Las 1.700 viviendas de los cuarteles de Loiola serán protegidas y «para los donostiarras»

«Más allá de los porcentajes legales de vivienda social, plantearemos que el resto de la edificabilidad del ámbito sea vivienda tasada municipal de régimen general, hasta el 100%. Esta es una modalidad de vivienda asequible y destinada a la clase media. Su precio será el estrictamente necesario para cubrir los costos de compra del suelo, urbanización, promoción y construcción de las edificaciones. Marcaremos los precios de esas viviendas tasadas en base a los estudios de ejecución de las obras. Y serán viviendas íntegramente destinadas a donostiarras, a la clase media, que es la gran olvidada en todo esto. Y estarán protegidas de manera permanente para evitar la especulación. De esta manera, las 1.700 viviendas serán para los donostiarras», ha asegurado la delegada jeltzale.

De esta forma, el desarrollo urbanístico previsto en los cuarteles de Loiola constará únicamente de VPO y tasadas, sin espacio para la vivienda de venta libre. Los porcentajes exactos de cada tipología todavía no están definidos y aún falta por firmar el contrato de compraventa de los terrenos, pero la transformación de este ámbito en un nuevo barrio está más cerca de convertirse en realidad.

La vivienda tasada municipal es una modalidad de vivienda de protección pública prevista en la ley 3/2015 de vivienda del País Vasco y está sometida a limitaciones, en cuanto a condiciones de , uso y transmisibilidad. Así, para acceder a estas viviendas se exigen unos requisitos de ingresos determinados y, sobre todo, una vinculación con la ciudad a través de unos plazos mínimos de empadronamiento o de trabajo efectivo en la ciudad durante un mínimo de años.

Asimismo, la transmisión de estas viviendas solo puede hacerse a personas apuntadas en la lista que cumplan los requisitos, de modo que se evita la especulación al estar protegidas de manera permanente, destinándose a residencia habitual y asegurando, así, que siempre están ocupadas. A este respecto, la concejala de Vivienda y Planificación Urbanística, Nekane Arzallus, ha señalado que «de esta manera, las más 1.700 viviendas previstas en Cuarteles de Loiola serán para las y los donostiarras».

Arzallus ha elegido el Pleno monográfico sobre vivienda para realizar este anuncio, que ha opacado el resto del debate. EH Bildu ha logrado sacar adelante nueve de las veintiuna propuestas incluidas en la moción que defendía en la sesión extraordinaria. En concreto, ha recibido apoyos suficientes para instar al gobierno municipal a «evitar la artificialización de más suelo» en las nuevas operaciones urbanísticas, haciendo un «especial esfuerzo» por aprovechar lugares degradados; buscar el «consenso» vecinal en las zonas de nuevos desarrollos; establecer como objetivo la construcción de más viviendas protegidas que libres, sin poner «en peligro» la viabilidad económica de los proyectos pero «evitando la especulación» de promotores y empresas constructoras; promover el «traslado de actividades» económicas existentes en plantas primeras y superiores a plantas bajas con el fin de que los espacios liberados retornen al uso residencial; aprovechar y «canalizar» la posibilidad de implantar un canon a las viviendas vacías que contempla la ley vasca; reforzar el programa Alokabide o similares estableciendo medios «necesarios» y analizando posibles beneficios fiscales; aplicar la «fórmula de la calificación» para que parte de los nuevos levantes y segregaciones sean protegidas; «priorizar» los presupuestos para la ejecución de todas estas medidas; «promover» la colaboración con otras istraciones para la consecución de estos objetivos y comprometerse a ofrecer «el mayor número posible» de viviendas públicas en alquiler, así como a acordar un calendario de ejecución.

El PNV ha votado en contra de todas estas medidas, algo que ha aprovechado EH Bildu para traspasarle el cartel del 'club del no'. El portavoz abertzale, Juan Karlos Izagirre, ha lanzado además guiños al PSE, al que daba las gracias por posicionarse a favor de siete de las nueve propuestas aprobadas por la corporación municipal y abstenerse en las otras dos. «Vuestro problema es que estáis en coalición con un partido que votó en contra de las leyes de vivienda en 2015 y 2023 y no coincidís en este asunto. De hecho, en algunas cosas coincidís más con nosotros. Es obvio que estas diferencias existen, como también es obvio quién se somete a quién», le ha dicho el exalcalde a la socialista Ane Oyarbide, toda una declaración que acompañaba con una invitación a «sumarse a la mayoría progresista», junto a Elkarrekin Podemos y la propia EH Bildu, «para dar salida a la crisis habitacional apostando por el interés general, más allá del acuerdo que mantenga con el PNV».

En las filas jeltzales no ha gustado que sus socios en el gobierno municipal se desmarcaran de la posición conjunta y votasen sí a algunos puntos de la moción de EH Bildu, único asunto del orden del día. Este desencuentro se añade a la polémica surgida esta semana entre PNV y PSE a cuenta de la política migratoria y que tanto Imanol Pradales como Eneko Andueza zanjaron ayer mismo en el Parlamento Vasco rebajándola a la categoría de «ruidito» o «catarro».

Tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos han valorado de forma positiva el anuncio realizado por Arzallus. «Haremos un seguimiento estricto del compromiso adquirido por el gobierno municipal. Creemos que es posible construir un 100% de vivienda protegida en Loiola y vigilaremos para que así sea», ha afirmado Juan Karlos Izagirre.

Elkarrekin Podemos, por su parte, considera la decisión de Urbanismo una «victoria política». «Este giro del gobierno municipal llega tras meses de presión por parte de nuestra formación, que había reclamado que al menos el 80% de las viviendas de los cuarteles fueran públicas, frente a la propuesta inicial del equipo de gobierno, que se limitaba al 40% marcado como mínimo legal por la normativa vasca», ha señalado el portavoz Víctor Lasa, quien ha advertido de que «era imprescindible que el gobierno municipal rectificara y asumiera por fin que los suelos públicos deben servir al interés general, no al negocio privado».

El portavoz del PP, Borja Corominas, considera por contra que «la única manera de conseguir un proyecto viable con un 100% de VPO es renunciar a rentabilizar esa inversión. ¿Vamos a asumir todos los donostiarras esa deuda como propia? Es un brindis al sol y una medida populista e inconcreta».

Por último, la socialista Ane Oyarbide ha calificado el anuncio de «muy buena noticia para San Sebastián». «Nosotros hemos apostado desde un primer momento por crear en la ciudad un parque de vivienda pública protegida como la mejor herramienta para dar una solución a los cerca de 9.000 solicitantes de vivienda que existen», ha dicho tras finalizar el Pleno, al tiempo que ha asegurado que «con este nuevo desarrollo levantaremos hogares a precios asequibles. Y todo ello se sumará al resto de operaciones urbanísticas que queremos acometer de la mano del Gobierno Vasco en zonas como Auditz Akular o la playa de vías de Easo».