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Ramón Muñiz
Gijón
Lunes, 28 de abril 2025, 09:33
Nuevos detalles sobre la actividad ilegal que Blue Solving desarrollaba en la mina de Cerredo (Degaña) y que derivó en una explosión de grisú ... que acabó con la vida de cinco trabajadores. Los agentes que llevan el caso han tomando declaración a los supervivientes, recabando testimonios que permiten conocer mejor el día a día de esta explotación que extrajo carbón sin tener permiso para ello.
«Carbón solo sacamos en la tercera planta, no había por otro lado, en la primera solo se limpió», aseguró uno de los testigos. «Éramos un turno de nueve personas, que entrábamos a las ocho de la mañana y salíamos a las tres de la tarde; sacar ese carbón requirió mucho trabajo», agregó. Durante un mes hubo también un turno de tarde «porque había prisa por limpiar».
La primera inspección tras el fatídico accidente destapó la existencia de dos huecos posteados, el primero de unos 18,2 metros de longitud, y el segundo de 24,6. Tenían una anchura de 0,8 metros y una altura de entre 25 y 30 metros. Es decir, se fue haciendo un taller de arranque en horizontal para poder acceder a una de las capas que los anteriores propietarios de la mina habían dejado sin explotar, precisamente por razones de seguridad.
«Llevábamos entre dos y tres meses sacando el carbón de allí, cada día llenábamos entre 44 y 50 vagones», detalla uno de los testigos. El material «se sacaba en vagones hasta la calle, y luego había una maniobra con pala para cargar el camión; eso hay que cribarlo después, separar la tierra del grano y me imagino que la empresa lo llevaba a las naves exteriores para después lavarlo», abunda.
Los expertos consultados sitúan en los 900 kilos la capacidad de cada vagón empleado en Cerredo, lo que arrojaría un total extraído de entre 2.376 toneladas y 4.050 de material, según el testimonio. Su valor depende de la calidad de la antracita, de cuánta tierra tenía la mezcla y el mercado al que se destinó. «En un proceso industrial el margen es de entre cuatro y seis euros por tonelada, el diferencial es mayor si vas al mercado doméstico; ahí las calderas de Palencia, Salamanca, León y Asturias consumen unas 20.000 toneladas al año y el beneficio es de entre 300 y 600 euros por tonelada», apunta un experto en el sector. Con esos parámetros el beneficio de la extracción ilegal ejecutada por Blue Solving oscilaría entre los 712.800 euros y los 2,4 millones caso de haber colocado la mercancía en el mercado doméstico, el que menos controles tiene y donde no son raros los pagos al contado.
Además de en los dos agujeros, «picamos también en otros puntos», refieren los testigos. Los testimonios de los supervivientes apuntalan la tesis de que la extracción ilegal estuvo organizada por la empresa. Según los supervivientes, «la idea era seguir extrayendo carbón unos días más. Decían que se nos acababa el permiso para estar en la tercera planta y que poco más podíamos sacar. Lo hablado era terminar y tapar con tablas y tierra los dos huecos, dejándolo disimulado». Precisamente el único permiso que tenía activo Blue Solving era de retirada de vías y cuadros en el tercer piso,
Un dato significativo. Los trabajadores aseguran que al interior de la mina accedían «los dueños, padre e hijo, sobre todo el hijo. Venían con ingenieros e hicieron fotos de esa zona».
Los testimonios indican que el accidente se produjo cuando el turno avanzaba por el tercer piso, en dirección a los huecos posteados. La mina había estado cerrada el fin de semana lo que hacía aconsejable haber forzado la ventilación antes de entrar a trabajar. Los testigos indican que, en contra de lo que marca la normativa, no habría ido un vigilante por delante revisando las condiciones del aire.
El grupo que iba por detrás aseguró que el oxímetro pitó, marcando una presencia de oxigeno del 17%, cuando ya por debajo del 19% había que parar las labores y reforzar la ventilación. Trataron de avisar a los que iban en cabeza pero no hubo tiempo. La explosión lo arruinó todo. La incógnita es qué actuó de fuente de ignición, cuál fue la chispa o el calor que desató una explosión que, por sus efectos, no apunta a una concentración elevada de grisú. Prueba de ello es que la explosión no generó derrabes, solo un leve hundimiento.
Existe en toda mina una cadena de responsabilidades sobre la que ahora profundizarán los investigadores. Hay que verificar cómo actuó quien tenía la labor de supervisión del aire, el director facultativo al cargo de los trabajos y el de Blue Solving, responsable de la seguridad laboral de la empresa.
Los supervivientes declararon a la Guardia Civil conscientes de que pueden contarlo, pero faltó poco. «No os preocupéis que la verdad acabará saliendo a la luz», comprometió uno de los investigadores.
A la Inspección General de Servicio del Principado le corresponderá aclarar el papel del Servicio de Minas. El responsable dejó sin consultar una dirección de email a la que llegó una denuncia contra la mina. El actuario encargado de Cerredo optó por no visitar la explotación en seis meses, aduciendo que como el único permiso que había era el de retirar chatarra existía poco riesgo en esas labores.
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