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El coche que circuló en dirección contraria acabó chocando contra una ambulancia. Arizmendi

Dos juicios con jurado popular en mayo: un kamikaze y el asesinato de una anciana

La Audiencia juzga este mes el caso del accidente con dos fallecidos en la AP-8 en Usurbil en 2017 y el de la cuidadora acusada de matar a una mujer en Zumaia en 2020

Aiende S. Jiménez

San Sebastián

Martes, 30 de abril 2024, 06:36

El mes de mayo que está a punto de arrancar llega al plano judicial con dos casos que serán juzgados mediante un tribunal popular. Se trata del accidente en el que un kamikaze causó dos muertos en la AP-8 en Usurbil en 2017, y de la muerte de una anciana en Zumaia en 2020, en el que su cuidadora está acusada de asesinarla. Ambos se celebrarán en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

El primer caso está señalado a partir del 17 de mayo. Un conductor está acusado de un delito contra la seguridad vial, dos de homicidio y dos de lesiones, y se enfrenta a una petición de cárcel de 14 años. Los hechos ocurrieron la madrugada del 11 de febrero de 2017, sobre las 6.20 horas. En un mismo coche iban montadas seis personas, que tras pasar la noche de fiesta se montaron en el vehículo para regresar a Bilbao. En un momento dado durante el trayecto, el conductor se incorporó a la AP-8 en dirección contraria y condujo durante 8,4 kilómetros, hasta que chocó violentamente contra una ambulancia. Dos jóvenes, un marroquí de 23 años y una brasileña de 27, murieron en el acto. El resto de ocupantes aseguraron que no se dieron cuenta de que iban en dirección contraria. Ocho personas resultaron además heridas en el siniestro.

El otro caso que es el de un presunto asesinato ocurrido en Zumaia en noviembre de 2020, y está previsto que el juicio arranque el 31 de mayo y se prolongue los primeros días de junio. La Fiscalía pide para la acusada 22 años de prisión. La víctima era una mujer de 91 años a la que cuidaba, y que falleció en casa. Aunque en un inicio se pensó que se trataba de una muerte accidental, la autopsia desveló que había muerto asfixiada. El Ministerio Público considera que la encausada le tapó la cara con un objeto «irregular», posiblemente una almohada, hasta la muerte. Además, en la casa en la que residía la mujer se encontraron restos de sangre en distintas estancias, como la cocina o el baño.

La Fiscalía asegura además que se pudo constatar que la acusada llevó a cabo una «manipulación de la escena, con limpieza de la fallecida y del entorno» antes de que llegasen los servicios de emergencia, lo cual «limita y dificulta la interpretación de los posibles indicios existentes en el lugar».

Además de estos casos, la Audiencia trata de fijar una fecha para otras dos causas con jurado popular. Una es la del crimen de Aintzane Pujana, en el que hay dos jóvenes acusados de matarla y prostituirla, y que se celebrará a principios de otoño. El otro es el segundo juicio por la muerte de Santi Coca contra el acusado que estuvo huido durante más de un año. El tribunal provincial espera celebrarlo antes de que termine este año.

Dos condenados

Por otro lado, los dos juicios con jurado popular celebrados en la Audiencia de Gipuzkoa hasta el momento se han saldado con sentencias condenatorias. En el primer caso no fue necesario ni constituir el tribunal, ya que las partes llegaron a un acuerdo por el que se impuso al acusado una pena de 6 años de prisión por matar a un hombre a golpes en una txabola de Altza, en Donostia. El acusado, un donostiarra de 35 años, fue condenado por un delito de homicidio en el que se aplicaron dos atenuantes. Por un lado la de reparación del daño, ya que tanto él como su familia indemnizarán a los allegados de la víctima con 59.000 euros, y por otro la de intoxicación de consumo de estupefacientes, asociada al trastorno mental que tiene diagnosticado, ya que en el momento en el que ocurrieron los hechos había consumido alcohol y drogas.

El otro juicio sí se celebro, el del caso del hombre conocido por la 'casa de los horrrores' de Donostia, juzgado por allanar la casa de su expareja a pesar de tener una orden de alejamiento vigente. El jurado popular le encontró culpable, y la Audiencia le condenó a un año de cárcel como autor de un delito de allanamiento de morada y a un año más como responsable de un delito leve de coacciones agravadas.

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