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La nueva regulación del teletrabajo aprobada este martes por el Gobierno Vasco, vía decreto, y que cuenta con el rechazo de todos los ... sindicatos, abre la posibilidad de acceder a esta modalidad a un mayor número de empleados públicos vascos, ya que se extiende a todos los entes, organismos y sectores, como son Educación, Salud, Seguridad y Justicia, pero en la práctica se va a reducir mucho su aplicación ya que establece una serie de requisitos.
Así, no podrán acogerse los puestos de trabajo cuya prestación efectiva solo quede garantizada con presencia física del empleado en el centro de trabajo. Asimismo, quienes quieran acogerse a esta modalidad de trabajo deberán acreditar un conocimiento suficiente de su puesto gracias a haber acumulado una experiencia total de al menos un año en esas funciones durante el último lustro. A ello se añaden otras cuestiones como acreditar competencias digitales necesarias y tener la formación de teletrabajo.
Todas estas exigencias reducen mucho el potencial de empleados públicos que puedan acogerse finalmente al teletrabajo. Ni desde el Departamento de Gobernanza y Autogobierno del Ejecutivo vasco se atreven a aventurar una cifra, ni desde las organizaciones sindicales.
En la actualidad son 900 los empleados públicos vascos que están teletrabajando en base a una regulación que data de 2012 y que fue pionera en el Estado, según indican desde la consejería. Una cifra que se espera sea mayor, ya que en estos momentos está limitada de facto a la istración General vasca, a alguna sociedad pública y de forma muy residual en Osakidetza, ya que en Educación no hay nadie, según explican desde ELA.
El decreto recoge unos mínimos comunes, ya que deja en cada departamento o área de la función pública la decisión para conceder un permiso que debe ser expreso, voluntario y que en ningún caso tendrá carácter irreversible. Será en ese foro en el que se establezca el listado de puestos de trabajo que son susceptibles de acogerse a esta modalidad. Eso sí, habrá especial sensibilidad hacia aquellas personas que lo soliciten por motivos de salud o que tengan la condición de víctimas de violencia de género o acoso sexual.
En cualquier caso los empleados públicos podrán acogerse dos días a la semana y en algunos casos, si la actividad lo permite se podrá ampliar. Esto no varía respecto a la regulación actual. Y de hecho es más restrictiva que la del Estado, que permite teletrabajar tres días a la semana.
Desde ELA critican que no se garantiza el derecho al teletrabajo porque estará «al albur de la decisión del supervisor». Añade que es «discriminatorio porque el requisito de antigüedad tiene un mayor efecto limitador sobre las mujeres» y apunta que se hace desde la «desconfianza, porque se prevén mecanismos de control exhaustivos y pocos medios adecuados para su desarrollo».
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