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El Partido Socialista de Euskadi considera que los reproches al Gobierno de Pedro Sánchez por parte de los partidos nacionalistas vascos en la celebración del ... pasado Aberri Eguna este último domingo forman parte de un escenario de rivalidad interna en el seno del abertzalismo en busca de la hegemonía electoral y política. Si bien el PSE acostumbra a no valorar las celebraciones del nacionalismo vasco, ayer sí ofrecieron una visión crítica.
En fuentes del PSE, este endurecimiento dialéctico, sobre todo por parte del PNV, obedece a ese pulso interno con EH Bildu. «Preferimos pensar que tenemos acuerdos de gobierno y programas de gobierno en el Gobierno Vasco y en las diputaciones forales que para nada están en esas claves», aseguró ayer un portavoz del PSE. «Lo hemos dicho siempre, lo ha dicho siempre Eneko Andueza, si creen que Euskadi va a ir mejor juntándose los nacionalistas, tienen esa vía abierta, pero es el mismo camino que abrió la comunión nacionalista en Cataluña».
Desde el PSE se lleva a cabo una mirada diferente a la cuestión del autogobierno. «Seguir planteando el asunto competencial en términos de tira y afloja, nos parece poco realista. Tenemos un nivel de autogobierno que ya quisieran otras regiones, comunidades o landers europeos», indicó la misma fuente.
El PNV, en especial, elevó el domingo el tono de su mensaje de presión hacia el Gobierno central. No se trata solo de mantener la llama identitaria frente al Estado español sino también de competir con EH Bildu, con la que los jeltzales rivalizan por una franja del electorado más soberanista.
El lehendakari Imanol Pradales, de hecho, esgrimió un inusual estilo mitinero de arenga para criticar a Pedro Sánchez que el calendario de traspaso de transferencias pendientes del Estatuto de Gernika «va demasiado lento» y para recordar que la culminación estatutaria «es un pacto que hay que cumplir». Pradales también exigió un marco bilateral que regule un sistema de garantías que evite la erosión de las competencias y que ponga coto a la inercia «neocentralista y jacobina» del Estado.
Los socialistas, no obstante, relativizan estos avisos para navegantes del mundo nacionalista, que ubican más en una escenografía recurrente de su competencia interna, que, en su opinión, no refleja las prioridades reales que siente la sociedad vasca.
Desde el Partido Socialista, además, se concede cierto significado a que, en esta ocasión, la demanda de un nuevo estatus de autogobierno para Euskadi haya quedado en un segundo plano, sobre todo desde el PNV, que ha preferido insistir en la exigencia de culminación estatutaria que agitar la bandera del nuevo pacto sobre las demandas de la identidad nacional vasca y el derecho a decidir.
Desde EH Bildu, además, se lanzaron mensajes que conectan con la búsqueda de un nuevo consenso transversal que implique al PSE y cierre el círculo abierto al inicio de la Transición con las discrepancias abiertas en el seno del nacionalismo vasco y la decantación de la izquierda abertzale por la vía de la ruptura.
El Gobierno de Sánchez, de hecho, interpreta que el papel de los nacionalistas vascos es la mayor garantía de la estabilidad de la legislatura hasta 2027, entre otros factores porque la renovación del autogobierno de Euskadi depende de la continuidad en el Gobierno del actual presidente y pasa por impedir a toda costa un adelanto electoral que facilite la vuelta del PP al poder, sobre todo, si se produce con el concurso directo o indirecto de Vox.
El contrapunto a la estrategia posibilista del nacionalismo vasco, pese a los avisos a navegantes del Aberri Eguna, sigue siendo Junts, cuyo presidente, Carles Puigdemont, ha vuelto a criticar en los últimos días la falta de compromiso del presidente Pedro Sánchez con el autogobierno de Cataluña y las renuncias nacionales que, a su juicio, implica la llegada del PSC al Govern de la Generalitat.
La última excusa formal ha sido la colocación de la bandera española, por una orden judicial, junto a la senyera de Cataluña en el Palau de la Generalitat. Puigdemont ha censurado duramente esta decisión y la ha atribuido a la falta de firmeza del president socialista, Salvador Illa, quien ha acatado la decisión judicial. En opinión de Puigdemont, esta medida simbólica representa una serie de renuncias que supone la presencia socialista al frente de la Generalitat y que envuelve en un discurso ficticio sobre la supuesta 'normalización'.
Pero el trasfondo va más allá de una cuestión simbólica. Está en juego la transferencia de la gestión sobre inmigración y la exigencia de reconocimiento de la realidad nacional de Cataluña. Y está pendiente aún el reconocimiento de la lengua catalana en las instituciones europeas. En mayo, Junts evaluará el grado de cumplimiento de Sánchez de sus compromisos con sus aliados independentistas. Volverá a planear el amago de un final anticipado de la legislatura. Entre tanto, desde Junts se empieza a cuestionar la mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
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