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El Supremo abre una nueva vía de investigación sobre la trama corrupta que dirigía Víctor de Aldama y que ya ha acabado con José Luis ... Ábalos Imputados. El magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes, ha aceptado la petición de las acusaciones populares de indagar sobre los supuestos vínculos del Ministerio de Industria que dirigía Reyes Maroto, actualmente jefa del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, con la red que capitaneaba De Aldama.
En particular, Puente ha dado su visto bueno a interrogar el próximo 21 de mayo como testigo a Juan Ignacio Díaz Bidart, exdirector de gabinete de Maroto en su época al frente de Industria. Las acusaciones habían pedido que declarase para explicar si, ciertamente, se produjo una reunión con los empresarios Claudio Rivas (testaferro y socio de De Aldama) y Carmen Pano (la también socia de De Alamda que dijo haber llevado dinero a Ferraz en su nombre) para acelerar la obtención de licencia de operador de hidrocarburos en favor de la empresa Villafuel, la compañía en el centro de la causa abierta por Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por el fraude de 182 millones de euros en el IVA.
Esas acusaciones consideran que la compra de una casa en la provincia de Cádiz, que después fue arrendada a Ábalos, podría estar vinculada a la obtención de licencia para Villafuel, cuyo de hecho era Claudio Rivas.
El pasado 18 de diciembre, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aseguró en un informe remitido a Pedraz que la trama no solo fue presuntamente favorecida por el departamento que dirigía exministra para la Transición Ecológica y hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, para conseguir las licencias necesarias para operar en el mercado de los combustibles fósiles pese a no cumplir los requisitos iniciales sobre capacidad financiera. Y es que la UCO sostiene que la red también tuvo un «trato de favor» por parte de Industria.
En ese documento, los agentes del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO afirmaban que la red llegó a reunirse directamente con la mano derecha de Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces jefe de gabinete de la ministra.
El primer encuentro con Díaz Bidart tuvo lugar en enero de 2021 en la misma sede de Industria. A esa reunión acudieron entre otros Carmen Pano y Claudio Rivas. «Dada la situación privilegiada en la que se encontraba Víctor de Aldama por sus os con el Gobierno, Claudio Rivas le instó a que buscara una reunión con el fin de presentarles la propuesta de obtención de licencia de operador para Villafuel (empresa central de la red fraudulenta) y que la dinamizaran», explicaba la UCO en su informe.
Según la Guardia Civil, De Aldama 'tiró' de Koldo García, asesor y mano derecha por entonces del ministro José Luis Ábalos, para que abriera las puertas de Industria. «En el hall de entrada (de Industria) les recibió (a los socios de Víctor de Aldama) Koldo García, el 'chiquitín' como le llamaba Víctor. Subieron por la escalinata del ministerio y se sentaron en una sala de juntas con una gran mesa. A los minutos entró en la sala el señor Bidart, les entregó una tarjeta de visita a todos y comenzó la reunión», señala el informe.
«El principal interesado, y velado de Villafuel, Claudio Rivas, fue quien expuso su interés en conseguir la autorización para operar al por mayor», destacó la UCO en su informe, que revelaba que el director de gabinete de Maroto «les dijo que cuando tuvieran toda la documentación recopilada, que la presentaran telemáticamente y le dieran una copia a Koldo García, el cual se la haría llegar a él». Según la Guardia Civil, esta reunión y este ofrecimiento por parte de Díaz Bidart «pone de manifiesto la situación privilegiada y el trato de favor recibido» por la trama de De Aldama «a través del funcionario con la intermediación de Koldo García».
El 13 de enero de 2021 la «organización criminal presentó en el registro del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico» de Ribera, que era el último responsable para conceder la licencia, la solicitud de Villafuel, relatan los investigadores. Pero había problemas porque -tal y como recuerdan en diversos documentos la UCO, Anticorrupción o el propio Pedraz- «no cumplía aparentemente, con el requisito financiero que la normativa exige, dado que, en esa fecha, únicamente contaba con capital social suscrito por importe de 595.000», muy lejos de los tres millones indispensables. Aunque luego los alcanzaron gracias a préstamos bancarios.
Así las cosas, la UCO recordaba que el 16 de febrero de 2021 Villafuel «presentó alegaciones y documentación adicional para el cumplimiento de los requisitos». Ese mismo día, Rivas envió a Pano copia de esa documentación para que ella la hiciese llegar a De Aldama y éste, a su vez, a Koldo García. El entonces asesor de Ábalos se la pasó al jefe de gabinete de Reyes Maroto para que éste facilitara supuestamente la concesión de la licencia, que luego sirvió a la trama para el millonario fraude al fisco.
La UCO, basándose en los interrogatorios a Pano, aseguraba que «sobre marzo o abril 2021, a raíz de esa reunión y de la presentación telemática de la documentación para iniciar el expediente de obtención de la licencia», De Aldama ya avisó a sus socios de que «todas estas gestiones tendrían una contraprestación que debía corresponder para que salieran adelante».
En esa línea, afirmaba la UCO, De Aldama recordó que «el ministro José Luis Ábalos pidió que le compraran una casa por la zona de la Costa del Sol, (el chalet sería finalmente adquirido en La Alcaidesa, en Cádiz) cuestión de la que informó a Claudio Rivas», quien aseguró que si se le concedía la licencia «no había ningún problema en comprarle la casa», que luego adquirió Have Got Time SL, mercantil de la familia de Pano. Después del aquel alquiler vacacional y cuando Ábalos ya había sido cesado como ministro (julio de 2021), Villafuel efectivamente consiguió el 15 de septiembre de 2022 el visto bueno del departamento de Transición Ecológica para convertirse en operadora en el mercado mayorista de hidrocarburos.
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