Bruselas fuerza al Gobierno a someter a la reforma de las pensiones a una nueva revisión

Con el aval de la Airef, se presuponían por delante tres años de tranquilidad para el Ejecutivo de Pedro Sánchez –que atraviesa un momento crítico–, pero también para los más de nueve millones de pensionistas. Sin embargo, el Gobierno se ha visto forzado por la Comisión Europea a dar marcha atrás, se enmienda a sí mismo, cambia las reglas de juego porque los organismos competentes decían que no servían para medir la sostenibilidad del sistema y las pensiones tendrán que someterse a una nueva evaluación dentro de poco más de un año, en junio de 2026, según confirmó el Ministerio de Seguridad Social a este periódico. De esta forma, se abre la puerta a tener que activar la cláusula de salvaguarda e incorporar nuevas medidas para cuadrar unas cuentas que siguen en números rojos.

«En línea con las recomendaciones de la Airef y de la Comisión Europea, el Gobierno, en un ejercicio de responsabilidad y transparencia, pedirá a la Airef un informe adicional en junio de 2026», argumentaron fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz.

Así, nuevamente será la Autoridad Independiente la que se encargará de elaborar el nuevo informe en el que ya se tienen que tener en cuenta las revisiones del PIB y en el que las transferencias que todos los años inyecta el Estado para pagar las pensiones –porque no llega con la recaudación de las cotizaciones– no tienen por qué considerarse ingresos del sistema, un 'maquillaje contable' que ideó el ministerio para lograr mejores resultados en el primer gran test de la reforma y que no vio con buenos ojos Bruselas.

Desde el ministerio, no obstante, recalcan que no se trata de «un nuevo examen» ni supone «una nueva evaluación», sino que es un «ejercicio de transparencia que pretende reforzar la confianza en la sostenibilidad del sistema», pero los propios sindicatos reconocen que si este informe concluye que el sistema se encamina hacia la insostenibilidad, «no se puede obviar y algo habrá que hacer».

En realidad, la Airef le dio el 'aprobado' a la reforma pero con la boca pequeña, obligada en realidad por la regla de gasto que había impuesto el Ejecutivo y que, a su juicio, no sirve para medir si el sistema es sostenible. «La regla de gasto tiene muchas debilidades y limitaciones para que pueda ser considerada un indicador de sostenibilidad», repitió su presidenta, Cristina Herrero, partidaria de incluir más medidas.

Por ello y por la presión de Bruselas, el Gobierno ha diseñado un proyecto de real decreto que corrige al de febrero y en el que incorpora varias recomendaciones de la Airef, como no considerar a las transferencias ingresos, y permitirá al organismo tener en cuenta las revisiones y datos de crecimiento y empleo más recientes.