Inteligencia artificial para acelerar los tiempos de respuesta al ciudadano en la Justicia

Desde funcionarios de escala más básica, a jueces o abogados. Las respuestas se repiten pregunte a quien se le pregunte: «No damos abasto». La falta de medios y la sobrecarga de trabajo, que se acumula desde hace unos años atrás, ha desembocado en «jueces con bajas por ansiedad» asfixiados por no tener manos para dar salida a todos los asuntos que les llegan. La situación de «saturación» que viven los juzgados de Donostia –prácticamente «todos los días» se celebran juicios– se extiende también al resto de comunidades. Con el objetivo de aligerar la carga de trabajo, Cataluña ha anunciado que probará con la inteligencia artificial (IA) para lograr acelerar los tiempos del sistema judicial. En este sentido, el juez Santiago Romero aplaude la iniciativa y cree que sería una «buena oportunidad» que el Gobierno Vasco la incorpore en Euskadi «para probar si podemos aligerar los tiempos de respuesta al ciudadano». No obstante, realiza una apreciación y aclara que este proyecto «se enfoca en resoluciones muy repetitivas, y donde apenas hay circunstancias subjetivas que merezcan especial atención o atención humana, como la reclamaciones por retrasos en vuelo o en materias de cláusula suelo, que son resoluciones mecanizadas en las que únicamente hay que modificar datos como nombres, apellidos, fechas, cantidades, etc. pero la respuesta es prácticamente idéntica».

En cuanto a su aplicación práctica, explica que «en nuestro ordenamiento jurídico, podemos decir que formalmente ya contamos con la posibilidad de hacer uso de la inteligencia artificial en la istración de justicia, si bien es necesario un desarrollo reglamentario y, además, que las herramientas informáticas con las que trabajamos en los juzgados incorporen dicha tecnología».

Aunque se declara «un firme defensor» de la inteligencia artificial, «de otro lado los jueces tenemos limitaciones sobre el uso ético y responsable de esta tecnología, pues partimos de un principio básico, que es que solo un humano puede juzgar a un humano, si bien, es posible auxiliarnos de esta tecnología a la hora de preparar una sentencia o dictar resoluciones de mero trámite».

Si la inteligencia artificial termina entrando en los juzgados para la realización de tareas como la redacción de sentencias, podría reducir el número de carpetas acumuladas en los escritorios.

Aunque no todas las jurisdicciones tienen el mismo volumen de trabajo, la entrada de asuntos al año –se contabilizan por módulos– superan el 100% en la mayoría de los juzgados. «Entiendo a la ciudadanía cuando dice que la justicia es lenta, tiene toda la razón, pero es que también lo decimos nosotros. Es una rueda gigante que avanza como una apisonadora. La mayoría de los jueces están ya con problemas de ansiedad y no podemos hacer más», expone Romero, que advierte de cómo «va aumentando progresivamente la carga de trabajo y se mantienen los mismos juzgados. En el caso, por ejemplo, del Juzgado de Instrucción, en el año 89 había tres en Donostia y se crearon cinco, dos más. Año 2025 y seguimos con cinco». También se anunció recientemente la puesta en marcha del nuevo Juzgado de Primera Instancia número 9 en Donostia, «pero aún no está en marcha». Es en esta jurisdicción donde mejor se refleja la sobrecarga de casos judiciales, que recibieron 20.109 asuntos en 2024, un volumen mucho mayor de lo que son capaces de resolver en un ejercicio (11.247 en el pasado curso).

La mediación es una de las medidas anunciadas recientemente como requisito obligatorio antes de acudir a los tribunales. ¿Aliviará este proceder la carga en los juzgados? Existe una gran incertidumbre en la judicatura al respecto. Gerardo López, decano del Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa, afirma que «la mediación, donde el ciudadano pueda elegir, bienvenida sea. Pero para que sea eficaz y descargue de trabajo a los juzgados, ese conciliador, ese mediador, tiene que tener otras facultades. Tiene que tener la capacidad de poder proponer soluciones a una controversia» y «en este país no hay cultura del acuerdo» por lo que «corremos el riesgo de que se convierta en un mero trámite, en una primera fase de cualquier procedimiento judicial que lo va a encarecer y lo va a dilatar».

En este sentido, propone «incentivar la cultura del acuerdo de forma complementaria», pero no como requisito obligatorio.

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