Un cambio escondido en los estatutos del PSOE puede librar a Gallardo de renunciar al cargo

El código ético del PSOE establece desde 2014, cuando Sánchez asumió por primera vez las riendas de la formación e impulsó su aprobación, que si a un cargo del partido se le abría juicio oral, debería solicitar la baja voluntaria como afiliado y dimitir. «En caso contrario, podrá ser suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso -añadía- expulsado del partido, cuando el procedimiento se siga por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral».

El texto iba más allá y advierte de que también los imputados deben informar de su causa a la dirección del partido para que esta la que decida, en función de la gravedad de los hechos que se les adjudique, si toma o no «alguna medida estatutaria». A instancias de Sánchez, incluso se añadió otra exigencia: no solicitar el indulto cuando en caso de condena por esos mismos delitos graves. Aunque este último compromiso no aparecía ya en el código de conducta vigente hasta 2023 y ahora superado.

En aquellos años -en los que tanto el PSOE como el PP recibieron la sacudida de la 'nueva política' y vieron amenazada su hegemonía por Podemos y Ciudadanos- el hoy presidente del Gobierno había hecho de la «limpieza» uno de sus principales lemas . Tanto él como la líder del partido en Andalucía, Susana Díaz, apretaron para que se tomaran decisiones todavía más drásticas de lo fijado en la normativa interna, por ejemplo, con los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que acabaron renunciando a sus cargos institucionales, como diputado y senador, tras apuntar el juez a su imputación en el caso de los ERE.

Pero las cosas han cambiado. Y mucho. En el último congreso federal celebrado hace unos meses en Sevilla, convertido en una suerte de fortín frente al «asedio judicial» del que los socialistas dicen ser víctimas, Chaves y Griñán fueron ya ovacionados y recibidos con honores, previa anulación de sus condenas en el Tribunal Constitucional. Pero, además, sin darle publicidad alguna, se modificaron los estatutos para añadir una disposición adicional, la sexta, que ofrece una vía de escape a Gallardo o, eventualmente, a cualquier otro cargo socialista que se proclame víctima de una maniobra política.

Sánchez lleva más de un año, desde que el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, denunciando una cacería de la derecha y la ultraderecha. Y en ese marco encaja el nuevo texto en el que se establece que la Comisión de ética y garantías garantizará el cumplimiento de los «altos valores éticos» del partido entre la militancia y los cargos, pero «conjugándolo con la defensa de estos frente al uso de instrumentos jurídicos para conseguir finalidades políticas, dentro de los límites establecidos en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos».

En la práctica, según fuentes de la dirección, esto significa que en caso de que se rechace el recurso de la fiscalía y se confirme la apertura de juicio oral al líder extremeño, éste podría dirigirse a la citada comisión para solicitar que deje en suspenso su obligación de renuncia hasta que concluya el juicio apelando a que está siendo víctima de una causa política e injusta.