de datos invisibles. Ese es el archivo que ahora intentan descifrar los ingenieros, como quien reconstruye un accidente aéreo a partir de la caja negra.

Red Eléctrica, como gestor del sistema, solicitó a todas las centrales nucleares, hidroeléctricas, térmicas, eólicas y solares toda la información de los instantes previos al apagón. El requerimiento oficial fue enviado a través de despachos delegados -agentes autorizados para gestionar el funcionamiento, ofertas y comunicaciones de una planta eléctrica en nombre de su propietario- por email.

Estos datos, que cada unidad ha debido cumplimentar, incluyen el nombre de la planta, la provincia en la que se localiza, el nudo de afección y otra serie de tecnicismos: la potencia activa -que hace funcionar los dispositivos eléctricos-, la potencia reactiva -esencial para mantener el control de motores o transformadores-, la tensión -que mide la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito-, el motivo del «disparo» -la desconexión automática o súbita de una planta del sistema eléctrico- y su magnitud.

Toda esta información se registra con una resolución de un punto cada 20-30 milisegundos y debe ser interpretada por los ingenieros eléctricos de protecciones. A ellos corresponde analizar cada uno de los datos recopilados el 28 de abril y días anteriores. «Son como forenses rastreando cada una de las pistas yendo hacia atrás en el tiempo», comenta Domínguez. «El nivel de detalle es tan grande que muy poca gente puede descifrar la información», apostilla.

Según el Gobierno, estos técnicos -que escasean en el mercado laboral- trabajan con «756 millones de datos», descifrando unos y ceros. Sin embargo, el problema, más allá de la complejidad, radica en discernir qué es paja y qué es grano, y en determinar «si el dato es bueno», aclara Domínguez. «La investigación la lidera REE, que en este caso es juez y parte. En juego está su reputación y la del país y el tiempo va pasando», añade.

Sobre los técnicos están puestos todos los focos: el de Moncloa, el de la Comisión Europea y el del resto de agentes del sector. El tiempo corre en su contra, Bruselas ha dado tres meses para conocer las causas -ellos se pronunciarán en medio año- dos periodos muy exiguos para encontrar, según los expertos, la causa -o más bien las causas- del apagón.

Para José Ignacio Linares, profesor de Ingeniería Energética en la Universidad Pontificia de Comillas, hay dos cuestiones claves que la investigación debe esclarecer. «Una ya deberían saberla, pero no la quieren decir: por qué la red no fue capaz de responder. Y la otra es saber cuál fue la causa primigenia que desencadenó todo», apunta este docente.

Las eléctricas apuntan a la responsabilidad del operador del sistema y en las razones por las que la red no logró absorber el fallo. «Hay elementos que demuestran que la red eléctrica se está quedando obsoleta. Tenemos herramientas que, técnicamente, habrían ayudado, pero que legalmente no están implantadas en España», lamenta Linares. Este profesor descarta que el Ejecutivo estuviera detrás de un experimento -«quizás la palabra no es esa», matiza-, pero sí reconoce cierta «ansiedad» por parte del departamento que dirige Sara Aagesen por ir batiendo récords. «El 80% de penetración de renovable no gestionable con la red actual es imposible. Se puede alcanzar, pero modernizando la red e incorporando nuevos elementos», sostiene. Aquí entran en juego las baterías para almacenar energía eólica y solar o los convertidores que generan tensión sin tener que seguir aquella que la red le está marcando.

De la segunda cuestión -el origen del corte- se derivarán consecuencias económicas y legales: reclamaciones e indemnizaciones por los daños que enfrentarán a las distribuidoras con el operador del sistema. Todo ello se dirimirá en los tribunales. «En última instancia, la responsabilidad es de la política energética, que solo se ha preocupado de añadir más y más megavatios sin tener en cuenta lo que hay detrás», concluye Linares.

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