El Departamento vasco de Turismo, Comercio y Consumo ha declarado la guerra a los pisos turísticos no registrados de forma oficial, que califica como «ilegales», ... y se ha propuesto «erradicarlos» en la actual legislatura. Su consejero, Javier Hurtado, cifró ayer en cerca del «30%» las viviendas de uso turístico que podrían encuadrarse en esa categoría ilegal, de un total de 5.000 que operan en Euskadi, y se felicitó de que las acciones legislativas tanto de las instituciones europeas como de los gobiernos central y vasco vayan en la línea de combatir el uso fraudulento de estos pisos.
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Hurtado, en una entrevista en Radio Euskadi, puntualizó que el País Vasco «no tiene un problema» con los pisos turísticos, ya que «suponen en torno al 0,4% de pisos respecto al parque total de viviendas, unas cifras muy inferiores a la media de España, que está en el 1,3%, o a las situaciones que se están viviendo en algunas ciudades». No obstante, recalcó que este tema «nos ha preocupado y ocupado en la pasada legislatura y seguimos trabajando en ello».
El consejero de Turismo recalcó que «Euskadi ha hecho los deberes y tenemos regulados en nuestra ley los pisos turísticos en un decreto de viviendas de alquileres de corta duración», pero se mostró partidario de «seguir inspeccionando», sobre todo, «en nuestra principal preocupación, que son esos pisos ilegales, que no están tributando, que afectan a la competencia y que buscamos erradicar».
En este sentido, Hurtado destacó como «positivo» el desarrollo por parte del Gobierno central de un decreto para trasponer el reglamento europeo de alquileres de corta duración. Además, recordó que la nueva ley vasca de Turismo prevista para esta legislatura profundizará «en el combate de los pisos turísticos ilegales», que cifró en el 30% de los que operan actualmente en el País Vasco.
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Por otro lado, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, reclamó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que introduzca «retoques» en la ley estatal de Vivienda para ganar «seguridad jurídica» en el sector y evitar que la oferta de pisos en alquiler siga bajando. El portavoz jeltzale censuró al Gobierno que la ley dejó «agujeros» al no regular los pisos turísticos o de temporada, y que ha «asustado» a muchos propietarios, lo que ha provocado «una caída del 30% en la oferta de alquiler».
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