Lanbide cierra la puerta al uso obligatorio de la huella digital para evitar el fraude de la RGI

El cambio de modelo llega tras la sanción impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al proyecto piloto iniciado por la consejería entonces liderada por Beatriz Artolazabal –que incluía las carteras de Política Social y Empleo, este última ahora en manos de Idoia Mendia–. La Agencia Española de Protección de Datos impuso en 2019 una «sanción de apercibimiento» a la empresa de certificación y servicios Izenpe, «entidad responsable de la recogida de datos» con la que colaboraba Lanbide. En la resolución, a la que ha tenido este periódico, la AEPD exigía a Izenpe (sociedad pública constituida por el Gobierno Vasco y las diputaciones forales) el «cese en la utilización ilícita de los datos de carácter personal relativos a las huellas dactilares de los diez dedos de las manos».

Lanbide recogía los datos y se los transfería a la compañía electrónica Izenpe. Meses antes, la Agencia Vasca de Protección de Datos ya había analizado la situación tras recibir una denuncia sobre la experiencia piloto. Su directora, Margarita Uria, contrastó esta separación de funciones entre Lanbide e Izenpe, pero al ser esta última una «sociedad mercantil anónima», concluyó que su oficina no era competente para adoptar una decisión al respecto y elevó su tramitación a la agencia a nivel estatal, una diligencia que terminó en sanción.

Para entonces, el Servicio Vasco de Empleo había dispuesto diez puestos operativos para la experiencia piloto de recogida de huellas y tenía previsto ampliar la recogida en las 43 oficinas de Lanbide. Solo en los primeros tres meses recabaron cerca de 6.000 datos biométricos de demandantes de empleo y de la renta de garantía de ingresos.

Con la reforma de la norma, el Departamento que dirige Idoia Mendia ahora incorpora una carta de derechos digitales en la que en todo momento se habla de que el uso de los sistemas biométricos como la huella dactilar son solo una opción. El uso de estos sistemas «será siempre alternativo, cuando no sea posible la identificación a través del documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, número de identidad de extranjero, tarjeta de identidad de extranjero 'o documento identificativo equivalente, y habrá de justificarse en la necesidad de identificación unívoca y fehaciente de las personas, en la eliminación de limitaciones o exclusiones de sus derechos vinculadas a dificultades en aquella identificación, así como en la mejora de la gestión de las prestaciones y servicios de Lanbide», se lee en el proyecto de ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión. «En su tratamiento –precisa–, que será el estrictamente necesario para la gestión de las prestaciones y servicios, se aplicarán las medidas de seguridad y garantías adecuadas de acuerdo con el principio de responsabilidad proactiva y con lo dispuesto en la normativa de protección de datos».

De este modo, el Gobierno Vasco rectifica y reformula el proyecto piloto que en 2015 inició el exalcalde de Vitoria y exparlamentario vasco del PP, Javier Maroto, tras acusar a los inmigrantes magrebíes de querer vivir de la RGI sin trabajar. Presentó una proposición no de ley en el Parlamento Vasco, que todos los grupos rechazaron.

Sin embargo, en 2018 la actual consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y entonces consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, retomó esta iniciativa con el proyecto piloto para implantar la huella digital entre trabajadores y s de Lanbide, sobre todo entre los perceptores de la RGI. El 27 de diciembre de 2017 se inició, mediante una orden de la consejera, el procedimiento de elaboración de la ley para establecer los sistemas biométricos.

La idea inicial era que la huella digital fuera obligatoria para todas las personas en paro y los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, pero el nuevo proyecto de ley, aprobado el martes de la semana pasada en Consejo de Gobierno, descarta este requisito y se permitirá el uso de cualquier otra identificación «física», como el documento nacional de identidad, el pasaporte o los certificados electrónicos.

Según fuentes departamento de Trabajo y Empleo, este no es solo un mecanismo de control, sino que también busca facilitar y agilitar los trámites burocráticos. El resto de s –la mayoría– podrán elegir si quieren o no hacer uso de la huella dactilar u otro tipo de sistemas biométricos como son la identificación facial o el escáner del iris y la retina, entre otros.