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josé domínguez
Miércoles, 2 de junio 2021, 10:35
En Euskadi, tener un piso vacío durante más de dos años ya no será fácil. Además de ser gravado con un canón, las instituciones ( ... locales o autonómicas) podrán obligar al propietario de ponerlo en alquiler en incluso se lo pueden expropiar forzosamente la propiedad. Tendrán que darse, eso sí, unas condiciones muy concretas. Esta importante novedad será una realidad cuando entre en vigor el decreto que regulará la vivienda deshabitada en Euskadi, «varios días después» de que el próximo martes lo apruebe el Consejo de Gobierno del Ejecutivo, según han confirmado fuentes del departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.
Las mismas fuentes puntualizan que la norma es «muy garantista» a la hora de intervenir en una propiedad privada. Por eso, para llegar a estas medidas límite antes tendrían que conjugarse varias situaciones como, además de quedar demostrado que en el inmueble no reside nadie desde hace más dos años por causa injustificada, en el entorno donde está ubicado existe una demanda de pisos públicos en renta protegida de más de 100 personas. Y además, es imprescindible que los precios de la renta en el entorno superen al menos en un 10% la media del municipio en cuestión.
Así lo remarca el artículo 25 del decreto, que determina que, para iniciar cualquier procedimiento de alquiler o expropiación forzosa, primero debe aprobarse un expediente que concrete si la zona del municipio donde se ubica el inmueble es de «acreditada demanda y necesidad de vivienda». «Una vez entre en vigor esta regulación, cada ayuntamiento deberá establecer un mapa municipal que determine estas posibles áreas», añaden las mismas fuentes. Eso significa que, por ejemplo, y además de que antes el inmueble debe haber sido inscrito en un registro de inmuebles vacíos, si en los últimos dos años en las listas de Etxebide no hay más de un centenar de inscritos interesados en vivir en ese ámbito (y que no han podido ser alojados en viviendas del parque público), no se puede seguir adelante con el proceso.
Este expediente de declaración de acreditada demanda y necesidad de vivienda se incoará por orden del máximo responsable de la consejería ahora encabezada por el socialista Iñaki Arriola. Y, si bien el departamento podrá plantearlo «de oficio», se espera que sean los ayuntamientos afectados los que procedan a su presentación. El Gobierno vasco tendrá seis meses para adoptar una resolución y, de no hacerlo en ese plazo, también se paralizaría el proceso de alquiler o expropiación forzosa.
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