Todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo PP y Vox, aprobaron ayer una enmienda que defiende la «plena legalidad y constitucionalidad» del traspaso a Euskadi ... de funciones y servicios en materia de homologación de titulaciones educativas extranjeras, una transferencia que fue anulada en marzo por el Tribunal Supremo. De esta forma, la mayoría de la Cámara autonómica expresó su cerrada defensa del autogobierno vasco ante determinadas y controvertidas decisiones judiciales en su contra pese a haberlas negociado con el Ejecutivo central de Pedro Sánchez. El Gobierno Vasco recurrió al Constitucional el fallo del TS.
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El pleno ordinario del Parlamento Vasco fue el escenario ayer del debate sobre este asunto a propuesta del PNV y el PSE-EE, los socios del Gobierno que habían presentado una iniciativa conjunta en defensa de esta transferencia, y de EH Bildu, que había registrado su propia propuesta en este sentido.
Finalmente, estas tres formaciones, así como Sumar, acordaron un texto que defiende esta transferencia frente a la anulación del traspaso por parte del Tribunal Supremo. Este tribunal tumbó el pasado mes de marzo la totalidad del Real Decreto por el que se traspasan a Euskadi funciones y servicios en materia de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros. La resolución judicial argumentaba que la verificación de la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros «ha de ser competencia exclusiva del Estado».
La enmienda fue aprobada con 66 votos a favor (PNV, EH Bildu, PSE y Sumar) y ocho en contra (PP y Vox). A través de este texto, el Parlamento defiende «la plena legalidad y constitucionalidad» del traspaso a Euskadi de esta competencia, y comparte la presentación del recurso de amparo contra la sentencia por parte del Gobierno Vasco.
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Muchos perjudicados
En su exposición, el Legislativo de Vitoria lamenta «los perjuicios ocasionados a las cientos de personas que se encuentran en Euskadi con titulaciones superiores extranjeras pendientes de convalidación, así como los efectos que la anulación de esta transferencia ocasionan al conjunto de la sociedad vasca». En este sentido, se insta «a las instituciones competentes» a «explorar aquellas medidas que permitan, desde la seguridad jurídica, agilizar los trámites de las personas afectadas». Unos doscientos expedientes estaban ya pendientes de estas resoluciones judiciales, y los Gobiernos vasco y central tenían previsto abordar la situación.
El PP vasco, que se quedó solo junto a la incómoda compañía de Vox, trató de argumentar su decisión. Su parlamentaria Laura Garrido acusó a los impulsores de la enmienda transaccional de «criminalizar» a los agentes y colegios profesionales que recurrieron esta transferencia ante los tribunales. Además, reprochó al PNV y al PSE que hayan generado a las personas afectadas «unas expectativas que no eran reales».
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