El viraje de Batasuna lastrado por el pasado

El transatlántico de la izquierda abertzale ha virado». La metáfora es de Arnaldo Otegi en julio de 2011, tres meses antes de que ETA anunciara un cese definitivo de la violencia que en el mundo de Batasuna veían ya irreversible. El líder del independentismo vasco llevaba casi dos años en prisión por el caso Bateragune, lo que le dificultaba pilotar ese barco. Esa tarea la lideró su compañero Rufi Etxeberria, con el que volvió en tren de Suiza tras la ruptura del proceso de paz de 2006 con el Gobierno socialista de Zapatero en el que participaron a dos bandas ETA y Batasuna. Cuando Otegi y Etxeberria contemplaban París desde el vagón, se miraron y coincidieron en que el tiempo de la lucha armada estaba agotado.

El transatlántico de la izquierda abertzale llevaba mucho lastre tras 853 asesinados por ETA y con una sociedad vasca que exigía el fin de la violencia. La pugna entre el brazo político y el armado, latente desde la ruptura de la tregua de 2006 con el atentado de la T-4 y con sectores contrarios a deponer las armas, se decantó finalmente a favor del sector posibilista que lideraban Otegi, Etxeberria y otros históricos del independentismo vasco como Rafa Díez Usabiaga o Iñigo Iruin.

Diez años después, la izquierda abertzale se ha desmarcado del uso de la violencia pero el hecho de que no condene el pasado de ETA y los asesinatos sigue pesándole como una losa a la hora de buscar alianzas políticas para la entente soberanista EH Bildu, sobre todo con formaciones de izquierdas como el PSE-EE o incluso Podemos, que puedan ser alternativa al PNV en el Gobierno Vasco.

Esa mirada al pasado que le reclaman instituciones, partidos y víctimas de ETA sigue siendo un tema pendiente para la izquierda abertzale, junto al futuro de los presos, diez años después de aquel 20 de octubre de hace diez años. El histórico anuncio de ETA llegó tres días después de la Conferencia Internacional de Aiete en la que los líderes encabezados por el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, tendieron una pista de aterrizaje a ETA para que dejara las armas.

No obstante, hubo una fecha menos recordada pero igual de importante. Fue el 14 de noviembre de 2009, apenas un mes después de la detención de Otegi que auguraba el caos en el mundo de la ilegalizada Batasuna. Aquel sábado de otoño, un centenar de dirigentes de la izquierda abertzale de distintas generaciones, entre ellos Etxeberria, se reunían en Alsasua para emitir un comunicado que se resumía en dos ideas: aceptación de los Principios Mitchell que defendían la renuncia a las armas y que guiaron el final de la violencia del IRA en Irlanda y un claro mensaje de que no aceptaban ninguna «injerencia» de la violencia. Aquel acto de Alsasua era el certificado de hacia dónde se inclinaba el debate interno de la izquierda abertzale pese a la existencia también de una ponencia de un sector de ETA, denominada Mugarri, partidaria de continuar con la lucha armada.

Con Batasuna asfixiada por la ilegalización impulsada por el Gobierno de Aznar y el apoyo social a la violencia en mínimos, la izquierda abertzale apostó por un giro estratégico de forma unilateral. La nueva música gustó a los mediadores internacionales que venían trabajando en el caso vasco desde 2006 a través de la fundación suiza Henri Dunant. Y no sonaba mal en el Gobierno socialista de Zapatero, que en todo caso nunca entró en conversaciones directas con el mundo de Batasuna.

Pero Madrid era conocedora de todos esos pasos a través de los os con mediadores como Jonathan Powell, hombre clave en el proceso y exjefe de gabinete del exprimer ministro laborista británico Tony Blair. Unos facilitadores internacionales que dieron el último empujón para poner la proa de la nave en la dirección correcta. Mientras, Rufi Etxeberria, escoltado por dirigentes abertzales menos conocidos como Urko Aiartza, luego senador, cuyo trabajo en la sombra ayudó a desbrozar el apoyo internacional, iban tejiendo alianzas con partidos como EA y sindicatos y grupos sociales. Y recibiendo nuevos apoyos como el de la Declaración de Bruselas impulsada por otro de los mediadores clave, el sudafricano Brian Currin y firmada por cinco premios Nobel de la Paz.

El domingo 5 de septiembre de 2010 ETA anunció un «cese de las acciones armadas ofensivas» sin precisar si era definitivo. Confirmaba la noticia que este periódico publicó en exclusiva tres días antes, tras desvelar un documento de la izquierda abertzale que reclamaba a la banda un «alto el fuego permanente bajo verificación internacional».

Aquel gesto encendió la ilusión de una sociedad vasca que veía cerca, esta vez sí, el fin de la pesadilla de la violencia. Llegaría la tregua indefinida en enero de 2011. Un mes después, el histórico dirigente de la izquierda abertzale y abogado, Iñigo Iruin, creaba los estatutos del nuevo partido, Sortu, que presentó junto a Etxeberria en el Euskalduna de Bilbao y que plasmaban negro sobre blanco por vez primera en la izquierda abertzale el claro desmarque a todo tipo de violencia. La suerte estaba ya echada mientras el Gobierno socialista de Zapatero, con la colaboración del Ejecutivo socialista vasco de Patxi López, dejaban hacer.

En otoño aparecieron los verificadores internacionales del ceilandés Ram Mannikalingam, que debían certificar de forma técnica el adiós a los atentados. Solo faltaba oficializar el anuncio. ETA Necesitaba una pista de aterrizaje internacional que tendió la conferencia de Aiete con Powell, Annan o el irlandés Gerry Adams. En el solemne palacio donostiarra olía a hierba fresca y también a paz. Pero era tanto lo que había en juego que la sociedad cruzaba los dedos para que nada se torciera. Tres días después, un jueves a las siete de la tarde, tres encapuchados resumían en diez palabras la noticia más ansiada por todos los vascos: «ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada». El transatlántico llegaba por fin a buen puerto.