Pedro Sánchez descarta abrir el melón del modelo confederal en su oferta de diálogo territorial

El terreno de juego para el diálogo con Cataluña y Euskadi es el previsible. Todo dentro del marco constitucional. Nada fuera de la legalidad. El Estado autonómico todavía puede dar mucho juego, más allá de que necesite mecanismos de perfeccionamiento, que clarifique determinadas competencias y blinde los autogobiernos de las tentaciones centralistas. El horizonte es profundizar el Estado autonómico pero en una perspectiva de lealtad común y recíproca. El modelo federal.

La experiencia de la gestión de la pandemia contribuye a esa apuesta. Los socialistas quieren poner en valor la 'cogobernanza' entre diferentes instituciones aunque reconocen que hace falta «engrasar mejor» esa cooperación. Tanto la conferencia de presidentes autonómicos como los foros multilaterales -se pone como ejemplo la Comisión Interterritorial de Salud- se convierten en piezas claves de esa arquitectura.

Esa va a ser la oferta del presidente, que congela cualquier audacia territorial plurinacional a otra coyuntura histórica. El relato se circunscribe a la llamada Declaración de Granada, que fue forjada en su día por Alfredo Pérez Rubalcaba y que suponía una síntesis interna entre las diferentes sensibilidades territoriales del socialismo español, en donde lo más difícil ha sido siempre engarzar las posiciones catalanistas del PSC con las tesis más jacobinas de laspoderosas federaciones socialistas del sur.

Hubo un tiempo en el que el PSC coqueteó con el derecho a decidir. Aquella discusión le generó al PSC la escisión de su sector más catalanista. El propio Miquel Iceta lanzó una atrevida reflexión sobre la vía canadiense pero una parte mayoritaria de su partido entendió que era una propuesta inoportuna, que no tenía sentido dirigir en un momento en el que el independentismo se lanzaba a una estrategia de desconexión con España. El PSC convenció a Iceta que guardara en un cajón su propuesta. Entre otras cosas porque suponía una forma de descubrir las cartas ante los rivales con los que habrá que sentarse algún día a negociar.

La propuesta de Iceta tenía que ver con la Ley de la Claridad aplicada en el Quebec ante una decisión final de la Corte Suprema de Canadá, que negó el derecho unilateral de secesión, pero sí establecía que, si se daba una mayoría amplia, en torno a una pregunta clara, existía el derecho a negociar entre la parte federal y el territorio afectado. Iceta dejaba claro que primero había que ensayar en Cataluña la vía de una reforma constitucional.

A partir de la constatación de que el derecho de autodeterminación está excluido de la Constitución, la fórmula alternativa más viable vuelve a ser la de un nuevo Estatut, aunque parece que el independentismo es bastante reacio a este escenario tras la experiencia traumática de la última reforma. En todo caso, la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad contra las reformas estatutarias evitaría repetir la sucesión de despropósitos que se produjo hace una década cuando después de su 'cepillado' por el Congreso y su aprobación en referéndum, el texto fue recortado por el fallo del Tribunal Constitucional.

La incorporación de nueva Disposición Adicional de la Constitución para reconocer y actualizar los derechos históricos de Cataluña -la tesis tradicional defendida siempre por Miguel Herrero de Miñón y Ernest LLuch- podría ser una baza a largo plazo pero tropieza con la negativa del PP, necesario para que cristalice la operación. La batalla se librará en una próxima legislatura. Como principio sí empieza a itirse en el PSOE que un eventual acuerdo político debería ser refrendado en las urnas por la ciudadanía de Cataluña. No se trataría de un referéndum de autodeterminación sino de una consulta no vinculante que la Constitución permite en su artículo 90.2, aunque lo hace extensivo a todo el Estado.

A su vez, la estrategia vasca de Sánchez pasa por culminar el Estatuto y actualizar el autogobierno sin entrar en un escenario confederal que podría agravar agravios y recelos de otras comunidades. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ha reclamado el reconocimiento nacional de Euskadi, un nuevo sistema de garantías y la bilateralidad en un nuevo pacto. El PSOE cree que la bilateralidad del Concierto debe ser compatible con la multilateralidad del modelo. El meollo de la discusión radica en esta cuestión.

Los socialistas vascos se muestran dispuestos a debatir la actualización del Estatuto. Lo hacen con un premeditado intento de marcar territorio frente a la narrativa nacionalista con una reforma de perfil bajo que debería servir para clarificar competencias y adecuarse a la realidad europea, no para echar combustible al turbo ideológico del derecho a decidir.