El PP afronta su rearme ideológico tras ocho años sin un congreso ordinario

Es el elefante en la habitación. En las filas conservadores hay partidarios de cortar los vínculos con la formación de Santiago Abascal y otras voces que defienden dejar las puertas abiertas en previsión de futuros escenarios políticos. Un debate que conecta además con el congreso del Partido Popular Europeo celebrado en Valencia hace apenas unas semanas, donde se marcaron distancias con la extrema derecha.

Feijóo nunca ha cerrado la puerta a gobernar con Vox, aunque sí ha manifestado su voluntad de hacerlo en solitario. Pero los de Abascal, a pesar de que su cercanía a Donald Trump les empieza a pasar factura, siguen teniendo un suelo resistente y, a día de hoy, el jefe de filas de los populares sigue necesitando de su apoyo para llegar a La Moncloa. El PP tiene que definir si está dispuesto o no a abrirles la puertas del Consejo de Ministros. «A esos, ni agua», apuntan desde una baronía con mando en plaza. La discusión está servida.

Hasta ahora, la posición de Feijóo choca con la del ala más conservadora del PP. En febrero de 2023, Feijóo trató de zanjar el debate abierto después de que su respaldo a la ley de plazos soliviantase al sector más católico del partido, que no esperaba un apoyo tan «tajante» y «contundente» a una norma que los populares recurrieron ante el Constitucional en 2010.

El líder gallego aseguró entonces que la interrupción voluntaria del embarazo «no es un derecho fundamental» porque como tal no está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero sí es «exclusivamente el derecho que tiene una mujer, de acuerdo con la ley de su país». Una posición que choca con la ponencia ideológica vigente, que no considera el aborto un derecho, sino «un fracaso de la sociedad».

En estos tres años como presidente del PP, Feijóo ha modulado el tono sobre la eutanasia y ya no habla de derogar la ley. Durante la campaña del 23-J, se comprometió a realizar «ajustes» en la norma vigente si llega a La Moncloa. La misma a la que los populares se opusieron en el Congreso e incluso llevaron ante el Constitucional por vulnerar el del derecho a la vida y a la dignidad. Una cuestión sobre la que los populares deberán definirse.

El PP de Mariano Rajoy pasó de puntillas sobre los vientres de alquiler en el congreso de 2017 ante la división que generaba en sus filas. Habrá que ver si sucede ahora lo mismo. Feijóo se ha mostrado dispuesto a abrir un debate «sosegado y serio» para regular la gestación subrogada siempre que «no medie en ningún caso una contraprestación económica». Una discusión que estará sobre la mesa en el cónclave de julio en Madrid.

Feijóo ha manifestado abiertamente su deseo de modificar el sistema de primarias del PP, «un nudo gordiano» para lo que se necesita una reforma de los estatutos internos. El expresidente de la Xunta quiere volver al modelo de votación por delegados y dejar atrás el sistema de dos vueltas, en el que primero votan los afiliados y luego los compromisarios, como ocurrió en 2018 entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado.

Un cambio de reglas que divide al partido y que no es baladí porque estará vigente en el siguiente cónclave, en el que podría librarse la batalla sucesoria si el hoy jefe de la oposición no logra cumplir su objetivo de alcanzar el Gobierno. El PP de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, se opone a cambiar el sistema.

La «elevada sensibilidad territorial» de Feijóo choca con sectores del PP, incluido su máximo dirigente en Cataluña, Alejandro Fernández. Tras el 23-J, el líder de los populares habló del conflicto catalán como un «problema territorial» y se abrió a buscar un «encaje» para Cataluña a través de un «pacto de Estado». Tardaron pocas horas en hacerle rectificar el aparato del PP y algunos barones, que negaron existiera un problema político de encaje de Cataluña, «ya perfectamente definido –dijeron– en la Constitución».

Es una de las banderas de Vox, pero Feijóo está dispuesto a arrebatársela y ya ha plantado batalla al Gobierno cerrando la puerta a pactar la reforma de la ley de extranjería y oponiéndose al acuerdo que el PSOE cerró con Junts para futuros repartos de menores inmigrantes. El líder gallego, que defiende los «buenos resultados» de la política de Italia, defiende una inmigración «ordenada» y vinculada al empleo para evitar el «efecto llamada» y endurecer el control migratorio.