Economía eleva la opa de BBVA al Consejo de Ministros para valorar nuevas condiciones

«Acabo de informar tanto a la CNMC como a BBVA y a Sabadell, sobre la elevación de la decisión relativa a la opa al Consejo de Ministros en base a razones de interés general», confirmó el martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en unas breves declaraciones a los medios en el Senado, donde acudía para comparecer en la sesión de control al Gobierno.

En concreto, han sido cinco los ministerios los que han solicitado la elevación, según fuentes conocedoras: el Ministerio de Industria y Turismo, el de Trabajo y Economía Social y Derechos Sociales, el de Transición Ecológica, el de Seguridad Social y el de Consumo y Agenda 2030. El Ministerio de Economía solicitará a todos ellos informes pormenorizados para justificar posibles medidas adicionales a las ya impuestas por Competencia.

«Nuestro análisis interno señala que tenemos que profundizar la visión y el seguimiento del potencial impacto de la operación en elementos tan vitales y tan importantes en nuestra economía como la protección del empleo, la inclusión financiera o la cohesión territorial», apuntó Cuerpo, quien recordó que la elevación no prejuzga la decisión final que se tendrá que tomar en un plazo de 30 días naturales.

Fuentes conocedoras apuntan a que el Ministerio intentará ser prudente en las próximas semanas, consciente del malestar que en algunos sectores ha supuesto su irrupción en la operación financiera del año. También en la Comisión Europea que, según adelantaba la agencia especializada MLex, espera que el Ejecutivo alinee su decisión final con «la de las autoridades competentes».

Fuentes oficiales evitaron comentar el asunto, pero en Bruselas se habla ya de la posibilidad de abrir un expediente sancionador si se considera que las acciones del Gobierno español chocan con la legislación de la Unión Europea. Se refieren así a un posible bloqueo de la operación, que podría dañar alguno de los pilares de la normativa europea, como el libre movimiento de capitales.

Con ese telón de fondo, no se espera que los posibles requisitos que el Ejecutivo añada a los ya establecidos por Competencia sean inasumibles para BBVA. Además, la decisión de elevar la oferta al Consejo de Ministros era ya esperada por el mercado -y por los propios protagonistas de la operación- sobre todo tras la inédita consulta pública lanzada el pasado 5 de mayo y que habría servido para reforzar los argumentos del Gobierno en contra de la oferta del banco vasco. Un formulario que Cuerpo defendió como «útil» para tomar su decisión. «La consulta pública ha sido útil para medir el pulso de la sociedad civil; ha habido una buena respuesta y esa valoración cualitativa apunta hacia la existencia de razones de interés general que puedan verse afectadas por la operación», defendió Cuerpo.

Entr ellas, se apunta al previsible ajuste de empleo y cierres de oficinas que también entran en los cálculos de sinergias que maneja BBVA, donde insisten en que «la operación es buena para el interés general de Cataluña, España y Europa». «BBVA ha asumido unos compromisos sin precedentes en el sector financiero español que hacen que la operación sea todavía mejor para familias, autónomos, pymes y empresas; la unión con Sabadell es un proyecto de crecimiento que permitirá a la entidad combinada aumentar su capacidad de financiación a empresas y hogares en 5.000 millones adicionales al año», insisten fuentes del banco vasco.

Por su parte, Banco Sabadell se limita a insistir en que sigue centrado en «la creación de valor» en solitario. «Tenemos un proyecto de futuro sólido y créible con presencia en mercados estables y estamos plenamente convencidos de que nuestra estrategia en solitario generará una mayor remuneración al accionista de forma sostenible y permitirá a nuestros clientes tener mejor calidad de servicio». Más contundentes han sido desde la Asociación de Accionistas Minoritarios de la entidad, al apuntar que «esta decisión confirma la extraordinaria complejidad de una operación que trasciende los límites de la competencia bancaria y alcanza cuestiones de carácter social».

El Ejecutivo ha dejado claro su rechazo a la operación casi desde el inicio de la misma, en un ambiente enrarecido por la tensión política ante las reticencias que tanto de la coalición como Sumar, como aliados parlamentarios como Junts, han mostrado a la posible unión de los dos bancos. Los primeros, por su impacto en el empleo, el cierre de sucursales y en la inclusión financiera. Los segundos, además, por la ofensa que la desaparición del Sabadell supondría para la sociedad catalana, además de por la pérdida de poder de decisión que implicaría para la región, agudizando el centralismo de Madrid, tal y como han criticado estas semanas los empresarios catalanes.

El peso político sobre esta operación empresarial se dejará notar sobre todo en el papel que puede jugar Junts en la decisión final, tras la polémica por el voto favorable a la operación del representante del partido en la CNMC, Pere Soler, pese a que el grupo se había mostrado en contra de la operación. «Creo que el Gobierno esperaba más apoyo de Junts, así que pensamos que la consulta pública ha sido también una forma de ganar tiempo para negociar con la formación», apunta un alto directivo del sector financiero, que apunta también a la importancia que tuvo en este proceso la decisión de Sabadell de regresar a Cataluña a principios de año. «El pensamiento es, si me das -por ejemplo- Presupuestos, Sabadell no se compra; si no me los das, no me voy a enfrentar con el BCE, que tiene mucho interés en que salga la operación».

La aritmética parlamentaria será, por ello y a juicio de diversas fuentes inmersas en el proceso, decisiva en la resolución final del Gobierno, que no puede prohibir la opa, pero sí imponer nuevos requisitos que la hagan menos atractiva para BBVA. Sí podría vetar la fusión, una decisión que tanto BBVA como Banco Sabadell esperan conocer antes de que se abra el periodo de aceptación para los accionistas, para que cuenten con toda la información sobre la mesa.

Si la oferta sigue adelante, el turno pasaría a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que es quien debe aprobar el folleto de la operación. Con nuevas condiciones o -algo menos probable- sin ellas. Esta última opción fue la que en 2011 se tomó para la fusión entre Antena 3 y La Sexta, cuando se flexibilizaron los requisitos impuestos por Competencia en base a criterios de interés general. Pero lo lógico es que se mantengan o se endurezcan; eso sí, a niveles asumibles por BBVA.

Fuentes del sector aseguran que la institución tiene ya muy adelantado el documento, aunque su decisión pasó por esperar a Competencia primero y al Gobierno después, para que en el mismo quede registrada toda la información. Si todo va según lo previsto y Moncloa apura los plazos, ese folleto se validará después del 27 de junio y, unos días después, empezaría el periodo de aceptación que la ley española permite que sea entre 15 y 70 días. No obstante, la SEC estadounidense eleva ese plazo mínimo a 30 días. Un factor que BBVA tendrá muy en cuenta al tener como prioridad evitar que ese periodo de votaciones se produzca en agosto, en plena época estival.