Los gobiernos vasco y central desatascan los 200 títulos de extranjeros afectados por el traspaso anulado

Un día después de que el Parlamento Vasco avalara la legalidad de este traspaso -los socios del Gobierno Vasco pactaron ayer con EH Bildu y Sumar una enmienda en defensa del autogobierno-, ha sido el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, quien ha anunciado que los gobiernos central y vasco han alcanzado un «acuerdo verbal» con un objetivo: evitar que las personas afectadas por la anulación de la transferencia a Euskadi de la competencia sobre la homologación de títulos universitarios extranjeros tengan que hacer a trámites y gastos adicionales, y para que tampoco pierdan la antigüedad de la fecha de su solicitudes de homologación.

Así lo ha manifestado Pérez durante su intervención este viernes en el pleno de control del Parlamento Vasco. En respuesta a una pregunta de EH Bildu, el consejero ha explicado que su departamento ha planteado tres propuestas al Gobierno central para tratar de solucionar el problema creado en torno a este asunto.

Una de esas propuestas, según ha detallado, consiste en que todas las solicitudes de homologación presentadas al Gobierno Vasco se puedan remitir «directamente» al Ejecutivo central «sin que la persona solicitante tenga que hacer trámites adicionales». Además, el Gobierno Vasco ha pedido que a todas las personas solicitantes «se les respete la fecha original» en la que registraron la petición, con el fin de que «no pierdan la antigüedad que tenían». La tercera propuesta que ha planteado el Ejecutivo autonómico es que las personas afectadas por esta situación «no tengan que pagar de nuevo» las tasas derivadas del proceso de homologación.

En todo caso, Pérez ha explicado que «esto es lo que se ha propuesto» y que, «en principio se ha llegado a un acuerdo de forma oral, pero estamos a la espera de su respuesta para que se nos confirme esto», ha indicado el consejero, que en respuesta a la petición planteada por EH Bildu en este sentido, ha advertido de que «no es factible» que todos los trámites que implica un proceso de este tipo se puedan resolver en un plazo de seis meses.

Este acuerdo llega después de numerosas conversaciones cruzadas entre ambos gobiernos para tratar de dar una solución a esta cuestión. Y es que ambos ejecutivos se han mostrado públicamente comprometidos en hacer valer el acuerdo que sellaron en febrero del 2024, cuando se acordó en el seno de las ponencias técnicas que Euskadi asumiría la titularidad tanto de esta materia como la del servicio ferroviario de Cercanías. De ahí que ambos gobiernos hayan mantenido a este respecto una interlocución directa para tratar de dar respuesta y paliar en lo posibles las consecuencias derivadas de la sentencia que emitió el Supremo. Y es que el fallo del alto tribunal ha paralizado los expedientes iniciados por 200 personas que tuvieron ocasión de solicitar la convalidación en el periodo que estuvo disponible esa posibilidad, aproximadamente 15 días desde que se abrió el procedimiento hasta que fue suspendido cautelarmente en julio del año pasado.

Fue la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la que anunció en abril, durante una sesión plenaria en el Congreso, que el Gobierno central se había comprometido a homologar de oficio estos dos centenares de expedientes, es decir, sin que estas personas tengan que volver a empezar de cero toda la tramitación burocrática.