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«Nos van a echar de nuestra habitación de alquiler y no nos queremos quedar en la calle», itían preocupados esta mañana Javier y Fernando tras la concentración convocada este jueves por la plataforma Stop Desahucios en el kiosko del Boulevard donostiarra, en la que han denunciado «la indefensión» de Javier y Fernando, dos hombres de 57 y 72 años a punto de ser desahuciados de las habitaciones de alquiler temporal en las que viven.
«Hay muchos inquilinos vulnerables en Gipuzkoa, incluidas madres con menores, que no pueden permitirse vivir más que en habitaciones con derecho a cocina con contratos de uno o dos años que no están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ni por la Ley de Vivienda Estatal. No solo los grandes tenedores actúan con impunidad, en este caso también lo están haciendo los particulares, quienes están utilizando masivamente los contratos temporales, en lugar de ofrecer los contratos estables y regulados de cinco años de duración», ha denuncido Rosa García, la portavoz de la plataforma Stop Desahucios.
Javier
57 años
«Tanto Javier como Fernando viven en una situación de vulnerabilidad y son atendidos por los servicios sociales. Ambos están a punto de ser desahuciados de las habitaciones que son sus viviendas habituales, tras haber finalizado sus contratos temporales, muchos de ellos fraudulentos, ya que muchos de los arrendatarios lo hacen para no pagar impuestos», ha explicado García.
«El casero era amigo de unos familiares y por hicimos un contrato verbal. Así he estado durante ocho años», explicaba Javier, de 57 años, sobre la habitación de 330 euros en la que todavía reside en el barrio donostiarra de Gros. «Éramos cuatro personas y solo yo no tenía contrato», confiesa.
Fernando
72 años
«El contrato de Javier es un contrato verbal finalizado el 1 de abril y actualmente, tiene una demanda de desahucio que estaba fijada para este 31 de octubre y, pese a reunir las condiciones de vulnerabilidad y contar con el informe de la misma de los Servicios Sociales, el juzgado de Primera Instancia de Donostia ha rechazado la solicitud de acogerse a la suspensión de los desahucios de inquilinos vulnerables hasta el 31 de diciembre que regula un Real Decreto porque el contrato de habitación no está regulado por la LAU», ha informado la portavoz de la plataforma, que finalmente, aclaraba que el desahucio ha sido suspendido hasta resolverse el recurso interpuesto por el abogado de oficio.
«No me quiero quedar en la calle con 72 años pidiendo limosna», itía Fernando entre lágrimas mientras explicaba a todos los presentes su complicada situación, su caso es parecido al de Javier, ya que también ha alquilado durante más de 12 años una habitación ubicada en la Parte Vieja de Donostia. «Me mandaron un burofax hace cuatro meses porque el contrato que tenía de dos años terminaba el 9 de octubre. La dueña del piso me desempadronó y dijo que yo ya no vivía allí y si no estoy empadronado no puedo recibir la pensión no contributiva complementaria con la RGI», lamenta.
«En Donostia actualmente se están pagando alquileres de hasta 600 euros al mes por habitación. Es una situación sangrante ya que estas personas vulnerables se encuentran en un limbo legal que muchos propietarios están utilizando como vía de escape de la aplicación de los topes de alquileres de la Ley de Vivienda Estatal», detalla Rosa García.
«Pero es que aunque su situación de vulnerabilidad esté acreditada y la Jurisprudencia diga que los jueces deben tener en cuenta la situación de las familias antes de dictar una orden de desahucio, el Juzgado de Primera Instancia de Donostia se agarra al criterio de jurisprudencia mayoritario que dice que estos contratos de habitaciones no se regulan por la LAU sino por el Código civil y estas personas quedan fuera del llamado escudo social. Es por ello que además de denunciar la situación, Stop Desahucios ha lanzado una campaña este 19 de octubre y ha puesto disposición de los inquilinos una guía sobre cómo convertir estos contratos temporales en estables», ha finalizado.
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