Aldama demanda a Montero por llamarle «delincuente» y le exige 250.000 euros

La entrevista con Évole se produjo solo doce días después de que el 5 de marzo, el jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno, fuera interrogado como testigo por el juez Leopoldo Puente, instructor del 'caso Ábalos' en el Supremo. Aunque Montero había negado de manera insistente que su mano derecha jamás se había reunido con De Aldama y acusó al conseguidor de mentir, lo cierto es que Moreno ante el alto tribunal sí que acabó reconociendo que sí que se había reunido en varias ocasiones con Víctor de Aldama para hablar del aplazamiento de una deuda con el fisco de una de sus empresas, al tiempo que igualmente itió que alguno de esos encuentros se hizo en la sede de Hacienda y que también a De Aldama información sobre una casa que pretendía comprarse.

«La demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública a través de un medio de difusión masiva claros prejuicios de culpabilidad contra el señor De Aldama», apunta el escrito presentado por el abogado del empresario, José Antonio Choclán.

El letrado de De Aldama sostiene que Montero vulneró el principio de neutralidad que debe regir la actuación de un cargo público, sino que sus palabras «tuvieron una inequívoca difusión en la medida en que, no sólo se emitieron en la franja correspondiente al programa televisivo, sino que, posteriormente, se reiteraron en otros espacios televisivos, así como en prensa digital y redes sociales, multiplicando su alcance y la expansión del daño».

La demanda insiste además en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado que «cuando la vulneración de la presunción de inocencia en su dimensión social proviene de los poderes públicos, como aquí ocurre, se lesiona el honor y la reputación de la persona investigada/acusada».

También critica De Aldama que la vicepresidenta dijese estar convencida de que volvería a la cárcel, «precisamente en el marco del procedimiento judicial donde el Ministerio de Hacienda a su cargo ostenta la condición de parte interesada, en la medida en que manifestó que el mismo tuvo su origen en una investigación realizada por la Agencia Tributaria».

Se refiere al caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre un presunto fraude de IVA con hidrocarburos en el que De Aldama figura como principal investigado y en el que la trama que presuntamente dirigía está acusada de haberse embolsado 182 millones de euros.