El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha expresado este viernes su satisfacción por el sobreseimiento de la investigación judicial por las presuntas filtraciones en la ... Oferta Pública de Empleo (OPE) de Osakidetza 2016-17, al considerar que esta resolución «reafirma la integridad y honorabilidad» de las 19 personas investigadas. Asimismo, ha añadido que esto permitirá «abrir» las convocatorias de plazas paralizadas en su día a raíz de las dudas surgidas en torno a presuntas irregularidades.
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La sentencia, archivada apenas 24 horas antes por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria y que se puede recurrir, contribuye a «reforzar la confianza» en los procedimientos istrativos de Osakidetza y «resalta el compromiso del Departamento de Salud con la transparencia y con la justicia», ha resaltado.
El consejero, que antes de saltar a la primera línea de la política vasca era jefe del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor en el Hospital de Cruces, ha explicado que desde hace 25 años ha participado «en prácticamente todas las convocatorias de tribunales de Osakidetza», así como en otras oposiciones en Galicia, Cantabria, Navarra y Madrid, y que en todos esos procesos nunca ha apreciado la existencia de «ningún problema» ni ha tenido «ninguna información ni por parte de abogados, ni por parte de sindicatos, ni por parte del jefe».
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Respecto a la existencia de posibles irregularidades o filtraciones en las OPE de Osakidetza, ha recordado que los cuatro jueces que han participado en este proceso «han determinado lo mismo».
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La supuesta filtración de los exámenes de la OPE de Osakidetza 2016-17 provocó un auténtico terremoto político hace más de seis años que comenzó con denuncias procedentes de profesionales del Hospital Donostia y Alto Deba de Arrasate. Tras meses de acusaciones políticas y sindicales, el caso provocó la dimisión de toda la cúpula del Servicio Vasco de Salud, comenzando por el entonces consejero Jon Darpón, que presentó su dimisión el 14 de marzo de 2019.
El archivo de la causa pone punto y final a una investigación que se ha extendido durante más de seis años y que ha pasado por las manos de hasta cuatro magistradas diferentes.
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