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El SEPE sufrió el martes de la pasada semana un ataque informático que ha bloqueado todo su sistema durante varios días. Un hecho al ... que no se había enfrentado anteriormente o no al menos no a uno de estas dimensiones, según ha transcendido. Una paralización que ha afectado a cientos de miles de s en el conjunto del Estado, especialmente a quienes pretendían solicitar una nueva prestación de desempleo contributiva o subsidio, y ha mantenido en jaque también a los 2,5 millones de parados que tienen derecho a cobro a final de cada mes, además de los 900.000 afectados por ERTE.
El ciberataque afectó a las 710 oficinas que prestan servicio presencial así como las 52 telemáticas, que no estuvieron operativas debido a un virus que atacó al sistema informático de la agencia de empleo, según informó en un comunicado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió al día siguiente «tranquilidad». Aseguró que no había «ningún riesgo» ni respecto a los datos de los s ni en relación a los derechos de los trabajadores e informó que se habían paralizado los plazos para solicitar prestaciones y que no habría problemas en su reconocimiento.
El SEPE ha ido restableciendo poco a poco desde este lunes la actividad empezando por las citas previas, así como por la tramitación de las nuevas solicitudes vía 'on line', ya en que las presenciales que ya estaban comprometidas se recogían los datos a mano y a partir de ahora se tendrán que informatizar.
Todo un bloqueo que en el caso de Euskadi ha tenido también una afección muy grande, ya que la gestión de las prestaciones contributivas las realiza el SEPE. Lanbide tiene transferidas las políticas activas de empleo; es decir, la formación, la intermediación laboral o la activación para el empleo, pero no tiene ninguna prerrogativa en materia de prestaciones.
De este modo, es el SEPE el encargado de gestionar las prestaciones de desempleo, subsidios a mayores de 52 años y también la Renta Activa de Inserción (RAI, además de las prestaciones de los ERTE. En el caso de Euskadi cada día gestiona una media de 4.130 solicitudes nuevas sin tener en cuenta los expedientes temporales. En enero –último mes del que se tienen datos– hubo 90.599 solicitudes, que hay que dividir entre 22 días hábiles. En Gipuzkoa ascienden a 30.737, lo que suponen una media de 1.397 diarias.
Estos son los que no han podido durante los primeros días de bloqueo realizar su solicitud. Pero como señalábamos antes, a ellos se une la incertidumbre de los 63.988 beneficiarios de prestaciones que hay en el País Vasco y que temen que se produzca un retraso en el abono de las mismas a final de mes. De ellas, 38.221 son contributivas, 22.983 de subsidio y 2.784 de RAI. En Gipuzkoa son 19.534 los que cobran dichas prestaciones.
El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha un plan de choque para recuperar la normalidad cuanto antes y no se demoren los abonos a final de mes. Ayer mismo confirmaban a este periódico que «no habrá retrasos en los pagos, ya que hay margen de días para restablecer la normalidad».
Desde UGT-Euskadi señalan que ha habido numeras consultas al respecto entre los afiliados entre quienes pretendían realizar una solicitud y han visto retrasadas las gestiones.
Pablo Berriotxoa, abogado experto en derecho laboral, que lleva su propio despacho en el barrio donostiarra de Gros, también constata ese retraso y no solo entre quienes pretendían realizar una nueva solicitud sino también entre aquellos que la habían tramitado pero todavía estaba sin resolver. Berriotxoa considera que se producirán demoras en los abonos por este motivo.
Raúl Arza, secretario general de UGT-Euskadi, explica que en Euskadi los plazos de resolución o reconomiento de las prestaciones son de 2,91 días, frente a los 7,39 del conjunto del Estado, con lo que en caso de producirse demoras serán más cortas.
Con todo, incide en que los programos informáticos del SEPE «están obsoletos y hay que invertir más en ellos y en ciberseguridad« y también en la necesidad de »aumentar las plantillas, que están desbordadas con los ERTE«. El Servicio cuenta en Euskadi con 362 empleados, tras sumar 45 el año pasado, de ellos, 23 en Bizkaia, 15 en Gipuzkoa y 7 en Alava. Pero en el conjunto del Estado, el SEPE se enfrenta a un problema de envejecimiento en su plantilla, ya que este año debe renovar al 25%, ya que de los 8.500 empleados, 2.2200 son temporales a los que se les acaba el contrato, y hasta 2022 se jubilan 2.267 trabajadores.
Euskadi sigue manteniendo un doble servicio de Empleo, el SEPE y Lanbide, que es el propio del País Vasco, que se creó una vez asumidas las políticas activas de empleo en 2011. Ambas coexisten además en las mismas oficinas, salvo alguna excepción, ya que el SEPE mantiene alguna propia. Con todo, no existen duplicidades, ya que cada uno tiene unas funciones diferenciadas. Así, mientras que el SEPE se encarga de todo lo relacionado con las prestaciones, es decir, el dinero, dicho en romano paladín, Lanbide lo hace de las políticas activas, lo que conlleva la formación de los desempleados y la de los ocupados, la activación para el empleo y la intermediación, entre otras cuestiones.
Esta fue una transferencia muy ansiada y reclamada durante muchos años, que finalmente se vio plasmada hace once años -con el Gobierno de Patxi López y con Gemma Zabaleta al frente de la consejería de Trabajo-, y que dio lugar a la constitución de Lanbide. El PNV siempre ha tenido en su horizonte el traspaso no solo de las políticas activas, sino también de las pasivas, es decir, de la gestión de las prestaciones, al igual que ocurre con las pensiones de la Seguridad Social. Pero se tuvo que conformar con las políticas activas, porque el Gobierno central siempre ha marcado una línea roja entre ambas.
Con todo, los jeltzales no tiran la toalla, aunque en los últimos años han centrado más su ofensiva política en la reclamación de la gestión de los recursos económicos de la Seguridad Social, sin romper la caja única, que es el gran tabú.
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