El Gobierno Vasco no sanciona pese a que no hay cuentas desde 2014

De esta forma, la DYA está incumpliendo de forma recurrente una obligación, al mismo tiempo que viola un derecho de los socios y de cualquier ciudadano, ya que la misma normativa establece en su artículo 26.1 que toda persona pueda tener a esta documentación. El Gobierno vasco no fiscaliza los balances. No es su labor, según la legislación. Pero sí que está obligado a garantizar que cualquier persona pueda conocerlos. En las cuentas de 2014, por ejemplo, hay hechos relevantes, como que la gerente incrementó su sueldo un 37%.

Y el artículo 45.3 de la citada normativa establece que una entidad de estas características (que goza de una serie de beneficios fiscales, por ejemplo) podría perder la condición de Utilidad Pública si «se produce un incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que recaen sobre este tipo de asociación». Desde 2014, el Gobierno vasco ha enviado sin éxito varios requerimientos para que la ONG subsane las deficiencias pero no ha tomado más medidas. La trasparencia es un derecho de la ciudadanía. Y las cuentas revelan información importante.