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Muchos se habían quedado en el limbo de Etxebide. Solicitantes de una vivienda pública, en alquiler, que debido a que sus ingresos superan los 21. ... 000 euros no son prioritarios a la hora de acceder a un piso protegido y tienen que exprimir al máximo su economía familiar para poder pagarse un alquiler en el mercado libre. En concreto, el Departamento de Vivienda calcula que son unas 7.500 las familias que se encuentran en esa situación, y con el fin de encontrarles una salida habitacional «asequible», en próximos meses se aprobará una nueva orden para favorecer su a pisos de alquiler con rentas inferiores a las del mercado.
La iniciativa, explica el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui, está todavía en fase de contraste con Hacienda y con los promotores privados de vivienda, que son los que deben implicarse en este programa. Pero el objetivo es que en el próximo trimestre se pueda aprobar la orden que regule este nuevo programa de fomento del alquiler de larga duración, pensado para esas personas con ingresos de hasta 39.000 euros inscritas en Etxebide.
«El 80% de los solicitantes de vivienda pública quieren alquiler, y de ellos el 56% tiene menos de 12.000 ingresos y el resto supera ese umbral», explica Jáuregui. El techo para ser considerado de especial vulnerabilidad y con necesidad de atención prioritaria, a quienes van destinadas tanto las viviendas sociales como el programa de alquiler público Bizigune.
«Todo el esfuerzo público va dirigido a ese colectivo», explica el viceconsejero, tanto a la hora de conceder ayudas como a la hora de promover vivienda pública. Y por eso, esta nueva iniciativa se sustenta en la colaboración con las promotoras privadas. «Se trata de que en los suelos calificados de VPO que están en manos de promotores privados -como grupos de inversión-, se construyan viviendas de alquiler en lugar de compra. Es el 'build to rent' que ya se impulsa en otras ciudades pero que todavía aquí no ha llegado», indica Jáuregui, quien recuerda la escasez de esta oferta inmobiliaria sobre todo en las capitales vascas y en las localidades de los cinturones metropolitanos.
7.500 familias vascas se encuentran apuntadas a Etxebide con ingresos superiores a 21.000 euros.
7-8 euros el metro cuadrado será el precio máximo para las rentas, según cada nivel.
El borrador de la orden, que ya ha sido trasladado a la iniciativa privada para su contraste, plantea el impulso de alquileres «asequibles» de larga duración, hasta 20 años, para solicitantes de Etxebide del tramo de ingresos de 21.000 a 30.000 euros, y de 31.000 a 39.000 euros -el tope para inscribirse-. Las promotoras obtendrán «condiciones favorables», incluso ayudas a fondo perdido, para que les sea rentable esta propuesta y se sumen a ampliar y diversificar la oferta del alquiler. «Ellos serán los que adjudiquen las viviendas entre los s de Etxebide, y el Gobierno Vasco visará los contratos», indica Jáuregui, quien recalca que son alquileres de larga duración y cree que la fórmula es suficientemente garantista -tendrán inquilinos asegurados, algo que ahora a veces no pasa con promociones de compra- y «concede incentivos» a las empresas, como para que salga adelante.
Los inquilinos abonarán una renta máxima que se calculará en función de los precios del mercado, estimados a través de la EMA -la estadística que hace la media por localidades de contratos en el mercado libre-.
«Entre 21 y 30.000 euros, no podrán superar 7 euros/metro cuadrado construido, o el 70% del precio medio de la EMA; y en el nivel de 31 a 39.000 euros, serán 8 euros/m2 o el 80% del precio de la EMA», avanza el viceconsejero. Con una excepción, Donostia, Bilbao y Getxo, las tres ciudades con alquileres más caros (10 euros/m2) donde la renta se podrá elevar un poco más, hasta 7,5 euros/metro en un caso y 8,5 en el otro. «Se aplicará el más bajo de los dos índices -indica Jáuregui- y las rentas se actualizarán con el IPC».
Esta iniciativa, que podrá aplicarse tanto en nueva vivienda como en promociones ya edificadas, pretende atender también a ese colectivo «al que ahora no llegábamos» y dar otro paso para aliviar «el horroroso problema del alquiler», como ocurre en Donostia.
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