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El Ayuntamiento de Bergara ha recurrido la obligatoriedad de dotar de armas de fuego a la Policía Local instada por el Tribunal Superior de Justicia ... del País Vasco (TSJPV). El Gobierno municipal ratificó en sesión plenaria de este lunes, con la mayoría de EH Bildu, el decreto de Alcaldía para interponer un recurso de casación contra la resolución de la sentencia emitida por la sala de lo Contencioso-istrativo del TSJPV.
La moción fue elevada por el propio alcalde de EH Bildu, Gorka Artola, en el Pleno municipal de este lunes, y salió adelante con la mayoría absoluta de la coalición abertzale, con 9 votos. Los seis ediles del PNV votaron en contra, y el único del PSE-EE se abstuvo.
El recurso llama al Parlamento Vasco a revisar el modelo policial de Euskadi rubricado en la Ley de Policía del País Vasco para garantizar «tanto la seguridad como la cercanía que caracteriza a la Policía Local». «No se puede rechazar que los tiempos van cambiando, y que dichos avances requieren la adaptación del modelo de seguridad vasco», continúa la moción, «pero debemos buscar maneras de que la ley se adecúe a la realidad de los municipios pequeños y medianos».
El Grupo municipal del PNV mostró su «disconformidad» con la moción aprobada. «Ojalá los policías locales no necesiten este tipo de armas», concedió el edil jeltzale, «pero los tiempos van avanzando, y la Udaltzaingoa debe tener herramientas para garantizar la seguridad en nuestro municipio».
La sala de lo Contencioso-istrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sentenció en junio de 2019 que los policías locales de Euskadi deben portar arma. Revocó así una sentencia de primera instancia dictada por el juzgado de lo Contencioso-istrativo número 3 de San Sebastián favorable al Ayuntamiento de Eibar, que consideraba que se trataba de una «facultad» de los consistorios y no de una «obligación».
Para el TSJPV, sin embargo, los alcaldes carecen de la potestad de decidir si los policías municipales de su Consistorio deben o no estar armados, ya que «la seguridad pública es una competencia exclusiva del Estado». «La realidad social nos demuestra que la seguridad ciudadana se ve alterada en ocasiones en grado tal que el uso de la fuerza y, más exactamente, de armas de fuego se convierte en imprescindible, bien para mantenerla bien para restaurarla», señala la resolución. Los jueces observan una «función disuasoria» en que los policías lleven un arma de fuego.
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