Los empresarios vascos consideran un lastre el alza de cotizaciones y ELA y LAB, insuficiente

Confebask asegura que la subida del 0,6% «pone plomos a las alas de la contratación y la recuperación», lo que rechaza de forma rotunda el ministro Escrivá

Martes, 16 de noviembre 2021 | Actualizado 17/11/2021 08:01h.

El acuerdo alcanzado a última hora del lunes entre el Gobierno central y los sindicatos CC OO y UGT, sin el respaldo de la CEOE, ... para elevar las cotizaciones sociales un 0,6%, de los que cinco décimas correrán a cargo de los empresarios y la otra la soportarán los trabajadores, no contenta en Euskadi ni a los empresarios ni a los sindicatos nacionalistas, aunque por motivos bien diferentes. Los expertos consultados también consideran que se trata de un «parche más» y reclaman un abordaje integral del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo.

Confebask mostró este martes su rechazo al acuerdo para engordar la hucha de las pensiones a partir de 2023 en línea con lo señalado la víspera por la CEOE, a la que pertenece. De hecho, indicó que suscribe «completamente lo ya dicho por confederación española». La patronal vasca considera que el pacto supone «un aumento de las cargas empresariales, que van a perjudicar a su competitividad». De hecho, fue más allá y lamentó que se «insista en poner plomo a las alas de la contratación y la recuperación».

Un argumento que ya fue utilizado la víspera por la CEOE y al que respondió ayer el Ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien rechazó «rotundamente» que la subida de las cotizaciones vaya a suponer una traba para el empleo. «Rodundamente no, no estamos creando ningún problema de creación de empleo», defendió.

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Según el ministro, la negativa de la patronal responde a «intereses empresariales», mientras que dijo que el Gobierno debe defender «intereses generales». Y recordó que el Estado de Bienestar «hay que pagarlo».

Desde el ámbito de la patronal este martes también se pronunció el presidente de Cepyme, Gerardo Cueva, para quien el Gobierno ha elegido «el camino fácil y ha optado por apretar más a las empresas y ponerles más palos en las ruedas dando una solución cortoplacista». Igual de tajante se mostró el presidente de ATA y a su vez vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor. «Estamos pegándonos un tiro en el pie», lamentó.

El presidente de los Graduados Sociales de Gipuzkoa, Iñigo de la Peña, no cree por su parte que sea el momento de cargar a las empresas con más gastos sociales, porque entiende que puede incidir en el empleo y en la viabilidad de aquellas empresas que no están muy saneadas. Entiende que se «trata de un parche que no solucina el problema estructural de las pensiones» y aboga por una reforma integral del sistema, tal y como planteaba el foro del Pacto de Toledo.

Y también desde Euskadi, tanto ELA como LAB también rechazan el acuerdo porque entienden que no garantiza unas pensiones públicas dignas y porque «acarreará más recortes». En este sentido, ELA explica que el Nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) pactado el lunes «incorpora expresamente el compromiso del Gobierno español de plantear medidas para reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB a partir de 2033». «Es decir, se compromete a recortar las pensiones», advierte el sindicato liderado por Mitxel Lakuntza.

«Se asumen los recortes»

ELA denuncia la «manipulación informativa» a la que se está sometiendo el debate sobre el MEI, ya que apunta que se está haciendo hincapié en la subida de las cotizaciones del 0,6%. Y considera evidente que ese incremento «no va a ser suficiente para modificar la situación estructural del sistema público de pensiones».

En opinión de ELA, esa apuesta de relacionar exclusivamente pensiones con cotizaciones supone asumir la lógica de los recortes. El sindicato reclama romper con eso; sustituirla por una mejora sustancial de las pensiones públicas y financiar el sistema de manera importante también con impuestos, no solo con cotizaciones.

Asimismo, recuerda que el MEI es tan solo una parte de la reforma de pensiones, que ya se está tramitando en el Congreso mediante un proyecto de Ley que incorpora recortes en las jubilaciones anticipadas, y que no garantiza realmente el poder adquisitivo. Además, señala que ya está anunciada una nueva reforma de las pensiones para 2022, «en la que se han comprometido con Bruselas a ampliar el periodo de cómputo a 35 años, lo que conllevará nuevos recortes».

En la misma línea se pronuncia LAB, quien considera «insuficiente» el MEI «porque ni metiendo mano a las cotizaciones será capaz de garantizar unas pensiones públicas dignas y no levanta topes de cotización». Explica la central abertzale que la medida tiene límites porque no permite ofrecer la protección actual de los pensionistas actuales y futuros y mucho menos elevar las cifras de las prestaciones. «Queda lejos por tanto la reivindicación de una pensión mínima de 1.080 euros o de las medidas para superar la brecha de género», lamenta, al tiempo que reclama igual que ELA la derogación de las reformas de 2011 y 2013. Eso sí, LAB insiste en que «sobran razones para llevar a cabo una huelga general en Euskal Herria», a la que por ahora se resiste ELA.

De otra parte, Gobierno, patronal y sindicatos volverán a reunirse hoy para abordar la contrarreforma laboral y aunque el descuelgue en el acuerdo del lunes por parte de las asociaciones empresariales podría complicar aún más este otro pacto, ya de por sí difícil, el presidente de Cepyme anticipó este martes que no abandonarán el diálogo social.

La UE acoge con recelo un pacto que ha dejado al margen a la CEOE

La Comisión Europea no entrará a fondo en la evaluación de las dos reformas estructurales clave de España (la laboral y la del sistema de pensiones) hasta que puedan ser verificadas técnicamente. Y eso no llegará hasta la publicación en el Boletín Oficial del Estado. La primera, el 31 de diciembre de este año como tope. Y la segunda, con la misma referencia pero en 2022. En ese momento el Gobierno tendrá que aportar a Bruselas un completo resumen con todas las disposiciones, los requisitos y una pormenorizada descripción de todo ello.

Pero no hay que olvidar que Bruselas hará un marcaje férreo en el 'durante'. Y ya hay dos situaciones que generan recelo. La primera, el retraso que lleva la reforma laboral. No solo no existe si quiera una suerte de borrador con suficiente consenso, sino que está por ver la postura de los empresarios después de que la CEOE no aceptase el lunes el Factor de Equidad Intergeneracional pactado por Gobierno y sindicatos; un elemento fundamental para garantizar la pervivencia de las pensiones.

Y ahí está la segunda clave: Bruselas quiere propuestas que lleguen con el beneplácito de todos los agentes implicados en la negociación: de los sindicatos y de la patronal. Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ya defendió el Diálogo Social como «el método que nosotros apoyamos con firmeza». Y otras voces han insistido en que esa fórmula es ya una garantía para Bruselas teniendo en cuenta la pervivencia y el largo alcance de las reformas.

Pero tampoco es suficiente. Dicho de otro modo. Cualquiera de los dos pactos tiene que cumplir los compromisos adquiridos. Y si no es así, no habrá visto bueno y, en consecuencia, tampoco el a los distintos tramos de los fondos de recuperación 'Next Generation'.