Euskadi cuenta con 59 viviendas protegidas okupadas

Itxaso aseguró que «la dimensión de este problema es reducida, pero no estamos dispuestos a permitir ninguna okupación ilegal porque eso va en detrimento de familias vulnerables que no pueden acceder a una vivienda pública». Señaló que este tema «preocupa» a su departamento, que tendrá «tolerancia cero» con las personas que okupen ilegalmente las viviendas de protección pública, aunque llamó a no generar «alarma social» porque los datos muestran que «no es un problema común».

El consejero detalló que los sistemas de prevención con los que cuenta Alokabide permiten evitar el 63% de los casos de okupación ilegal por desistimiento voluntario. De no ser así, se abre un proceso «en los tribunales» para conseguir el desalojo de los okupas. En ese contexto, indicó que «actualmente hay 59 viviendas okupadas de forma ilegal, 4 están en fase prejudicial y 55 en fase judicial». El periodo medio para que la istración recupere una vivienda okupada se sitúa «entre los seis meses y un año».

Entre los grupos parlamentarios que intervinieron en la comisión, solo el PP incidió en que «Euskadi es la comunidad autónoma donde más crece la okupación ilegal» y criticó que el resto de los grupos optan por el «negacionismo». El PNV pidió «no exagerar pero tampoco obviar este problema». EH Bildu consideró que es un «tema sobredimensionado con una tasa de incidencia muy baja». El PSE habló de «casos testimoniales», y Sumar los calificó de «cifra ridícula».