Euskadi activa el sábado su regulación para VTC, que será recurrida en breve

El Gobierno Vasco dio luz verde este martes en Consejo de Gobierno al decreto de condiciones de prestación del servicio de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora (VTC) en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Como prometió en la Mesa del Taxi, la consejera Arantxa Tapia ha presentado antes de fin de año esta aprobación encaminada a regular la operatividad de este tipo de servicios en el País Vasco y a la limitar la entrada de plataformas como Uber o Cabify en la comunidad. Dicho decreto se publicará este viernes en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) por lo que el sábado entrará en vigor.

Eso supondrá que la única plataforma que de momento opera en Euskadi -Uber, en Bilbao, con 20 turismos- deba adaptar su funcionamiento a las limitaciones que establece el nueva normativa. A saber: la exigencia de contratar los servicios de un VTC con una antelación mínima de 30 minutos, la prohibición de circular por la vía pública en busca de clientes y la imposibilidad de ser geolocalizados por los clientes a demanda. Unos condicionantes superiores a los de cualquier otra comunidad del Estado y que ponen en duda su potencial negocio en el País Vasco. Por esa razón, la plataforma se plantea recurrir en breve a los tribunales esas limitaciones, sobre todo, la de la precontratación.

La consejera Tapia señaló que no descartan que el decreto se recurra, pero considera que eso «solo afectará puntualmente a su aplicación» y confirmó que las medidas «cumplen la normativa vigente». La consejera recordó que el decreto «no regula las plataformas, solo pretende regular el servicio de los VTC». Eso sí, «las plataformas que quieran operar en Euskadi deberán adaptar sus servicios a los puntos del decreto».

Las limitaciones del decreto ya fueron calificadas de «injustificadas» por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) en el informe presentado en torno al proyecto de decreto hace unas semanas. La AVC apuntó que con ese decreto «se pretende que la situación existente sea la idónea» y no busca «el beneficio de las personas consumidoras». La AVC también avisaba en su informe de la posibilidad de que la premisa de los 30 minutos de precontratación pueda ser recurrida en los tribunales como ya ha sucedido en Cataluña donde el TSJC ha suspendido la precontratación de una hora impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona, y en Francia, donde la Justicia anuló los 15 minutos previstos por el Gobierno de Macron.

A preguntas de DV, la AVC manifestó que va a «examinar el texto final del decreto que se ha aprobado» y será próximamente el Consejo Vasco de la Competencia (CVC) el que decida si impugna o no su contenido.

Sobre la limitación de 30 minutos en la precontratación, Tapia recordó que el Real Decreto-Ley 13/2018 establece que a partir de 2022 los VTC solo podrán prestar un servicio interurbano, por lo que «si estos vehículos parten de su base ese plazo es garantía para ofrecer un buen servicio».