Biurrun prevé una «litigiosidad importante» este otoño en Euskadi en la jurisdicción Social y de Familia

La presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biurrun, espera una «litigiosidad importante» este otoño en Euskadi en la jurisdicción Social y de Familia, y ha señalado que la extensión de los ERTEs hasta el próximo 30 de septiembre «está conteniendo, de alguna manera, que la situación cambie y pueda abrirse una espita de problemas de despidos o extinciones de trabajo«.

En una entrevista a Radio Bilbao, la también presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV ha manifestado que cree, además, «muy posible» que las medidas adoptadas por el Departamento de Educación para garantizar la vuelta a las aulas pueda tener «también repercusión judicial», como ha ocurrido con normativas acordadas para ámbitos como la sanidad, policía o residencias.

Según ha indicado, «los trabajadores de determinados centros pueden recurrir por considerar que no se cumplen sus derechos fundamentales y que, incluso, la prevención de riesgos laborales, no está siendo la adecuada». «Todas las medidas pueden ser objeto de control judicial, otra cosa distinta es que se impugnen o no«, ha subrayado.

Por otro lado, ha afirmado que la situación de los juzgados de lo Social en Euskadi «no es tan mala como se pudiera pensar», aunque ha advertido de que «hay que relativizar mucho, porque aún no ha finalizado el mes de agosto, y septiembre puede ser algo distinto».

En ese sentido, ha dicho que la extensión de los ERTEs hasta el próximo 30 de septiembre «está conteniendo, de alguna manera, que la situación cambie y pueda abrirse una espita de problemas de despidos o extinciones de trabajo«.

Así mismo, ha dicho que «todavía la dinámica de las reclamaciones en las demandas en materia Social, por la suspensión de plazos que hubo hasta principios de junio, no se ha retomado», pero «el otoño puede ser como habíamos presumido en su día, que fuera un otoño en el que el incremento de la ligitiosidad fuera claro, pero todavía no se ha producido«.

Biurrun ha manifestado que «se espera que haya litigiosidad importante en la jurisdicción Social» y cree que «también podría haberla en la de familia, porque limitación de la libertad de circulación durante la pandemia ha generado muchos problemas en el ámbito de las relaciones de familia, como divorcios, separaciones, y en su relación con las visitas a los hijos«.

También considera que puede verse «hipotéticamente incrementada la litigiosidad» en la jurisdicción Contencioso-istrativa, en la que las multas impuestas durante la pandemia, «si es que se materializan definitivamente, podrían ser impugnadas».

Por otro lado, ha pedido al nuevo Gobierno Vasco que «continúe, e incluso incremente, su colaboración con la justicia, porque es su obligación». «Es obligación del Gobierno Vasco dotar de todos los medios materiales y personales necesarios, salvo el del rango judicial, para que se pueda responder con agilidad, y eficacia, y para que se pueda teletrabajar«, ha aseverado.

En ese sentido, ha criticado que, durante la pandemia, «no se ha podido teletrabajar en Euskadi, a diferencia de otras muchas comunidades autónomas, porque no teníamos los medios«.

En cualquier caso, ha reconocido que en los últimos meses la colaboración con el Departamento vasco de Justicia ha sido «muy estrecha« y, según ha dicho, no tiene »duda de que así vaya a serlo, porque así debe ser«. »Doy por hecho que el nuevo gobierno que se forme, y concretamente la Consejería de Justicia, será tan responsable como debe serlo«, ha añadido.

También se ha referido a las críticas contra las decisiones judiciales ante normativas y medidas acordadas por las instituciones contra el covid-19, como el cierre del ocio nocturno en Euskadi. En concreto, ha respondido a las declaraciones del alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, reprochando al Tribunal Superior que anulara el límite al ocio nocturno en las 'no fiestas' de San Sebastián, tras aumentar los contagios de covid-19 durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto.

Garbiñe Biurrun ha considerado que «las propias palabras del alcalde revelan un desahogo» por su parte, a la vez que ha calificado de «injustas» las críticas del primer edil donostiarra, ya que, «de alguna manera, responsabiliza a una resolución judicial de que se hayan producido unos determinados efectos negativos».

Así mismo, ha señalado que el alcalde de San Sebastián «desconoce o no quiere saber en ese momento cómo funciona un estado de derecho y cuál es el papel de los tribunales de control de determinadas decisiones istrativas«, en concreto, de la orden de la Consejería de Salud limitando los horarios de ocio nocturno.

Tras reconocer que las críticas «son legítimas», ha defendido que la resolución del TSJPV «es motivada y, se compartan o no, se explican detalladísima y amplísimamente las razones que han llevado al tribunal a adoptar esa decisión«.

Además, ha recordado que el pasado jueves el TSJPV ha rechazado suspender el cierre del ocio nocturno decretado por orden de la consejera de Salud, Nekane Murga, del pasado 19 de agosto, de forma que desestima la pretensión de las asociaciones de hostelería de Bizkaia y Gipuzkoa de que se adopten medidas cautelares para suspender algunas medidas establecidas en esa orden.