«Ha sido un calvario conseguir esta ley»

Han sido muchos viajes en autobús a Madrid, reuniones con todos los partidos políticos, llamadas de atención en medios de comunicación para que su lucha no cayera en el olvido. Y Jon García, portavoz de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie), siente «una satisfacción personal enorme» que comparte con el resto de asociaciones del Estado. Tras muchos años, el Senado aprobará hoy definitivamente la ley que creará un fondo de compensación para las víctimas del amianto, que en pocos días se publicará en el BOE. «Será ley, será universal, y elimina una injusticia que estaba sin resolver», destaca García.

El camino hasta llegar aquí ha sido «un calvario», reconoce, «muchas veces he pensado que no íbamos a conseguir esta ley». El de hoy es el último paso para conseguir este «hito», pero Jon García advierte de que aún queda mucho trabajo que hacer en la materialización de esa ley. «Después de su publicación oficial hay un plazo de tres meses para redactar su reglamento, y ahí nos jugamos mucho». Lo más importante, las cuantías a recibir, lo cual quedará en manos del Gobierno y de la Seguridad Social, que será la encargada de gestionar las compensaciones. Las asociaciones les instan a que se basen en las sentencias que existen sobre estos casos o en ejemplos como el fondo para trabajadores del Metro de Madrid. «Sería una pena llegar hasta aquí y que luego las cuantías no sean suficientes y quedarnos con la miel en los labios», apunta el portavoz de Asviamie.

El fondo, de 25 millones de euros, fue aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 13 de julio, y desde entonces los plazos se han adelantado para que el Senado dé la luz verde definitiva para convertirlo en ley. Para Jon García, lo más importante es que «va a cubrir a todas las personas, es un fondo universal» que va a permitir compensar a aquellos trabajadores cuyas empresas han quebrado o cerrado y a las que ya no pueden denunciar, «que son muchos, porque las enfermedades causadas por el amianto tardan años en desarrollarse y muchos son ya pensionistas». El fondo también llegará a las víctimas medioambientales, «que aunque aún son una minoría, miedo nos da que vayan a aumentar» en la medida, señala, en que «no se elimine el amianto de nuestras casas, nuestras ciudades y polígonos industriales».

Va a ser por tanto un fondo «universal» que se va a convertir en «un paraguas para todos los afectados». No obstante, García reconoce que las asociaciones tienen todavía el «reto» de visibilizar y concienciar sobre los efectos del amianto, «porque la gran mayoría de los afectados no saben que es la causa de su enfermedad y la posterior muerte». Un ejemplo es el cáncer de pleura, cuya causa es la exposición al amianto. García señala que «solo el 10% de quienes lo padecen han conseguido obtener la enfermedad laboral». El reto, asegura, es dar a conocer este problema principalmente fuera de Euskadi, donde existe un mayor desconocimiento.

Euskadi ha sido de hecho el motor impulsor de esta ley, ya que fue el Parlamento Vasco el que llevó la propuesta legislativa al Congreso. «Es un hito a nivel institucional, nunca se había conseguido sacar adelante una ley impulsada desde el Parlamento Vasco», dice el portavoz de Asviamie, que destaca la unanimidad que también ha encontrado entre todos los partidos que forman las Cortes. «En momentos de confrontación en los que hay tantos problemas para lograr acuerdos entre partidos, hemos conseguido que nadie se oponga a esta ley. Incluso Vox ha votado a favor».

Por los plazos estimados, a principios del año que viene las personas afectadas ya podrían realizar las primeras solicitudes para recibir una compensación, que desde las asociaciones trabajarán para que tengan «algún tipo de retroactividad». Esas prestaciones llegarán «en un plazo no superior a seis meses», y por tanto, mientras los afectados aún viven, «no como ocurría hasta ahora, que la mayoría llegan una vez han fallecido». Y sin tener que recurrir a largos litigios judiciales contra las empresas.

Además, una vez se apruebe la ley y se elabore el reglamento, se creará una comisión del amianto formada por sindicatos, asociaciones y el Gobierno español. El objetivo para García es que dicho organismo «tenga funcionamiento real y ágil, con una periodicidad de reunión mínima de dos veces al año, no que se cree y no funcione». García recuerda que el 78% de los casos de cáncer profesional reconocidos en Europa están relacionados con el amianto. Además, se calcula que en la actualidad entre 4,1 y 7,3 millones de trabajadores están expuestos actualmente a este material, el 97% de ellos en la construcción.

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