El Govern se personará como acusación popular en el caso de la menor víctima de la red de pederastia

La consejera de Derechos Sociales ya ha solicitado su comparecencia en la Cámara para dar cuenta del caso de la menor. Su departamento ultima un expediente interno para identificar dónde falló la istración. Y es que, aunque el infierno que estaba viviendo la menor lo identificó uno de los trabajadores del centro tutelado por la Generalitat, las alarmas tardaron casi dos años en saltar. La niña fue violada por el principal acusado de la causa y por la red de pederastia entre 2020 y 2021, sin que nadie en el centro tutelado donde vivía detectara nada. Nadie le miró el móvil durante todo ese tiempo. Ni le preguntó a dónde iba cuando salía del centro y cayó en las garras del depredador sexual y de la red de pederastia.

En paralelo, Junts per Catalunya ha anunciado este jueves que impulsará una comisión de investigación en el Parlamento catalán, que pondrá el foco en la DGAIA, la dirección general de atención a la infancia de la Generalitat. Este organismo público está en el ojo del huracán después de que estallara el caso de la menor de 12 años que vivía bajo el paraguas de la Generalitat y que fue violada por un depredador sexual y cayó en una red de pederastia. Junts habla de mala gestión de la DGAIA y se hace eco de la investigación que ha puesto en marcha la Oficina Antifraude de Cataluña por presuntas irregularidades o la de la Sindicatura de Cuentas, que hace meses avisó de anomalías en la contratación pública y la gestión de las subvenciones. La situación de este organismo público, que depende de la Consejería de Derechos Sociales, se «ha agravado», según Junts, a raíz del conocimiento del caso de la menor víctima de agresiones sexuales. La propia consejera ha itido que la DGAIA, el organismo del Govern encargado de la atención de la infancia y la adolescencia y que gestiona directa o indirectamente los centros tutelados, necesita «una transformación profunda». «Es evidente desde hace años», ha asegurado.

El caso llegará envuelto en bronca política al Parlament, pero mientras tanto la justicia investiga a 16 hombres, como presuntos integrantes de la red. Para el principal acusado, Teófilo, electricista de 45 años, la Fiscalía pide 107 años de cárcel por agresión sexual y pornografía infantil. El caso está pendiente de que la Audiencia de Barcelona fije la fecha del juicio. Pero hay otras dos causas penales, aún en fase de instrucción, en las que está también implicado el líder de la red junto con otros 15 hombres, que podrían llegar a ser una treintena, de acuerdo a las imágenes de los vídeos que obran en manos de los investigadores. Según El Periódico, Teófilo ya fue detenido en 2010 en Valencia por regentar un piso de prostitución masculina en el que había un menor.

Además, de la causa penal, el caso lo investiga también el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo en Cataluña. El Síndic, en un informe de 2023, ya alertó de que el «riesgo de explotación sexual» es «más elevado» entre los jóvenes que viven en centros bajo el paraguas de la istración. Se ha de revisar el sistema, ha señalado esta entidad. También el Colegio de educadores sociales de Cataluña ha puesto el grito en el cielo y ha advertido de que el caso de la menor «no es una excepción». Hay deficiencias estructurales en el sistema, avisa esta organización.

Las investigaciones relacionadas con el caso de la menor agredida sexualmente van en paralelo a las que tienen el foco en la DGAIA por problemas en la gestión. Antifraude y la Sindicatura de Cuentas tienen bajo la lupa contratos renovados con entidades concesionarias dudosos o cobros de ayudas injustificados. El periodo que está en cuestión va de 2016 a 2020, por tanto el partido al que puede salpicar es ERC, que es quien dirigía la Consejería de Derechos Sociales en esa época, de ahí el interés de Junts por llevar el asunto al Parlament.