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Para que las zonas tensionadas del alquiler puedan desplegarse en su totalidad es indispensable que las instituciones vascas dispongan de un índice de precios de ... referencia del alquiler que aún no está vigente. Euskadi es la única comunidad autónoma que está fuera de ese índice debido a la peculiaridad fiscal de sus haciendas propias, pero Navarra también cuenta con ella y desde abril se ha incorporado al sistema estatal tras facilitar sus datos al Ministerio de Vivienda. En su comparecencia de este lunes para presentar el nuevo informe sobre zonas tensionadas, el consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, ha confiado en que «este mes de mayo pueda ser crucial para que Gipuzkoa cuente con un índice de precios de referencia», al ser el territorio con el trabajo «más avanzado» en ese sentido y también el que más municipios tensionados tiene.
Itxaso ha reconocido que la ausencia de este índice «nos preocupa y es un problema porque sin él las zonas tensionadas no pueden desplegar todo su potencial». Ha indicado que «el Eustat se ha remangado para trabajar junto a las haciendas forales y confío en que Gipuzkoa se pueda incorporar pronto a este índice porque los trabajos están más avanzados con ellos». En cualquier caso, el consejero ha recordado que las medidas relacionadas con este índice abarcan solo a las viviendas que no hayan estado antes en el mercado del alquiler, aquellas que llevan cinco años sin ser alquiladas o las que están en manos de 'grandes tenedores'.
La plataforma Stop Desahucios se ha concentrado este lunes ante la Diputación de Gipuzkoa para denunciar que el Gobierno foral «es el responsable de que los municipios tensionados de Gipuzkoa no puedan limitar los especulativos precios de los alquileres». Ha censurado que «el Ministerio de Vivienda aún no ha recibido los datos de los contribuyentes gipuzcoanos necesarios para confeccionar los índices de precios de referencia, por lo que los ayuntamientos de los municipios declarados tensionados no puede intervenir el mercado del alquiler local».
Representantes de Stop Desahucios han indicado que en esta situación «se encuentran Errenteria, Irun, Lasarte-oria y Zumaia», que ya han sido declaradas oficialmente como zonas tensionadas, aunque «lo mismo puede ocurrir cuando salgan publicadas en el BOE de julio las de Donostia, Hernani y, probablemente, Astigarraga y Tolosa». A su juicio, «la situación es aún peor considerando que en Donostia hay 3.000 viviendas en manos de grandes tenedores y fondos buitre».
En opinión de la plataforma, «es llamativo que desde el 11 de abril el Serpavi (Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda) cuente con los datos de los contribuyentes que ha suministrado la Comunidad Foral de Navarra, y no los de Euskadi y sus territorios».
Por su parte, la portavoz del Gobierno foral, Irune Berasaluze, ha replicado minutos después que «la Diputación culminó en enero el correspondiente trabajo técnico para facilitar el índice de precios del alquiler». La institución foral desmiente la acusación de Stop Desahucios de ser responsable del retraso de los índices de referencia y reitera que la Diputación «ha cumplido rigurosamente con sus obligaciones». En este sentido, Berasaluze ha sido tajante: «No es cierta la acusación de que la Diputación se haya retrasado en su trabajo o haya mostrado falta de colaboración institucional. El trabajo está hecho y está hecho en plazo. Desde que se recibió la solicitud a finales de 2024, la Hacienda Foral ha trabajado con absoluta seriedad y compromiso, y los datos se remitieron a finales del pasado mes de enero» al Eustat.
Berasaluze ha indicado que «la Diputaciónl de Gipuzkoa ha mostrado desde el primer momento plena disposición y colaboración con el Ministerio de Vivienda y ha mantenido igualmente una estrecha coordinación con Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, que es el órgano encargado de desarrollar técnicamente el índice de precios de referencia del alquiler». Se trata, según ha explicado Berasaluze, de «un trabajo técnicamente muy complejo, ya que implica el cruce y la explotación de información procedente de fuentes muy distintas, y además con sistemas de funcionamiento diferentes entre la Agencia Tributaria estatal y la Hacienda Foral». A pesar de esa dificultad, «el trabajo de recopilación y preparación de datos concluyó el pasado 23 de enero, y en esa fecha la Diputación remitió a Eustat toda la información requerida para el desarrollo del índice». Ha añadido que la previsión era que «para finales de abril o en estas fechas» Eustat remitiese la información al Ministerio, aunque ha dicho desconocer si ya lo ha hecho.
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