El Gobierno quiere poner coto a las llamadas comerciales: ¿Quién me podrá llamar?

¿Cómo conseguirlo? Es la pregunta del millón. Pero Óscar López, titular de cartera de Transformación Digital y de la Función Pública, garantiza una receta para dejar fuera de juego a esos ciberdelincuentes que simulan ser tu banco o una istración pública.

Así, el Gobierno prohibirá las llamadas comerciales realizadas desde un móvil y los operadores bloquearán las llamadas y SMS de numeración nacional, pero con origen internacional, así como los números que no hayan sido asignados a ningún servicio. Esta medida tiene como objetivo frenar una táctica habitual de los estafadores, que utilizan tecnologías para falsear la procedencia de las llamadas, aparentando que son locales para generar confianza en los destinatarios.

También se prohibirá la utilización de numerosos móviles para llamadas comerciales, de forma que la ciudadanía puede detectar que es un fraude si reciben una llamada desde una numeración de este tipo. Además, se permitirá con carácter general la utilización de números 800 y 900 por parte de entidades que tengan asignados estos números para la realización de llamadas comerciales, de forma que si un tiene un número 800 o 900 guardado en su agenda como el servicio de atención de una empresa de la que es cliente, le aparezca como tal cuando ésta le llame para realizar una oferta comercial.

Finalmente, otra medida mencionada por el ministro es la creación de una base de datos con los s que utilizan alfanuméricos en sus mensajes (por ejemplo, el nombre de la compañía). Aquellos mensajes procedentes de entidades no incluidas en esta base de datos quedarán bloqueados.

Según datos proporcionados por el Ministerio, en el último año se han registrado más de 400.000 quejas relacionadas con estafas telefónicas y otras formas de spam. Este tipo de prácticas se ha intensificado con el aumento de la digitalización y el teletrabajo, dejando a millones de ciudadanos expuestos a este tipo de amenazas.

Estas medidas anunciadas ahora se suman a otras acciones legislativas previas, como la restricción de las llamadas comerciales en determinados horarios y el derecho de los s a darse de baja de estas listas de o de manera rápida y eficaz.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, asegura que suele haber muy pocas reclamaciones porque el consumidor «desconoce que es ilegal y a dónde hay que acudir. Hay personas que reciben llamadas a diario y no tienen tiempo material de presentar una denuncia. A la Agencia Española de Protección de Datos habría que dotarla de más personal, porque no tiene recursos para atender todas las denuncias generales, entre ellas de este tipo».

Sobre el objetivo del Gobierno de eliminar estas llamadas, desde Facua consideran que se va en el camino «correcto. El ejecutivo ha comprobado que por mucho que esté prohibido, siguen produciéndose llamadas. Hay elementos de carácter técnico que tienen que estudiar las compañías de telecomunicaciones para saber hasta dónde pueden llegar cuando se les dé la orden de impedir que se produzcan esas llamadas».