«Es la acusación más grave que lleva a cabo la Fiscalía por una investigación de la Ertzaintza»

– Actualmente ya no participa en procedimientos judiciales. ¿Por qué es usted el fiscal de este caso y no otro compañero de la Fiscalía guipuzcoana?

– Es más habitual de lo que se piensa. Existe una figura legal dentro de nuestro estatuto orgánico que permite al Fiscal General destinar a un fiscal a un caso concreto por su complejidad o su relevancia. Ocurre frecuentemente, como en este caso, cuando se dan cambios de destino y un fiscal que ha llevado la investigación de un caso se considera el más apropiado para defenderlo en el juicio. Yo me voy a encargar de este procedimiento dado que, junto a Javier Zaragoza, que también fue fiscal especialista en Criminalidad Informática en Gipuzkoa, soy el único que lo ha llevado desde su incoación.

– Se trata de un sumario que ocupa decenas de tomos, muchas víctimas, una suma de años muy importante contra el acusado... ¿Es el caso más complejo del que se ha encargado en su carrera?

– Por el volumen de la cantidad de prueba que existe, sin duda. Pero en lo que se refiere a la prolongación en el tiempo y la complejidad hay otro caso que también fue muy complicado, el del asesinato de Julen Serrano en Donostia. No hay que olvidar que al principio se determinó que fue un suicidio, después una muerte accidental, y acabamos demostrando que había sido un asesinato. Y también nos costó ocho años que se condenara al autor. Así que en ese aspecto son casos muy parejos.

– Habla de una gran cantidad de prueba. ¿De cuánto estamos hablando?

– Hay más de 30 tomos de sumario que ocupan casi los 11.000 folios. Para que se haga una idea, solo el índice de todos los archivos hallados en los discos duros incautados en los registros realizados en casa del acusado ocupa 3.500 folios. Eso da una idea del tremendo volumen de material que tenemos.

– Usted pide una pena de 121 años de cárcel. ¿Es la mayor petición de prisión para un solo acusado que se ha realizado en Gipuzkoa por parte de la Fiscalía?

– No tengo el dato para asegurarlo, pero es muy probable que lo sea. Lo que sí me consta es que es la acusación más grave que tiene origen en una investigación que ha llevado a cabo la Ertzaintza. Desconozco si hay casos investigados por la Policía Nacional o la Guardia Civil que hayan superado esta acusación, pero lo dudo.

– Acusa a Cabezudo de once delitos contra la intimidad por presuntamente haber publicado fotografías y vídeos de algunas mujeres que posaron desnudas para él en webs pornográficas de pago, que afirma que manejaba y controlaba el acusado. ¿Cómo de compleja ha sido esa parte de la investigación?

– La investigación de delitos informáticos es siempre muy compleja, porque no es fácil conseguir pruebas digitales y porque hay que enviar comisiones rogatorias a otros países donde se alojan las webs y eso se demora mucho en el tiempo. Pero en este caso ha habido otras complicaciones.

– ¿Qué complicaciones?

– La parte compleja radica en el gran volumen de discos duros incautados al acusado, hablamos de archivos que abarcan toda la carrera de un fotógrafo profesional, lo que ya de por sí supone un desafío. Pero más allá de la ingente cantidad de material, el problema ha sido que esos discos duros tenían un sistema de almacenamiento que dificultaba la labor policial de los agentes de la policía científica. El clonado forense de estas unidades de almacenamiento masivo ha sido una auténtica pesadilla.

– Ha mencionado que solo el listado de los archivos extraídos ocupa más de 3.500 folios del sumario.

– Sí, pero eso no quiere decir que todos esos archivos sean relevantes para la causa u objeto de delito. Pero tienen que estar, el tribunal tiene que ver todo lo que se ha analizado. Tengo el convencimiento de que se han seguido todas las garantías legales y de que se ha operado escrupulosamente para salvaguardar la prueba y garantizar los derechos de las víctimas y también el derecho a la defensa del acusado.

– También le acusa de ser autor de varios delitos sexuales, abusos y violaciones cometidos sobre algunas de las 16 víctimas.

– Todo procedimiento de delitos de libertad sexual tiene mucha complejidad, porque son delitos que se cometen en soledad, los agresores buscan que no haya testigos de los hechos. La clave es demostrar que las versiones de las víctimas son sólidas. Nosotros obviamente estamos convencidos de que sí y creemos que hay prueba suficiente para que se condene al acusado. Hablamos de muchos hechos, que afectan a muchas personas, que sucedieron en un tiempo muy prolongado de tiempo. Nuestra acusación hemos optado por dividirla en el caso individualizado de cada víctima, y no realizar un relato cronológico en el que podrían perderse los detalles de los delitos cometidos sobre cada una de ellas.

– En el juicio comparecerán numerosos testigos, uno de ellos protegido, además de agentes de la Ertzaintza que se han encargado de la investigación. ¿Cuál es la relevancia de sus testimonios?

– Los testigos son personas con información relevante para esclarecer los hechos. En cuanto al testigo protegido, es una persona que entiende que su intimidad o integridad se podrían ver afectadas de conocerse su identidad. Pero es muy importante lo que dirán los expertos, los agentes peritos que han analizado el material incautado y policías que en algún momento de la instrucción han interactuado con el acusado, que pueden explicar qué hizo con las pruebas.

– La defensa alega que algunos de los delitos denunciados han prescrito. ¿Qué opina a este respecto?

– Entendemos que ninguno ha prescrito desde el momento en el que se imputa como investigado al acusado. La causa, aunque ha durado muchos años, ha permanecido en funcionamiento en todo momento, con actuaciones de todo tipo como toma de declaraciones y otras pruebas.

– ¿Le preocupa la presión mediática que puede haber en este caso?

– Un procedimiento de esta naturaleza siempre despierta el interés de la opinión pública. En cuanto a la presión, sería mayor y preocupante si, como ha ocurrido en otros casos, fuese una causa con tribunal jurado. Pero en este caso el tribunal está compuesto por magistrados que están al margen de las presiones mediáticas por su preparación jurídica.

– En mayo se cumplen 4 años de prisión provisional del acusado, el máximo permitido por la ley, y se antoja complicado que la sentencia de un juicio que se va a prolongar 20 días se conozca en menos de un mes. ¿Cree que podía quedar libre antes de que se conozca el fallo?

– El acusado está condenado en firme por otros procedimientos, y la doctrina del Tribunal Constitucional dice que las penas firmes de prisión no pueden simultanearse con la prisión provisional. Por tanto, cuando ese plazo acabe, tendrá que hacer frente a las responsabilidades penales con las que ya tiene una condena firme, y alguna de ellas supera los dos años de prisión, por lo que no tengo tan claro que pueda quedar en libertad. No obstante, será un juez el que tenga que resolver esa cuestión llegado el momento.