El derecho al alquiler de la Ley de Vivienda se extiende en enero a más perfiles de hogares

La aplicación de la Ley de Vivienda entra con el nuevo año en una nueva fase. Lo hace porque desde el día 1 se amplían los perfiles de familias con pocos recursos que pueden hacer efectivo el derecho subjetivo a una vivienda en alquiler, bien a través de un piso protegido o bien mediante una ayuda al pago del alquiler. Además, el escenario que se abre a la normativa vasca de vivienda es novedoso por otra razón de peso. Apartir de ahora, le tocará a una consejería liderada por un socialista -Iñaki Arriola- gestionar y desarrollar el grueso de una ley que fue impulsada por el propio PSE desde la oposición y aprobada con el apoyo de EH Bildu y UPyD durante la legislatura pasada. En este contexto, le tocó al PNV, que había votado en contra, comenzar a aplicar una normativa que no veía con buenos ojos y que le planteaba más que dudas. Ahora será un equipo del PSE el que desarrolle el grueso de la normativa, si las esperadas resoluciones del Tribunal Constitucional sobre los recursos del Estado lo permiten.

Entre los puntos más importantes que le tocará desarrollar al nuevo Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda será precisamente elaborar el decreto que desarrolle el derecho subjetivo a una vivienda en alquiler para los hogares con menos recursos, que sigue en 'stand by' desde la pasada legislatura.

De momento, la aplicación de este derecho se ha realizado conforme a una disposición transitoria de la ley. En virtud de esta, durante este año, han podido ejercer el derecho subjetivo al alquiler las unidades de convivencia de tres o más , perceptoras de ingresos inferiores a 15.000 euros anuales y que se encuentren inscritas en el registro oficial con una antigüedad de cuatro o más años y como demandantes de alquiler.

Según los datos de Vivienda, hasta el 30 de noviembre de este año se han recibido 504 solicitudes y se ha reconocido el derecho subjetivo a 598 hogares (71 en Gipuzkoa, 142 en Bizkaia y 385 en Álava). Según explican fuentes de Vivienda del Gobierno Vasco, la razón por la que la cifra de derechos satisfechos es mayor a la de solicitudes se debe a que en el último trimestre del año pasado se adaptó el registro de Etxebide «para que las personas que cumplen con los requisitos del derecho de subjetivo sean prioritarias a la hora de adjudicar las viviendas en alquiler». Así pues, existe una cifra de familias que han recibido la vivienda en alquiler sin que hubieran solicitado formalmente el reconocimiento del derecho subjetivo.

Pisos o ayudas

La forma de satisfacción de ese derecho se ha concretado de tres formas distintas. Así, desde la entrada en vigor del derecho subjetivo de la Ley se han adjudicado de forma directa 470 viviendas de alquiler en Euskadi (52 en Gipuzkoa, 42 en Bizkaia y 376 en Álava). Los pisos que se ofrecen pertenecen al parque del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, a Alokabide o al programa de intermediación Bizigune, según señalan fuentes de Vivienda.

La nueva Ley de Vivienda incluye la asignación de una ayuda económica para el alquiler, la PEV, en los casos en los que no es posible la adjudicación de una vivienda. Hasta el 30 de noviembre de este año, solo 12 familias disfrutan de esta ayuda de 250 euros mensuales (5 de Gipuzkoa, 5 de Bizkaia y 2 de Álava). Esta prestación lleva aparejada la prioridad para la adjudicación de una vivienda de alquiler pública.

Además, a otras 116 familias se les ha denegado la PEV pero se les ha reconocido el derecho subjetivo y disfrutan de una «prioridad en la adjudicación» de un piso de alquiler público. En estos casos, como explican desde el Gobierno Vasco, se trata de hogares que cumplen los requisitos del derecho subjetivo pero no han logrado aportar la documentación «adicional» para disfrutar de la PEV. Entre otros documentos, se pide contrato de arrendamiento, certificado de empadronamiento, justificante de abono de la renta mediante entidad de crédito... «En el caso de que presenten la documentación solicitada correctamente, se le reconoce la PEV», aseguran.

Asimismo, los datos a 30 de noviembre incluyen que de las 445 solicitudes de derecho subjetivo se han desestimado 177 (46 en Gipuzkoa, 118 en Bizkaia y 13 en Álava). Según el Gobierno Vasco, la mayoría de estas desestimaciones se debe a que no se han cumplido los 4 años de antigüedad en el registro de Etxebide.

Como reza el articulado de la ley, la satisfacción de este derecho subjetivo será gradual y a partir de enero de 2017 podrán exigir este derecho las unidades de convivencia de dos , perceptoras de ingresos anuales inferiores a 12.000 euros. Además, a partir del enero de 2018 le tocará el turno a las personas que vivan solas con menos de 9.000 euros de ingresos anuales. El resto de perfiles de hogares tendrá que esperar al desarrollo reglamentario de la ley.

Pendiente de desarrollo

Porque la aplicación del derecho subjetivo a la vivienda sigue realizándose conforme a una disposición transitoria de la ley que incluye ciertos requisitos, entre los que destaca una antigüedad de cuatro años en el registro de Etxebide. Esa exigencia es mayor que la que se pide para cobrar la PCV, para la que se solicitan tres años de empadronamiento, además de la correspondiente inscripción en Etxebide.

Y estas condiciones siguen así, hasta que se elabore un decreto que fije los nuevos requerimientos. La anterior consejería dirigida por Ángel Toña hizo un amago, con un borrador de decreto -ahora paralizado- cuyo contenido fue criticado por los partidos que aprobaron la ley, al entender que endurecía los requisitos de a las ayudas al alquiler. El borrador, entre otras cosas, mantenía esos cuatro años de antigüedad en Etxebide para acceder a PEV. Además, fijaba la desaparición de la PCV (Prestación Complementaria de Vivienda) que ahora cobran cerca de 30.000 vascos con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), para que fuera sustituida por la PEV.

El equipo de Toña, que no sigue en el cargo, abogaba porque el Parlamento Vasco modificara la ley para tramitar un nuevo decreto que suavizara los requisitos de al derecho subjetivo y a la PEV. Mientras tanto, la nueva PEV y la PCV conviven, por lo que toda la gente que tenga derecho a una de estas dos ayudas puede seguir solicitándolas y cobrándolas.

Queda por ver qué hará la consejería de Arriola en este asunto, para lo que deberá elaborar un decreto que desarrolle la aplicación del derecho subjetivo y de otras partes de la ley que todavía están pendientes de desarrollo. En el caso del derecho subjetivo, el PSE siempre se ha mostrado partidario de flexibilizar los requisitos que aparecen en la disposición adicional y también de que no desaparezca la PCV.