El 99% de los etarras que ha pedido su traslado a las prisiones vascas lo ha logrado

Estos registros, conocidos gracias a una pregunta parlamentario del Partido Popular (PP), revelan que el grueso de esas aprobaciones a de la banda terrorista se produjo durante el Gobierno de Iñigo Urkullu, cuando el Departamento de Justicia dependía del PNV. Primero de Beatriz Artolazabal y después de Nerea Melgosa.

Según los datos ofrecidos por Justicia, un total de 907 delincuentes comunes vinculados a Euskadi e internos en cárceles del resto de España han remitido un escrito formal para su reubicación en Zaballa, Basauri o Martutene. Sólo 223 recibieron la autorización, un 24%. Abogados consultados por este periódico confirman esta tendencia.«Tengo un cliente de origen extranjero en situación irregular pero que toda su familia vive en Euskadi. En la actualidad, sus parientes tienen que desplazarse a Cataluña para verle», traza un letrado. Otros solicitantes de similar perfil aguardan noticias en centros penitenciarios de Castilla y León, Galicia o Madrid.

Respecto a esta situación, Justicia –ahora liderada por la socialista María Jesús San José– apela a un «arraigo» que se valora de forma personalizada. El factor determinante es «la vinculación familiar». Cuentan con «preferencia» quienes tienen hijos en Euskadi, seguidos de los que están casados o con pareja estable y, por último, aquellos con padres o hermanos. «Se valora así la acogida que puedan proporcionarles a la hora de facilitar las salidas y su reinserción social».

En segundo lugar, siempre según Justicia, surge el entorno social. Se refieren a las «relaciones de amistad». Los internos que «lleven más tiempo fuera» tienen prioridad. Entre los etarras presos, el periodo entre rejas suele ser, en muchos casos, más alto que el del resto de la población reclusa.

El Departamento de Justicia valora en sus análisis «si existen incompatibilidades entre los solicitantes y las personas internas que están cumpliendo condena en alguno de nuestros centros penitenciarios». El quinto punto de esta escala de clasificación atañe a «las posibilidades reales de reinserción». Es decir, un recluso «que va a acceder al tercer grado (una semilibertad) tendrá prioridad».

En estos tres años y medio de gestión, el Gobierno Vasco ha estudiado 1.015 solicitudes de traslado. En la actualidad, y tras el fin de la dispersión, no está tramitando ninguna petición de etarras. En noviembre, este mismo organismo adujo que «la capacidad operativa de las cárceles vascas no permite por el momento aceptar todas las propuestas de traslado de las personas que cumplen condena fuera de esta comunidad». El 31 de enero, la población reclusa en el País Vasco ascendía a 1.702 personas, que no supone el 100% de su capacidad.