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Prevenir el fraude. Es el gran objetivo que persigue el Gobierno Vasco con la campaña presentada este lunes, cuyo buque insignia es la creación de ... un buzón que permite denunciar de forma anónima actuaciones irregulares en el cobro de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), las dos prestaciones más relevantes para ayudar a la gente que está en apuros a nivel económico.
El viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui; el director general de Lanbide, Francisco Pedraza; y la directora de Prestaciones e Inclusión de Lanbide, Sara Buesa, han presentado este lunes en Vitoria-Gasteiz la campaña y las nuevas medidas impulsadas por este órgano.
Esta herramienta para reportar irregularidades ya existe en el ámbito laboral y es obligatorio que las empresas de más de 50 empleados dispongan de un buzón desde el pasado 1 de diciembre para que sus empleados puedan utilizarlo en los mismos términos. Es decir, presentar denuncias de forma anónima cuando detectan una irregularidad de otro compañero o incluso de sus superiores.
20,7 millones
de euros abonados de forma errónea afloró Lanbide en 2023 y 2022 en Gipuzkoa.
El Gobierno Vasco se ha inspirado en ello para dar a conocer hoy el denominado 'Buzón de Comunicaciones Antifraude', cuya creación este buzón es muestra del compromiso de este organismo con «la ética y la protección de los recursos públicos», según aseguran desde Lanbide, con el objetivo de buscar el correcto uso de los fondos sociales por parte de «quienes realmente lo necesitan».
¿Pero tiene el Gobierno Vasco cuantificado ese fraude? Según se dio a conocer este verano, el servicio vasco de empleo afloró los dos últimos años 20,7 millones de euros abonados de forma errónea en Gipuzkoa (13,4 millones en 2023 y 7,3 en 2022), mientras que en el caso de Euskadi el monto asciende a 84,2 millones. Cifras que no tienen parangón en ejercicios anteriores y que guardan una estrecha relación con la nueva ley de la RGI que se aprobó en abril de 2023, dotada de más y mejores sistemas de prevención y seguimiento de esta prestación. La mayoría de pagos indebidos se deben a demoras al actualizar los expedientes, como los de quienes hallaron empleo o pasaron a cobrar el IMV.
Fruto de esos sistemas más avanzados en la lucha contra el fraude, Lanbide ha suspendido la prestación a cerca de 6.000 personas en año y medio. Desde enero del año pasado, 3.258 vascos y 2.489 extranjeros dejaron de recibir esta ayuda económica por diferentes motivos (en Euskadi hay actualmente más de 57.700 beneficiarios de esta ayuda). Una investigación a la que Lanbide destinó a una unidad específica de inspección formada por 19 inspectores.
¿Y cómo será el procedimiento para utilizar este buzón anónimo dado a conocer hoy? Quien recurra a él deberá completar un formulario en línea y aportar la información básica del posible caso de incumplimiento, con la posibilidad de aportar documentos adicionales. La confidencialidad de estas comunicaciones está «plenamente garantizada», agregan.
Con este sistema se pretende canalizar la recogida de información que de forma anónima los ciudadanos hacían llegar hasta ahora a Lanbide por diversos medios y de forma «desorganizada». Como hasta ahora, las denuncias recibidas serán estudiadas, a pesar de que este buzón no supone la presentación de una denuncia formal. Las personas interesadas tienen la posibilidad de registrar denuncias oficiales en la sede electrónica de Lanbide.
Además, Lanbide desarrollará a partir de este martes una campaña de publicidad que, con el lema 'Cumplir es tu garantía', tratará de concienciar a la ciudadanía acerca del cumplimiento voluntario de las normas para acceder a las prestaciones de garantía de ingresos.
La campaña, que estará vigente desde este martes y durante 15 días en diferentes medios y soportes, forma parte del Plan Anual desarrollado este año por parte de Lanbide. Los anuncios y carteles, que se podrán ver en el mobiliario urbano de Euskadi, medios de comunicación y transporte, apelan a aportar información «veraz y actualizada» a Lanbide, a acudir a los cursos de formación, y a «comprometerse con la inclusión sociolaboral».
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