El Consejo Constitucional francés veta la inmersión lingüística que amparaba la Ley de Lenguas Regionales

La inmersión lingüística en la enseñanza, uno de los aspectos sustanciales para la supervivencia y el desarrollo de las lenguas minorizadas de Francia que contemplaba la Ley de Protección y Promoción del Patrimonio de las Lenguas Regionales aprobada el pasado 8 de abril por amplia mayoría en la Asamblea Nacional (247 votos favorables, 76 en contra y 19 abstenciones), no ha pasado el filtro del Consejo Constitucional. En la resolución que ha dado a conocer este viernes, el Consejo considera que su aplicación en la escuela pública relega al francés a un segundo plano y, en consecuencia, no tiene cabida en una Constitución que ya en su segundo artículo establece que «la lengua de la República es el francés». Como viene siendo habitual a la hora de frenar medidas que buscan proteger y promover las lenguas regionales, el Consejo apela a ese artículo en una decisión que toma parcialmente en consideración el recurso que presentaron 60 parlamentarios.

Los recurrentes, en línea con la posición manifiestamente contraria del Gobierno francés al texto aprobado por el Senado y la Asamblea Nacional, se mostraron disconformes con una ley que, por primera vez, otorga un marco oficial a lenguas como el euskera, el occitano, el bretón, el catalán, el corso... En esas comunidades lingüísticas, sin embargo, la llamada Ley Molac, que debe su denominación a su promotor más destacado, el diputado bretón Paul Molac, había suscitado grandes expectativas.

La que ampara inmersión lingüística que, además de en centros de naturaleza privada como las ikastolas de Seaska y de redes similares en otras lenguas, también se va abriendo paso en la escuela pública, no es la única disposición considerada inconstitucional por parte del Consejo. Además del artículo referido a la inmersión lingüística, el cuarto, tampoco le parece ajustado a la Constitución el noveno, que prevé la posibilidad de utilizar en documentos oficiales signos diacríticos propios de algunas de esas lenguas. «Los particulares no pueden valerse, en sus relaciones con las istraciones y los servicios públicos, del uso de otra lengua que no sea el francés», destacan a la hora de justificar su dictamen los nueve 'sabios' de un órgano cuyos son elegidos, a razón de tres cada uno, por el presidente de la República y cada una de las dos cámaras legislativas.

No obstante, han dado por buenas disposiciones que permiten que los ayuntamientos asuman la carga financiera de la escolarización de niños y niñas en su lengua propia, a pesar de que existían sospechas de que era precisamente ese el aspecto que menos complacía al ejecutivo y, en concreto, al Ministerio de Educación.

Las reacciones al dictamen del Consejo Constitucional no se han hecho esperar. Ha sido extremadamente tajante el alcalde de Bayona y presidente de la Comunidad de aglomeración del País Vasco- Euskal Hirigune Elkargoa, Jean-René Etchegaray, que en su cuenta de Twitter ha calificado la decisión de «declaración de guerra contra las lenguas propias». Etchegaray no ha sido el único electo de Iparralde que ha empleado esa expresión en su primera respuesta a una decisión que, en cualquier caso, no se puede calificar de excesivamente sorprendente a la luz de los anteriores argumentos y posicionamientos del Consejo Constitucional en materia de diversidad lingüística.

Euskaltzaindia, a través de una nota, ha manifestado que se opone a la resolución dictada hoy por el Consejo Constitucional francés contra una ley que, cuando se aprobó, la Real Academia de la Lengua consideró «un gran paso para el idioma y para las instituciones que lo promueven en Ipar Euskal Herria». La Academia, que también mostró su preocupación por el recurso presentado quince días después de la aprobación de la ley, recuerda que el segundi artículo de la Constitución al que apela el Consejo es el que, «desde siempre ha servido para obstaculizar el avance de las lenguas regionales en la República sa, relegando a las mismas a la condición de lenguas de segunda categoría«.

Ikastolen Elkartea ha expresado su «indignación y preocupación por la resolución del Consejo Constitucional francés«, asegurando que »las consecuencias de la resolución son graves, especialmente en lo que se refiere al modelo de inmersión. Esta resolución ha vuelto a poner a nuestras ikastolas en un atolladero grave, y de nuevo nos ha puesto ante un futuro incierto. Además de impedir que vayamos más allá del punto en el que estamos en la euskaldunización y en el desarrollo del modelo de inmersión, la resolución del Consejo Constitucional pretende obligar a hacernos retroceder«. Reiterando su defensa »a toda costa del deseo y el derecho a vivir en euskera en Euskal Herria«, llaman a mantener una posición de firmeza a »instituciones, cargos electos, partidos políticos, sindicatos, agentes educativos y culturales de Euskal Herria y a todos los ciudadanos de este país«. Hacen además »una petición especial a todos los diputados que el pasado 8 de abril apoyaron la ley en favor de las lenguas minoritarias: que se acometa con el mismo consenso una iniciativa de supresión o modificación del artículo 2 de la Constitución sa que impone el francés como única lengua«.

Kontseilua, por su parte, ha emitido un comunicado en el que considera que es un «duro golpe judicial, con el que el Consejo Constitucional, además de establecer un punto de inflexión, ha querido dar un golpe en la mesa», e incorpora el rechazo a la decisión del órgano judicial francés a la concentración convocada para este sábado delante de la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para protestar contra la sentencia que ha declarado nula una convocatoria de empleo del Ayuntamiento de Irun que exigía acreditar perfil de euskera para acceder a las plazas.