La jueza que investiga al número dos de Interior con Rajoy indaga el robo de datos de entes públicos

Los detalles de la investigación se encuentran bajo secreto, pero según fuentes de la Audiencia Nacional los detenidos están investigados por delitos de blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos (por allanamiento o intrusismo en un sistema informático), apoderamiento y cesión de datos reservados y organización criminal.

Estas pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia de una institución pública que sufrió un ilícito a sus servicios informáticos, lo que originó la exfiltración masiva de datos personales de titulares de líneas de teléfono móvil. De lo conocido hasta el momento se desprende la existencia de una organización criminal «que ha desarrollado una infraestructura tecnológica sofisticada y altamente compartimentada, diseñada para maximizar la extracción, almacenamiento, procesamiento y explotación de los datos que obtenían de forma ilícita, minimizando su exposición jurídica y operativa».

La información sustraída se conseguía mediante ciberataques e intrusiones informáticas reiteradas que se planificaban contra sistemas de organismos públicos y privados y que han sido ejecutadas de forma sostenida durante años. Los entes afectados son empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas. A partir de esa acumulación progresiva de datos, la organización elaboraba perfiles detallados de personas e instituciones con el objetivo de maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de "información sensible".

Esta capacidad "les permitía elaborar perfiles completos, cruzar información en tiempo real y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros, que accedían a través de un bot cifrado en una conocida red social". Toda la operativa, sostiene la Policía Nacional, "estaba alojada en servidores distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad".

Los investigadores aseguran que "la estructura criminal operaba como una auténtica red de inteligencia privada, con funciones claramente diferenciadas". Entre las mismas se encontraban la istración tecnológica, el desarrollo de herramientas de anonimato, la gestión financiera a través de criptoactivos, el asesoramiento jurídico, la expansión internacional y la comercialización en mercados oscuros.

Según la Policía, "uno de los logros más importantes de esta operación ha sido la intervención y recuperación de la infraestructura tecnológica de la red, ya que los investigadores consiguieron identificar y desmantelar los servidores principales, así como recuperar las bases de datos alojadas en la nube".

La red habrá instrumentalizado "sus relaciones personales y profesionales para presentarse como un entorno legítimo de asesoramiento tecnológico, blanqueando su operativa mediante estructuras societarias y servicios de consultoría que facilitaban su inserción en entornos económicos e institucionales".

Fuentes de la defensa de Francisco Martínez indicaron que fue abogado de Alcasec cuando este era menor de edad. En concreto, el que fuera número dos de Interior habría constituido dos sociedades para el hacker a cambio de 1.500 euros. En esta línea, apuntaban que el papel de Martínez únicamente se habría limitado a la constitución de esas sociedades, que supuestamente no habría istrado ni gestionado. Tampoco se habría ocupado de la contabilidad. Este jueves comparecerá ante la jueza María Tardón.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y ha contado con la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional. Este procedimiento ha sido apoyado por las autoridades judiciales de Andorra y Suiza, donde se podrían encontrar los beneficios económicos ilícitos obtenidos por esta trama.