Los vecinos prohibieron a una menor con síndrome de Down usar la piscina y el ascensor sin acompañante

Una comunidad de vecinos de la localidad madrileña de Boadilla del Monte acordó el pasado mes de agosto prohibir a una joven de 16 años con síndrome de Down utilizar la piscina y el ascensor del inmueble sin un acompañante mayor de edad, mientras que si se permitía al resto de jóvenes de su misma edad.

El presidente de la comunidad de vecinos advirtió a los padres de la menor que se había puesto un cartel en la entrada de la piscina en el que se advertía de que si las personas con discapacidad no estaban acompañadas de un adulto, el socorrista podría solicitarles que abandonaran el recinto de la piscina o llamaría a un miembro de la junta para que actuara en consecuencia.

«Blanca es muy autónoma, sabe nadar perfectamente y baja sola a la piscina cuando quiere», aseguraron los padres, que pidieron explicaciones al presidente de la comunidad de propietarios. Éste alegó que la decisión de los vecinos respondía a una normativa municipal, algo que desmintió el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

El caso ha sido denunciado por la fundación Down España, al considerarlo «inisible y discriminatorio», y esto ha llevado a la comunidad de vecinos a rectificar su decisión. También ha sido importante para este cambio la polémica suscitada a nivel social.

«Ni ella ni ninguna persona con discapacidad de cualquier edad, a no ser que sus padres manifiesten por escrito que está capacitada para hacerlo», ha advertido la fundación Down España, que asegura que ni la joven ni sus padres están dispuestos a permitirlo. Ha recordado que la iniciativa de la comunidad de vecinos vulnera los derechos de las personas con discapacidad recogidos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Gobierno de España el 3 de mayo de 2008.

La fundación Down España subraya, además, que el artículo 14 de la Constitución recoge que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha anunciado que reclamará a la Comunidad de Madrid la aplicación del régimen de infracciones y sanciones a esta comunidad de propietarios, «por discriminación hacia las personas con discapacidad» y «para que las vulneraciones de derechos no queden impunes».