Es el llamado informe Colombo. Un documento de 261 páginas que fue registrado el 14 de mayo de 2014 por la Unidad de Asuntos Internos ... de la Policía en la Fiscalía Anticorrupción. Un trabajo del departamento que se ocupa de investigar las corruptelas dentro del cuerpo. Este material, que nunca fue judicializado por el Ministerio Público, ha vuelto a ver la luz con la irrupción en la agenda política de Leire Díez. La exmilitante del PSOE que entregó la pasada semana al partido una memoria electrónica «con unos 2.000 documentos» que ha ido recopilando desde 2019 en el marco de una «investigación periodística», según ha venido explicando en sus intervenciones públicas.
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El informe Colombo, por lo tanto, es una parte de este material sobre las «cloacas del Estado» que ya estudia la Fiscalía General del Estado, una vez que los servicios jurídicos del PSOE pusieron el 'pendrive' en sus manos. El documento, al que ha tenido este periódico, se refiere a actividades ilegales de jefes de la Policía anteriores a 2014, en lo que se podría denominar el germen de las operaciones llevadas a cabo en Cataluña bajo el paraguas del Ministerio del Interior en el Gobierno de Rajoy (2011-2018).
Es decir, este informe muestra el comienzo de una forma de trabajar de funcionarios al margen de la ley que, en mayo de 2014, no se decidió cortar por lo sano. La Fiscalía Anticorrupción, entonces dirigida por Antonio Salinas, prefirió mirar para otro lado y dos de sus fiscales de cabecera, pese a la promesa de llevar el documento al juzgado, lo guardaron en un cajón.
«Quizá por presiones de arriba y para evitar meterse en líos», comentan fuentes conocedoras de cómo se enterró este trabajo del Grupo 5 de Asuntos Internos, la unidad dirigida por el comisario Marcelino Martín Blas. En ese periodo el fiscal general del Estado era Eduardo Torres-Dulce, propuesto por el Ejecutivo del PP.
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Tramas societarias y detectives
En suma, el extenso atestado señala las andanzas de una red de policías que aprovecharon estructuras societarias y empresas de detectives privados para vender información de sumarios, acceder a bases de datos reservadas con fines espurios o filtrar información «manipulada» a medios de comunicación en el marco de campañas de desprestigio político.
Identifica en estos actos a agentes de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Financiera (UDEF), dirigida entonces por el comisario José Luis Olivera, y de las brigadas de Información. Un contubernio en el que la agencia de detectives Método 3, dirigida por Francisco Marco, aparecería como colaboradora necesaria de estas actividades, aunque Marco lo niega y afirma que el informe Colombo en realidad «fue fabricado» contra él.
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La red actuó durante muchos años antes de 2014 y su proceder sería el origen, por ejemplo, del 'pendrive' con datos manipulados introducido en el 'caso de los Pujol', por el que fue condenado el director operativo de la Policía de la época Eugenio Pino, o la publicación de una cuenta del político Xavier Trias (CIU) en Suiza con 13 millones que resultó ser falsa.
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