Mendaro albergará la sede del nuevo Consorcio Científico-Tecnológico Vasco

Y lo hará desde Mendaro, donde se ubicará su sede. En concreto, desde el número 10 del polígono industrial Kurutz-Gain. La elección de la villa chocolatera se debe, literalmente, a que «está lo suficientemente en el centro de Euskadi para que nos venga igual de mal a todos».

Así lo explicó -evidentemente, en tono humorístico- la consejera Arantxa Tapia la semana pasada a los representantes de los 16 centros que se sumarán a esa suerte de 'paraguas' de la innovación vasca que pretende también 'presumir' por todo el mundo de la potencia de tiro innovadora y de investigación del país. Una marca única con la que ir en el exterior al estilo (salvando las evidentes distancias) del Fraunhofer alemán o el RISE sueco. Y es que hablamos de un grupo que, sumadas sus partes, supera los 3.500 profesionales y roza los 290 millones de ingresos anuales, con datos del año pasado.

En esa cita, Arantxa Tapia desveló también uno de los secretos mejor guardados hasta entonces, el nombre que tomará el centro. Se llamará Consorcio Científico-Tecnológico Vasco/Basque Research and Technology Alliance, y será (según sus estatutos, a los que este diario ha tenido ) un ente de derecho público adscrito a la istración General de Euskadi y que no tendrá ánimo de lucro.

La denominación elegida tiene su importancia, ya que entre los compromisos que adquieren los socios tecnológicos de esta apuesta de país está la de incorporar el acrónimo BRTA o BRT Alliance a su propio nombre; a modo de apellido. Así, en algún momento veremos un Ceit BRTA, un Cidetec BRTA, CIC Biogume BRTA o un Tecnalia BRTA.

El carácter público viene determinado por el hecho de que la istración o istraciones tendrán siempre la mayoría del capital social y de derechos de voto del consorcio y, al tiempo, realizarán una aportación conjunta superior en cuanto al capital inicial. Los centros se subirán al barco mediante la firma de un convenio de veinte páginas en el que se determinan los ámbitos de actuación del consorcio, los fines y funciones del mismo y una serie de derechos y deberes mutuos.

Ese 'contrato' explica que el fin con el que surge el consorcio es el de «aumentar la eficiencia y orientación a resultados de los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación del País Vasco a través de la colaboración y la complementariedad». Y en virtud de ello, añade, las partes entienden que el BTRA «asegura la dinámica de cooperación y suma de masas críticas que la red necesita para atender a los retos de país y mejorar su posición internacional».

Serán el Gobierno Vasco y la Spri quienes, con un 50% y un 10% del capital, respectivamente, acompañen en primera instancia a los centros y los CICs en el consorcio, que se repartirán el 40% restante en función de sus ingresos por I+D o, dicho de otra forma, por su tamaño, con Tecnalia en primera y destacada posición.

¿Por qué no entran directamente las Diputaciones en el consorcio? Los estatutos dejan abierta la puerta a esa posibilidad de manera expresa. De hecho, ese es el plan, pero los gobiernos forales han de someter a sus respectivas Juntas Generales el paso, con lo que se prevé que ese trámite (y, por ende, la composición definitiva) se complete en los primeros meses de 2019.

En esa primera fotografía del BRTA, el Gobierno Vasco asume la obligación de aportar al mantenimiento de la estructura orgánica del consorcio 2.155.062 euros hasta el año 2022. La Spri hará lo propio con 431.012 euros. Los centros consorciados inyectarán 1.724.050 euros en el citado periodo. Cuando las JJGG de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava den el 'OK', se reordenará la participación pública y los tres territorios entrarán en el BTRA (con un 3,5%, un 5% y un 1,5%, respectivamente). Ese 9% saldrá del paquete de la Spri, que se quedará con un 1%.

Según detalla a este diario la viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, Estíbaliz Hernáez, «el consorcio busca la colaboración entre sus para, entre otros asuntos, articular las capacidades científico-técnológicas de los agentes a través de la coordinación, la planificación y el seguimiento de su actividad».

La promoción internacional es casi una obsesión para el departamento de Tapia, que en numerosas ocasiones ha subrayado la conveniencia y la oportunidad de «sacar pecho» en Europa de la excelencia de nuestros centros tecnológicos.

Hernáez repasa el cometido y las funciones del consorcio e insiste en esa labor de «canalización» de las capacidades de los consorciados para que, «sin perder soberanía, por supuesto», puedan colaborar de un modo más «coherente».

Entre las funciones del BRTA (para el que se está buscando un logo y una imagen corporativa) estarán, apunta la viceconsejera, las de «formular su agenda de investigación de manera coordinada con los consorciados para evitar que cada uno vaya por su lado» o la de «analizar, coordinar y en su caso proponer y aprobar (si superan el millón de euros) aquellas inversiones en infraestructuras singulares (equipos) que se vayan a adquirir con fondos públicos».

«Se trata de facilitar, de ayudar, de evitar duplicidades más que de fiscalizar», matiza, en un mensaje que recuerda al tantas veces escuchado a Tapia de «esto no es una fusión». El máximo órgano de gobierno del consorcio (que apenas tendrá personal) será la asamblea general.