Denuncian el «encubrimiento» de «graves casos de acoso laboral y sexual» a dos mujeres ertzainas

El Sindicato Profesional de la Ertzaintza, también conocido por sus siglas Si.P.E., ha denunciado formalmente ante los responsables de la Consejería de Seguridad una serie de «graves episodios de acoso laboral, sexual y sexista» sufridos por dos mujeres ertzainas, una de ellas agente en prácticas y otra agente de carrera, en lo que consideran «un caso flagrante de violencia institucional».

A través de un comunicado, Si.P.E. ha explicado que ha presentado formalmente estas denuncias ante el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, el viceconsejero, Ricardo Ituarte, y la directora de Emakunde y la Directora General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, Miren Dobaran.

Los hechos, «documentados con testimonios, grabaciones y pruebas objetivas», reflejan, según ha señalado el sindicato, «una situación de hostigamiento continuado y encubrimiento sistemático por parte de la jerarquía policial».

Si.P.E. ha indicado que, en el caso de la agente en prácticas, destinada en la Academia Vasca de Policía, SPEIS y Emergencias, se detalla «una estrategia de aislamiento y presión psicológica con el objetivo de declararla no apta y expulsarla del cuerpo», mientras que, en el caso de la agente de carrera, adscrita a Tráfico de Álava, se describen «comentarios machistas, presiones y un deterioro de su salud mental que le ha impedido continuar con su labor profesional».

Tras afirmar que «el encubrimiento institucional agrava el problema», Si.P.E ha señalado que «lo más alarmante es que, pese a la activación de protocolos internos por parte del comité de mediación, las instituciones han omitido abrir procedimientos sancionadores reales o medidas de protección eficaces».

Desde Si.P.E. han denunciado que la llamada «mediación» entre víctima y agresores «ha servido únicamente para cubrir el expediente, evitando actuar con el rigor que exige la ley y permitiendo que el acoso continúe».

«En la Ertzaintza hay mujeres que están siendo acosadas por ser mujeres, y la institución lo permite. El silencio y la inacción también son formas de violencia», ha afirmado Juan Carlos Sáenz Alonso, secretario de Organización del Si.P.E.

Ante esta situación de «extrema gravedad», el Sindicato Profesional de la Ertzaintza exige al Gobierno Vasco, al Departamento de Seguridad y a la dirección de la AVPE «una actuación inmediata y ejemplarizante».

En esa línea, ha reclamado «la apertura inmediata de expedientes disciplinarios contra los superiores jerárquicos y compañeros implicados en ambos casos, conforme al Reglamento de Régimen Disciplinario y al Código Penal si fuera necesario».

También ha demandado la revisión integral de los protocolos antiacoso, ya que, según ha dicho, los protocolos actuales «son ineficaces y se han convertido en herramientas burocráticas sin impacto real». «Se requiere una revisión con participación sindical y con perspectiva de género real», ha remarcado.

Asimismo, ha pedido «protección real y urgente de las víctimas» y, en ese sentido, ha exigido «el traslado inmediato de los presuntos agresores, no de las víctimas», y la aplicación de medidas de apoyo psicológico, médico y jurídico «con garantías».

Otra de sus demandas es la investigación independiente de lo ocurrido en la AVPE porque «el caso de acoso grupal a una alumna agente no puede resolverse internamente». Por ello, piden «una comisión de investigación independiente, con presencia de sindicatos, juristas y defensores de derechos humanos».

Además, han solicitado la «depuración de responsabilidades en la cadena de mando», ya que, a su entender, «resulta inaceptable que mandos intermedios y directivos de la Ertzaintza sigan en sus puestos tras haber tolerado estos hechos». «Exigimos ceses inmediatos y responsabilidades políticas», ha advertido Si.P.E.

Por último, han pedido un plan de prevención «real contra el acoso» en la Ertzaintza, «con enfoque sindical, basado en la transparencia, la formación obligatoria en igualdad, mecanismos de denuncia seguros y protección efectiva de la víctima».

Tras hacerse pública la denuncia presentada por Si.P.E. ante el Departamento de Seguridad, el Gobierno Vasco ha emitido un comunicado en el que ha desgranado las medidas tomadas ante estos dos presuntos casos de acoso.

Así, sobre el caso de la agente en prácticas han señalado que el 17 de marzo de 2025 se acordó la apertura de un expediente por una posible situación de acoso moral y que un Comité de Medicación se ha reunido «no solo con la pregunta víctima sino también con las personas que se identifican como presuntados acosadoras y testigos» y que tras una serie de entrevistas en las que se ó con hasta diez personas se acordó por unanimidad que no existiá un complot hacia la denunciante.

«Con fecha 14 de abril de 2025, el Comité de Mediación acordó por unanimidad que no se considera que exista estrategia o complot del grupo para influenciar en el resultado de la prueba del test de relaciones socio-laborales contra la funcionaria en prácticas, ni indicios de acoso laboral».

Por su parte, en relación a la denuncia que hace referencia al acoso moral y sexista a una agente en carrera, el Departamento de Seguridad ha explicado que el 6 de febrero se tuvo constancia de la posibilidad de estos hechos, solicitando el estamento la «incoación del procedimiento de acoso conforme a la normativa de aplicación».

Además, aseguran que en hasta dos ocasiones diferenciadas la agente en cuestión mostró «su negativa a mantener una reunión de mediación» con el Comité de Mediación de Acoso de la Ertzaintza, «impidiendo que la mediación pudiera realizarse».

«No es posible determinar si ha habido acoso laboral, ya que la información recogida en las entrevistas realizadas a todas las partes implicadas es contradictoria. Sin embargo, se concluye que existen problemas de relaciones interpersonales en el marco laboral y que la comunicación y trato carecen de la formalidad requerida en una Organización de la entidad que tiene la Ertzaintza», acordó finalmente el 18 de marzo por unanimidad el Comité de Mediación encargado del caso, que «ante la problemática detectada» solicitó la celebración de una jornada de sensibilización del uso del lenguaje inclusivo y no sexista.

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