Gobierno Vasco y diputaciones deciden este jueves si se cambia de puesto a trabajadores de residencias si no se vacunan

En la actualidad, Gipuzkoa no cuenta con un protocolo específico en sus residencias de mayores respecto a aquellos trabajadores sociosanitarios desprovistos del antídoto contra el Covid-19. Según las últimas actualizaciones, estas personas son sometidas a cribados aleatorios, tras los cuales se ponen en marcha los mecanismos pertinentes en caso de que alguna prueba resulte positiva. Los centros mantienen aún sus estrictos protocolos de aislamiento, tanto de trabajadores contagiados en sus casas, como de s. Los que dan positivo, como ha ocurrido en las últimas semanas en varios centros, son derivados al Hospital de Eibar. Allí, permanecen la mayoría sin síntomas, por haber recibido las dos vacunas.

Lo que sí cambió tras la inmunización de las personas mayores, son las normas respecto a visitas y salidas. Las residencias intentaron flexibilizar los paseos, que ahora son sin horario, diarios y fuera de las zonas seguras creadas en su momento para evitar nuevos contagios. Las visitas también han cobrado una importancia especial para los familiares, que pueden entrar a la habitación siempre que estén vacunados con la pauta completa. Eso sí, en el interior deben evitar las zonas comunes de los residentes y no quitarse la mascarilla en el habitáculo.

Todo ello en un momento de la pandemia donde las residencias de Gipuzkoa cuentan ya con 40 casos activos, el doble de positivos que había hace tan solo una semana, cuando se contabilizaron 18. El último contagio se detectó ayer en una persona usuaria del centro Santiago de Villabona que había recibido la pauta completa de la vacunación y no presentaba síntomas.

El Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales analizarán este jueves sobre el posible cambio de puesto a los trabajadores de residencias que no se vacunen contra la covid-19 o la realización de dos pruebas semanales. Estas son medidas recomendadas ahora en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para las residencias de mayores que han sido actualizadas respecto a las del mes de marzo y que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha trasladado este miércoles al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), reunido de forma telemática en un Pleno extraordinario.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado en el Consejo Interterritorial de este miércoles endurecer las medidas en los centros de mayores para frenar el repunte de contagios detectado en las últimas semanas, pero no han llegado al extremo de exigir la vacunación obligatoria de estos empleados, como habían pedido seis autonomías (Andalucía, Canarias, Cantabria, Galicia, Murcia y País Vasco), que veían en los profesionales antivacunas del sector una de las causas de que el virus hubiera vuelto a entrar en estos recintos.

Los trabajadores de residencias que no quieran vacunarse deberán someterse por lo menos a dos pruebas de detección de la covid-19 a la semana, tendrán controles de temperatura diarios y si sus superiores lo estiman oportuno, podrán ser cambiados de puesto de trabajo para no poner en riesgo a las personas que cuidan.

La ministra Carolina Darias solicitó la semana pasada a la Ponencia de Alertas, el órgano encargado de analizar las emergencias sanitarias en España, un análisis sobre la situación de los centros de mayores tras constatar que el número de fallecidos y de contagiados se ha multiplicado en el último mes y este órgano ha trasladado un documento, publicado este miércoles, que busca acabar con cualquier atisbo de relajación sobre las medidas sanitarias en las residencias después de la vacunación.

Así, los expertos abren la puerta a que en situaciones de alta transmisión comunitaria como la actual, las autoridades sanitarias realicen pruebas diagnósticas a los residentes vacunados a la salida o la reentrada en el centro «tras ausencias prolongadas». Por su parte, a los no vacunados, un grupo mínimo entre los mayores, se les aislará de forma preventiva y se les realizará una prueba ante cualquier síntoma sospechoso de covid. En cambio, los especialistas del ministerio no recomiendan llevar a cabo cribados periódicos en los residentes ni realizar análisis serológicos que traten de comprobar si las vacunas han sido efectivas en una persona determinada o en un grupo.

El protocolo por la aparición de un caso se mantiene como hasta ahora: se aislará al positivo, se localizará a sus os estrechos, se realizará una sectorización en unidades de convivencia estables que faciliten el desarrollo de las prestaciones residenciales y a la vez, la búsqueda de posibles contagios y finalmente, se protegerá de forma especial a los residentes no vacunados trasladándolos a habitaciones individuales.

El documento de la Ponencia de Alertas también pone el foco en los visitantes, otra vía de entrada del virus en los geriátricos, y recuerda a los familiares que deben seguir manteniendo las medidas de higiene y prevención de toda la pandemia (mascarilla, distancia y lavado de manos) porque «aunque existe un riesgo significativamente menor de padecer covid-19 después de la vacunación», esta posibilidad «no desaparece por completo ya que la vacuna no garantiza una protección total a todas las personas vacunadas».

Eso sí, el ministerio mantiene el régimen de visitas y salidas de los residentes que no están en aislamiento o cuarentena, aunque «podrán adaptarse» a la situación epidemiológica de la comunidad y «a la estructura de cada centro». Además, Sanidad aconseja continuar con las actividades grupales y el uso de las zonas comunes en el interior de las residencias siempre que se mantengan las medidas de seguridad e higiene.

Pese a que algunas comunidades insisten desde hace semanas en reclamar la vacunación obligatoria de los trabajadores sociosanitarios, como han establecido Francia e Italia, entre otros países, el ministerio ha evitado apoyar esta idea después de que el Tribunal Constitucional sentenciara, el 23 de julio, que no se puede forzar a nadie a recibir los pinchazos. Pero con el documento aprobado este miércoles, avala cualquier otra medida que tomen las autonomías para proteger a los residentes, y ofrece un argumento sanitario, la escalada de los contagios en la quinta ola, al que pueden acogerse los jueces en caso de que algún trabajador que sufra un cambio de puesto en los centros de mayores decida denunciar su situación.

De esta forma, el texto del departamento de Carolina Darias da vía libre a que «los responsables de Salud Pública» de las comunidades puedan adoptar «todas las actuaciones» previstas en el documento «en base a la situación epidemiológica de cada territorio y a una valoración específica del riesgo basada tanto en los indicadores epidemiológicos como en las condiciones de los centros evaluados».

Aunque el panorama en los centros de mayores es completamente diferente al vivido en la primavera del año pasado gracias a la vacunación prioritaria y masiva del colectivo, las alarmas se han vuelto a encender en las residencias al pasar en tres semanas de no registrar ningún fallecimiento (entre el 28 de junio y el 5 de julio) a contabilizar 72 (entre el 19 y el 26 de julio, último informe disponible), según los datos del Imserso. En el mismo sentido, los contagios se han multiplicado por nueve en menos de un mes (139 positivos en la primera semana de julio y 1.272 entre el 19 y el 26 de ese mes).