El Ararteko contradice a Educación porque el sistema de matriculación no está revirtiendo «la segregación escolar» en Ordizia

En su dictamen, el Defensor del Pueblo considera que «ante la problemática existente« en Ordizia, donde hay dos centros educativos, el Gobierno Vasco »no ha adoptado medidas correctoras suficientes para contribuir a favorecer un mayor equilibrio en la distribución del alumnado escolarizado en los centros sostenidos con fondos públicos de educación infantil y de primaria del municipio«.

Según los datos facilitados por la consejería que lidera Begoña Pedrosa al Ararteko, la escuela pública acoge al 81% del alumnado del municipio cuyas familias tienen origen extranjero. En el EIPS Jakintza Ikastola el 86% del alumnado son autóctonos, un porcentaje que desciende al 47% en el caso de la escuela pública.

La primera «conclusión evidente» que extrae la institución que encabeza Manuel Lezertua de estas cifras es que «en los dos centros de la localidad sigue existiendo un claro desequilibrio en la distribución del alumnado, de tal modo que el CEIP Urdaneta acoge mayoritariamente el alumnado de origen extranjero, mientras que el EIPS Jakintza ikastola está integrado mayoritariamente por alumnado autóctono».

A juicio del Ararteko, esos datos reflejan que en la localidad el sistema educativo «no ha resuelto el problema de desequilibrio existente y no puede sostenerse que haya un reparto adecuado de la diversidad, ni que se pueda fomentar la convivencia, la igualdad, la justicia social, la inclusión y la euskaldunización».

El Defensor del Pueblo vasco va más allá y critica la «valoración altamente positiva» de los responsables de la planificación educativa de Euskadi, un Departamento, añade el Ararteko, que «no está en condiciones de afirmar que se esté revirtiendo de manera notable el peligro de segregación escolar existente, un objetivo que se antoja lejano si no se adoptan medidas más decididas».

Por todo ello, insta a Educación a que «adopte e impulse las medidas correctoras necesarias para favorecer un equilibrio en la distribución del alumnado y evitar situaciones de segregación escolar en los centros sostenidos con fondos públicos en la localidad de Ordizia».

La resolución de la institución llega en pleno proceso de matriculación de cara al curso que arrancará el próximo mes de septiembre, que ha vuelto a enfrentar a Gobierno Vasco y familias e ikastolas. Mientras el departamento que dirige la consejera Pedrosa defienden que «el 95% de las familias ha obtenido plaza en el centro que eligieron como primera opción», desde la Federación guipuzcoana de padres y madres de la escuela pública, Baikara, denuncian la «falta de transparencia» que ha habido en el proceso de isión de alumnado para el curso que viene.

También Ikastolen Elkartea, la red que aglutina a 60 centros concertados en Euskadi, se ha mostrado «muy crítica» con el proceso de matriculación de los últimos dos cursos y aboga por calcular la vulnerabilidad «con datos objetivos» y no con un test en el que se hace referencia a cuestiones como el número de libros y de dispositivos electrónicos que hay en el hogar o si tienen cuenta de Netflix, entre otras cosas.