Historias del turno de oficio: «Estuve diez años sin ejercer porque me tocó defender a un auténtico monstruo»

Cada 12 de julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio para defender y divulgar la labor realizada por los más de 40.000 abogados de oficio que, durante 24 horas al día y 365 días al año, realizan su trabajo a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio en todo el Estado. Según datos facilitados por Icagi (Ilustre Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa), el territorio aporta actualmente 567 profesionales que el año pasado atendieron 11.061 asuntos, entre los que destacan los 1.978 relacionados con la violencia de género. Esta cifra supone un 10% más que en 2022, cuando se realizaron 1.801 expedientes.

Los abogados de oficio ofrecen defensa jurídica a aquellas personas que carecen de recursos o que en un litigio donde el letrado es necesario –como violencia de género, hurtos, etc.–, no se ha designado uno privado. A pesar de que con frecuencia los unimos, abogados de oficio y justicia gratuita, garantizada por la constitución, no son idénticos. Puede que el letrado de oficio reciba parte de sus honorarios si en el juicio se condena a costas a la otra parte, existe una indemnización a favor de su cliente o este mejora en tres años sus condiciones económicas.

Para solicitar un abogado de oficio y justicia gratuita por motivación económica se pide no tener patrimonio suficiente y unos ingresos referidos al IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples). En 2023, para una persona, ese máximo era de 14.400 euros, mientras que para una unidad familiar con hasta tres serían 18.000.

El abogado de oficio actúa igual que uno privado, con la diferencia de que no puede rechazar los casos salvo en situaciones muy complejas. Para ser letrado de oficio se necesitan tres años de antigüedad, estar en activo con despacho abierto e inscribirse en el órgano encargado. Aquí se puede solicitar por los clientes en caso de necesidad y recibirá la asignación por parte de los Colegios de abogados u órganos encargados. Los salarios de este personal son muy bajos. Así lo subrayan los 40.748 que existen que España, de los cuales el 52% son hombres y el 48% restante, mujeres. Esta cifra representa casi un tercio de los más de 148.000 abogados y abogadas ejercientes en España. Hay que tener en cuenta que en Euskadi, que es donde más se paga, un servicio no reporta más de 262 euros, y en Andalucía se quedan en 90. Por eso piden un sueldo que «al menos iguale el salario mínimo interprofesional».

El índice de satisfacción con el servicio sigue manteniéndose en niveles altos. Tanto que el 89% de los s tiene una opinión positiva de la atención recibida en la tramitación de la asistencia y el 82% quedó satisfecho con el asesoramiento legal recibido, según una encuesta realizada por Metroscopia. Fruto de esa gran labor, cinco letrados guipuzcoanos recibirán este viernes un diploma conmemorativo en la sede que Icagi tiene en Donostia por su dedicación ejemplar a la Justicia Gratuita. Los galardonados son Cristina Arce Aguirre, Carlos González-Finat, María Paz Sa Casado y María Ángeles Salamero Cipitria.

Cristina Arce lleva tres décadas en el mundo a la abogacía, profesión a la que dedica la mayor parte de su tiempo. Es un trabajo que le gusta. Tanto cuando ejerce de abogada particular como cuando lo hace de oficio. Sin embargo, en referencia a este segundo caso, siente que hay ciertos mitos implantados en la sociedad que desprestigian su cargo. «La gente se piensa que trabajamos gratis, cosa que no siempre es así, y por ello se nos valora poco», lamenta la donostiarra, que asegura que llevan los procesos «con la misma profesionalidad que cuando nos contrata un particular».

Para ella, «nos equivocamos si tenemos esa idea preconcebida en la cabeza, porque al final somos las mismas personas tanto en un lado como en otro y vamos a defender a nuestros clientes de igual manera», recalca. Arce se encarga de asuntos civiles, penales y mercantiles y exige una mayor remuneración, «sobre todo en los turnos de guardia».

«Como pasa con los médicos, son turnos de 24 horas. El problema es que, generalmente, cuando asistimos a alguien durante ese tiempo, requiere una continuidad al día siguiente cuando les acompañamos, bien en comisaría o declarando en el juzgado», explica. «Si esa comparecencia se alarga hasta las dos o tres de la tarde, que suele ser lo habitual, para nosotros suponen dos días de guardia, pero solo nos pagan uno», reivindica.

Arce recuerda como si fuese ayer su primer asunto abordado. «Me tocó uno de derecho de familia. En este caso era una separación, no un divorcio, y con niños muy pequeños de por medio», cuenta la letrada, que en noviembre cubrió en la Audiencia de Gipuzkoa un sumario sobre trata de personas. «Es el más potente que he hecho. Era tal el volumen de trabajo que me hizo tener el despacho parado».

Su vida no podría entenderse sin los juzgados. Carlos González Finat acumula 47 años de experiencia en el sector, y aunque es consciente de que está en la recta final de su carrera profesional, continúa tratando cada procedimiento judicial con el rigor y la exigencia que merece. «Me gusta mucho llevar temas de oficio y a ellos les he dedicado prácticamente toda mi vida porque son los que más me llenan», reconoce el donostiarra.

Tras haberse quitado las guardias y apenas llevar temas penales, González está especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, cuyo objetivo principal es que aquellos que se encuentran en estado de insolvencia no queden fuera del sistema. Es decir, que tengan la posibilidad de volver a comenzar sin acumular sus deudas eternamente. «Suelen ser personas físicas o empresa unipersonales y el juzgado lo que hace con ellas es perdonárselas en muchos casos, salvo en los que tienen que ver con las hipotecas y las multas», explica.

También asume de oficio cuestiones de extranjería. «Les llevo los papeles o les ayudo a tramitar ciertas documentaciones», añade este abogado que ya solo dedica el 20% de su jornada a clientes particulares.

Preguntado por su primer caso como abogado de oficio, González trata de hacer memoria. «No lo recuerdo exactamente, pero sí te puedo decir que en aquella época no había divorcios y tampoco violencia de género ni delitos contra la seguridad vial porque la gente conducía borracha y no pasaba 'nada', así que sería algún robo o algo por el estilo», asegura.

Ahora está pendiente de la resolución de un juicio de violencia de género. «La vista se celebró hace dos años y todavía estoy esperando la sentencia».

Es un dato que preocupa entre los abogados. «En un solo fin de semana en Donostia podemos tener 15 detenidos como presuntos autores de diferentes delitos», destaca María Paz Sa Delgado, letrada de la capital guipuzcoana desde hace treinta años. «La delincuencia ha aumentado exponencialmente en Gipuzkoa desde la pandemia», asegura. Hablamos de delitos sexuales, de robos con fuerza o con violencia, de hurtos y contra el patrimonio que, según ella, «están a la orden del día y no paran de crecer». Con todo lo que eso conlleva.

«Lo normal es que nuestros clientes se comporten como personas adultas, pero hay veces que se convierten en agresivos y pasamos verdadero miedo. Entendemos que cuando tenemos que ejercer el derecho de defensa de cualquier justiciable se debe hacer con total parcialidad y sin estar condicionados a que suframos ningún tipo de acoso ni insulto», explica Sa Delgado.

Por eso reclaman protección «como tienen por ejemplo los médicos ante posibles agresiones, porque no es la primera vez que ocurren unos hechos que deberían estar catalogados como delito de atentado», añade. Este asunto se envió a los tribunales y se encuentra en proceso de instrucción.

La asistencia jurídica gratuita es un servicio público que, hasta la fecha, con los abogados que hay en el territorio, cubre la totalidad de la demanda con total garantía. Pero no así los gastos por cada procedimiento, confiesa la letrada. «Las cantidades que percibimos muchas veces no cubren con los gastos que tenemos, y eso no puede ser. Aunque es un servicio voluntario, trabajamos en él porque nos gusta, pero no puede ser que haya ocasiones en las que tenemos que adelantar nosotros el dinero», sentencia Sa Delgado.

«Me tocó defender a un hombre que, digamos supuestamente, abusaba de su hijastra y que trataba de justificar sus hechos alegando que la culpa de todo la tenía su pareja por ejercer la prostitución», relata todavía conmocionada María Ángeles Salamero Cipitria, que se estrenó en la abogacía en 1994. «Me decía que lo hacía porque la niña debía aprender el oficio de su madre. Fue horrible y un caso especialmente doloroso para mí. Me pregunté: ¿qué estoy defendiendo? Tengo delante a un auténtico monstruo», recuerda pese a que han pasado más de veinte años de aquel suceso.

«En ese momento yo tenía sobrinas de la misma edad que la niña y me afectó mucho personalmente. Al principio le defendí como pude porque forma parte de mi trabajo, pero él insistía en que tenía el deber de insultar a su hijastra y a la madre y yo me negué, porque cuando ejerces la profesión se supone que buscas hacer justicia y yo era consciente de que no la estaba haciendo».

Por ese motivo, Salamero decidió dar un paso al lado y estuvo 10 años sin ejercer. «Me fui al mundo empresarial para cambiar de chip, pero cuando llegó la crisis decidí volver y aquí estoy de nuevo», narra ya con una sonrisa en su rostro.

En la dilatada trayectoria de esta letrada donostiarra también ha habido buenos momentos. Algunos incluso hasta graciosos. «En un asunto penal, al que fui acompañada de otro abogado, yo era la representante de la defensa y, en vez de pedir su libre absolución, solicité la misma pena que le había impuesto el Ministerio Público. Todo el mundo se me quedó mirando en la sala y yo no entendía por qué. Menos mal que el fiscal era majo y supo que me había confundido y no lo tuvo en consideración».