La batalla política contra la incineradora suma 54 causas judiciales perdidas y 1,8 millones de gastos

Del total de los recursos utilizados para la defensa jurídica, fuentes de la Diputación señalan que el 80% han sido destinados a las continuas demandas «contra la valorización energética». Es decir, cerca de 1.400.000 euros. También apuntan que en la última década ha sido 2017 el año en el que más ha gastado la entidad pública, con 500.635 euros. A cierta distancia aparece 2018, cuando se destinaron casi 316.000. Esa defensa se ha gestionado a través de la contratación de letrados y con los propios medios profesionales del Consorcio y GHK.

A pesar de estos costes, el Consorcio también ha recibido algunos ingresos al imponer sanciones a las empresas concesionarias de la incineradora de Zubieta que no han cumplido con sus cometidos o que han incurrido en faltas. La más cuantiosa es de 3.180.000 euros por el retraso de su puesta en marcha, otra de 1.034.000 por la filtración de lixiviados –en marzo la Justicia exonera al diputado foral de Sostenibilidad, el socialista José Ignacio Asensio de cualquier irregularidad en el envío de residuos de la incineradora a la vecina Navarra–, 160.000 por insuficiente mantenimiento de la barrera hidráulica y 45.000 por mala descarga de amoniaco.

La plataforma GuraSOS ha sido uno de los agentes más activos a la hora de llevar a juicio al Consorcio. De los 15 litigios que ha impulsado, según los datos de la Diputación, ha perdido los 11 que ya están cerrados, mientras que cuatro todavía se encuentran sin sentencia. Además, cuantifican en 8.403 euros las costas que esta plataforma debe a GHK por los procesos iniciados. No obstante, el Tribunal Constitucional, en reciente sentencia avalada por unanimidad, ha otorgado «legitimidad» a GuraSOS para luchar en los tribunales contra la incineradora de Zubieta. Así, obliga al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a aceptar a trámite el recurso presentado por la asociación sobre la legalidad ambiental de la planta.

Entre los denunciantes también se repiten en numerosas ocasiones las mancomunidades de Urola Erdia, Tolosaldea o Debagoiena, además de los ayuntamientos de Usurbil, Hernani u Oiartzun. Instituciones que han estado gobernadas por la izquierda independentista. Las 8 mancomunidades guipuzcoanas participan en la asamblea del Consorcio y tienen derecho a voto. Cada una cuenta con tres representantes que pueden ser de partidos diferentes y dan voz a todos los pueblos del territorio, además de a dos vizcaínos: Ermua y Mallabia. Estas entidades han impugnado acuerdos alcanzados en la asamblea de la istración pública, aunque nunca han tenido recorrido judicial.

Algunos de esos litigios se han cerrado con sentencias en las que se estima la «falta de legitimación» de los denunciantes. Esto, aseguran fuentes de la Diputación, se debe a que algunas decisiones que se han adoptado en el Consorcio tras llevarlas a votación no han gustado a determinados y han acabado judicializando. A día de hoy hay siete procesos que todavía no se han cerrado, algunos porque todavía permiten presentar recursos y otros por estar pendientes de la sentencia. Entre ellos, además de los de GuraSOS –que apuntan a cuestiones relacionadas con vertidos de amoniaco o filtraciones de lixiviados–, también hay una demanda del sindicato ELA en relación al mantenimiento de servicios esenciales.

Zubieta se consolidó en 2004 como el emplazamiento idóneo para gestionar los residuos a pesar de las posiciones antagónicas entre los partidos que conformaban las Juntas Generales. En marzo de 2011 las excavadoras entraron al terreno y colocaron la primera piedra. Apenas dos meses después EH Bildu ganó las elecciones y llegó al poder en Gipuzkoa, y un año más tarde presentó su plan de residuos: eliminar la incineradora de Zubieta y proponer tres plantas de tratamiento mecánico-biológico, una de biometanización y seis de compostaje. En 2013 EH Bildu suspendió oficialmente la ejecución de la planta con un coste estimado para Gipuzkoa de 46 millones de euros.

En 2015, tras el cambio de gobierno de la Diputación de Gipuzkoa con la entente PNV-PSE, los socialistas tomaron el timón de GHK con Asensio al frente. El año siguiente, mientras se buscaba una solución provisional a la basura que no se reciclaba –165.000 toneladas al año–, GHK inició el concurso para una nueva adjudicación de la obra de Zubieta. En ese tiempo de espera, el Gobierno foral comenzó a llevar basuras a Cantabria. GHK eligió a la UTE liderada por Urbaser para la explotación de la obra durante 32 años y en 2017 el TSJPV desestimó la solicitud formulada por GuraSOS de paralizar el proyecto de forma cautelar hasta que se diera un proceso participativo.

La incineradora culminó su construcción en 2019 y entró en funcionamiento en fase de pruebas. En noviembre de ese año, además, Gipuzkoa cerró la era de los vertederos, con la clausura de la planta de Mutiloa. El año pasado el estudio de Biogipuzkoa concluyó que la incineradora no afecta a la salud y dio un espaldarazo científico al proyecto.